Migración LGBTQIA+ en Chile: la ausencia de una mirada interseccional en las políticas públicas

La migración LGBT ha estado presente en Chile y el mundo a lo largo de los años. Aun así, con un crecimiento exponencial de la migración en el país, la legislación chilena aún no es capaz de reconocer explícitamente a la población migrante que es parte de las disidencias sexuales y de género.

En la última década, la población migrante que reside en Chile comenzó a crecer de forma exponencial. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2017 alrededor de 746 mil personas migrantes vivían en el territorio nacional. Sin embargo, de acuerdo con la misma institución, hasta finales de 2020 esa cifra aumentó a 1 millón 400 mil personas aproximadamente.

Aun así, no se cuentan con datos específicos de cuantas personas migrantes son parte de la comunidad LGBTIAQ+. A inicios de 2021 el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) lanzó la primera encuesta nacional sobre Realidad de Migrantes LGBTQ+ en Chile, aplicado a 221 personas. De acuerdo al estudio, el 73,8% de los encuestados afirmó que ha sufrido xenofobia, y el 48,8% aseguró que ha sido discriminado por su orientación sexual o identidad de género en Chile.

Para la académica de la Facultad de Ciencias Sociales (Facso) de la Universidad de Chile, Caterine Galaz, ser migrante y disidente implica que «sus vidas son afectadas por distintas matrices de desigualdad (…) Todos los cuerpos disidentes son afectados, pero de forma mucho mayor aquellos que son vistos fuera del sistema, que en este caso tiene que ver con la migración”.

Además, la gran mayoría de los encuestados vivió discriminación LGBTfóbica en su país de origen, lo cual conlleva al sexilio. Este término se refiere al “fenómeno por el cual las personas con identidades sexuales distintas a la heterosexual se ven obligadas a desplazarse desde sus barrios, comunidad, o país”, como lo define el Manual para solicitantes de refugio y migrantes LGBTIQ+.

Refugio disidente

Dentro de los extranjeros que viven en Chile, se pueden establecer las categorías de migrante y refugiado. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), migrante es “alguien que ha residido en un país extranjero durante más de un año independientemente de las causas de su traslado, voluntario o involuntario, o de los medios utilizados”.

En el caso de los refugiados, el organismo los clasifica “personas que se encuentran fuera de su país de origen por temor a la persecución, al conflicto, la violencia generalizada, u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y, en consecuencia, requieren protección internacional”.

El presidente de la Red Nacional de Migrantes y Refugiades LGBT+, Pablo Pilquil, estableció algunas diferencias fundamentales entre ambos conceptos. Según él “los migrantes salen por iniciativa propia (…) por ende se planifica la salida, la persona ahorra por lo general y busca como sostenerse».

En cambio, los refugiados «se ven obligados a irse por persecución política, por orientación sexual o identidad de género, por pertenecer a determinado grupo social, entre otros. Entonces se van con lo puesto, literalmente. Muchas veces no reúnen documentos y no siempre saben a qué país irán”.

No reconocimiento a la diversidad

La Ley de Refugio contempla a personas que sean perseguidas por distintos motivos, pero no contempla explícitamente la persecución por orientación sexual o identidad de género. Esto, considerando que hay más de 70 países que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Y que de ellos, 5 que las penalizan con pena de muerte. Tal como indica el Manual para solicitantes de refugio y migrantes LGBTIQ+.

Por otra parte, las solicitudes de refugio aceptadas en Chile son mínimas. Según datos del Servicio Jesuita a Migrantes, obtenidos a través de Ley de Transparencia, solo se dio asilo a un poco más seiscientas personas en la última década, siendo que se presentaron más de 19 mil solicitudes de refugio. En el primer semestre de 2021, solo se aprobaron siete solicitudes.

Según Caterine Galaz, la baja de refugios se debe a que “no se dan análisis de los casos. Existe una respuesta estandarizada a los procesos, es decir, a todo el mundo se le va a rechazar. No hay un estudio de los casos”.

Avanzar en reconocimiento legal

La Ley de Refugio y la Ley de Migraciones no contemplan a la población disidente. Algunas leyes relacionadas a las personas LGBTQ+ tampoco contemplan a la población extranjera. Por ejemplo la Ley de Identidad de Género, que permite el cambio de nombre y sexo registral, solicita documentos como el certificado de nacimiento. Aunque, según el Manual para solicitantes de refugio y migrantes LGBTIQ+, «muchas personas que huyen de sus países no pueden traer consigo su partida de nacimiento».

También, los documentos de identificación chilenos solo contemplan las categorías «masculino» y «femenino», excluyendo a las diversas identidades que se escapan de los binarismos de género. Si bien el Derecho a la Identidad está incluido en el borrador de nueva constitución, su implementación aún no es certera.

Para Pablo Pilquil, hace falta que la legislación chilena reconozca a las diversidades en distintos ámbitos y de una forma que se aleje de los binarismos de género y la heteronorma. Además, afirmó que es necesario tener una política nacional de migraciones, más allá de dejar la gestión de este tema al gobierno de turno.

“Creemos que es un avance el reconocimiento a la migración como un derecho y a las personas refugiadas, pero todavía no se hace la intersección entre migración y diversidad”, afirmó. Al respecto, Caterine Galaz mencionó que «Aquí toda la pega la están haciendo las organizaciones civiles. Ellas hacen la orientación legal y laboral, que debiera estar en el Estado. Falta mucho por hacer».

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