Manipulación mediática y fake news: otro silenciamiento al pueblo mapuche

Las estrategias de desinformación para criminalizar al pueblo mapuche durante las últimas décadas han sido numerosas. Una de ellas fue la Operación Huracán, que en 2017 dejó al descubierto el dudoso actuar de Carabineros a la hora de investigar a comuneros. A ello se ha sumado el actuar de autoridades, líderes de opinión o cuentas “bots” en redes sociales que difunden el flujo de noticias falsas de manera premeditada.

Luego de la llamada Operación Huracán en 2017, se ha destapado la verdad de diferentes casos donde se denuncia y criminaliza a integrantes de pueblos originarios con actos vandálicos. Esto, sin las debidas pruebas y sin respetar tratados internacionales.

Casos como este han facilitado la persecución y el encarcelamiento de distintos comuneros y activistas mapuche. La mayoría de las veces, sin el mínimo respeto por tratados como el Convenio 169 de la OIT, donde se establece que “cuando se impongan sanciones penales por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales”.

Para el integrante de Mapuexpress, Patricio Melillanca, el principal efecto de los flujos de desinformación es la construcción de un discurso hegemónico por parte de un grupo social, que en contra de otro, “construye la pauta discursiva, el tipo de palabras a usar, los significados y por supuesto las órdenes: qué reportear y cómo reportear. Construido el discurso, lo que continúa es una cadena de réplicas de este discurso donde están políticos, autoridades regionales, etc”.

Casos en Wallmapu

Durante los primeros días de agosto mientras se produjo una escalada de violencia policial y de grupos paramilitares en contra del pueblo mapuche en Curacautín, en redes sociales se podían encontrar mensajes de odio, discriminación y acusaciones hacia el grupo indígena.

Mientras eso sucedía en la Araucanía, en la red social Twitter el diputado de Renovación Nacional, Cristóbal Urruticoechea, denunció a través de una publicación que un grupo de carabineros encontró una trampa vietnamita en la casa de uno de los integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco, resultando heridos funcionarios policiales.

Sin embargo, en la foto adjuntada en la publicación se podía distinguir la marca de agua de la agencia fotográfica Alamy. El diputado borró el posteo e intentó aclarar la polémica, sin dejar de insistir en la criminalización “sólo quise visibilizar el mensaje que recibí por interno, cuyo relato es creíble dadas la circunstancias de la zona. Pediré a autoridades que aclaren hechos que serían reales, no así la imagen”, refutó con otro tweet en su cuenta.

Producto de todas las situaciones que han ocurrido en la Araucanía, un equipo de la Oficina Regional de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos viajó para recopilar antecedentes sobre la situación en la zona y continuar su seguimiento a las huelgas de hambre que mantienen varios comuneros mapuche privados de la libertad.

Los mapuches han sufrido asimismo expresiones de odio, discriminación racial y violencia por parte de civiles y autoridades.

Desinformación y aprovechamiento político

Las estrategias de desinformación que utilizan grupos racista para posicionarse dentro de la esfera pública en el último tiempo son variadas. Ejemplo de ello son las amenazas emitidas a través de un comunicado emitido por la Multigremial Nacional, donde afirman que las 165 organizaciones que la componen presentan su “rechazo a la violencia que azota las zonas rurales del sur del país”.

Allí se declaran en libertad de tomar otro tipo de acciones de manifestación con el objetivo de exigir a los poderes del Estado solucionar el problema.

El Colegio de Arquitectos, que es una de las supuestas organizaciones firmantes y pertenecientes a la Multigremial, negó su participación a través de una publicación en su cuenta de Twitter argumentando el rechazo a la “asociación maliciosa que se hace de la imagen y del nombre del Colegio de Arquitectos de Chile con esta asociación gremial, de vernos involucrados en una declaración amenazante y violenta”, expresaron.

Otro caso que ha causado revuelo en redes sociales tiene que ver con la evidencia mostrada por diversos canales de televisión el día de las protestas en la región de la Araucanía. El video hacía referencia a los incidentes ocurridos en la municipalidad de Ercilla y Traiguén mientras mostraban bombas molotov en tazas y botellas de plástico, lo que causó indignación en la localidad, que suponía un nuevo montaje en las evidencias, que se difunde sin cuestionamientos.

De la mano con los flujos de desinformación, partidos políticos han aprovechado el clima de opinión pública para posicionarse dentro de comunas y regiones en conflicto. Tal es el caso del Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast, que en medio de las manifestaciones en la novena región, utilizó discursos populistas para acercarse a cierta parte de la población.

Discurso hegemónico

Sobre el rol que mantienen las plataformas donde proliferan las estrategias de desinformación y criminalización, la periodista, académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y directora de la Fundación Datos Protegidos, Patricia Peña profundizó: “Se hace un esfuerzo por eliminar estas cuentas que incitan al odio, a la violencia, criminalizan a pueblos originarios. Incluso uno va a sus normas comunitarias y estarían completamente restringidas, sin embargo, siguen ocurriendo”.

Mientras que el periodista de Mapuexpress, Patricio Melillanca, indicó que «los grandes medios de comunicación tradicionales son liderados por empresarios que rechazan la lucha del pueblo Mapuche  y están en manos de empresarios que niegan y rechazan las demandas mapuche, la situación no es fácil, borrar el discurso hegemónico planteado desde los sectores de poder”, reconoce.

Sobre ese punto, Patricia Peña enfatizó en los problemas del periodismo nacional actual sobre la forma de cobertura y perspectiva con la que se informa a la ciudadanía en los ámbitos de interés público.

“La deuda pendiente del periodismo chileno de tener una perspectiva un poco más amplia, poner el lente en los distintos ámbitos de lo que está pasando, ver como las vocerías mapuche, desde la misma Araucanía se están abriendo camino para mostrar la otra parte de la realidad”, reconoce la directora de Fundación Datos Protegidos.

Actualmente la legislación chilena tiene una deuda, ya que cuando los discursos de autoridades o posiciones partidistas incitan violencia u odio hacia otra comunidad o grupo, solo por razones de origen étnico, no se encuentra penalizado y solo responden a amonestaciones en comisiones de ética, lo que va en contra de cualquier evaluación de los derechos humanos. Un desafío a la libertad de expresión que se enarbola como defensa para sembrar trozos de mentira que lamentablemente, se venden como verdades a la opinión pública.