Lorena Pizarro: Este es un nuevo intento de avanzar en la impunidad

La vocera de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y el presidente de la CCHDH, Carlos Margotta se refirieron a la inclusión de reos por crímenes de lesa humanidad al proyecto de «Ley humanitaria», presentado por el gobierno. Para ambos, se está relativizando respecto de estos crímenes y el Estado no está cumpliendo sus obligaciones. 

Recientemente la discusión en torno a los derechos humanos se ha centrado en el Proyecto de Ley Humanitaria, que pretende otorgar indultos conmutativos a reos con  penas privativas de libertad que sean parte de la tercera edad, por prisión domiciliaria. El objetivo, ha señalado el gobierno, es resguardar la vida humana en estos lugares de hacinamiento ante el avance de la pandemia por Covid-19.

El rechazo de las agrupaciones de Derechos Humanos llegó cuando parlamentarios del oficialismo exigieron que este beneficio se  otorgue a criminales de lesa humanidad que se encuentran en el penal Punta Peuco. La iniciativa fue avalada por el presidente Piñera en la entrevista con Arcatel, al declarar que todos tienen  «derecho a una muerte con dignidad».

Para las organizaciones de víctimas y familiares de violaciones a los derechos humanos la medida, que emana desde el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, fortalece una vez más la idea del negacionismo.

En ese sentido, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, indicó que «estamos ante un nuevo intento del gobierno de extrema derecha de Sebastián Piñera, de avanzar en la profundización de la impunidad de los genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad», enfatizó.

«Nos parece inaceptable que una vez más el gobierno y la derecha política de este país, intente relativizar lo que significa ser condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad, no son delitos menores. Los genocidas en su mayoría tienen condenas bajísimas porque eso es parte de la impunidad establecida por los tribunales de justicia y por los poderes del Estado desde el año 90″, agregó.
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El proyecto fue votado en contra por el sector del oficialismo, quienes indicaron que era «discriminatorio y arbitrario» no aplicar la norma a aquellos condenados por genocidio. Sin embargo, para Lorena Pizarro, la negativa en estos casos es clara, ya que «los violadores de derechos humanos concentran todos los delitos y más, porque se ampararon en el Estado para cometerlos».

Por su parte, para el presidente Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), Carlos Margotta, el Estado de Chile tiene que responder a las obligaciones que ha contraído en esta materia, porque es deber » acatar los pactos, convenciones e instrumentos internacionales sobre DD.HH que ha suscrito y ratificado.

Asimismo, Margotta explicó que el Estatuto de Roma, promulgado el 2009 y a cual Chile está suscrito, establece que si bien los condenados por crímenes contra la humanidad tienen derecho a reducir sus penas, esto se da en la medida que cumplan con determinados requisitos, que están especificados en la norma, específicamente art.110.

Es decir, señala Margota, “tienen que cumplir una cantidad de años efectivos (2/3 partes de la pena ó 25 años en caso de cadena perpetua), pero el más importante requisito es que tienen que haber colaborado en la investigación desde un principio. Pero además se exige el requisito de la ligación de una pena proporcional a la gravedad del delito. Ninguno de estos requisitos se ha dado, y en consecuencia lo que tenemos es que este proyecto es incompatible con la normativa vigente que es obligatoria», expresó.

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Incongruencias

Los dichos de Sebastián Piñera en la entrevista de Arcatel, fueron avalados por el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quién indicó en su cuenta de twitter estar «Totalmente de acuerdo. Lo contrario podría constituir un trato cruel e inhumano (…) los beneficios deberían aplicarse a todos los reos y contar con control judicial».

Al respecto, para Lorena Pizarro «cuando Vivanco señala esta brutalidad, lo hace en la misma medida que cuando estaba relativizando la violación a los derechos humanos en Chile después del 18 de octubre. José Miguel Vivanco representa el descrédito, uno cuando tiene posiciones sobre derechos humanos no las relativiza. Es brutal pensar que un violador de derechos humanos salga en libertad. Es seguir viviendo la tragedia una y otra vez».

En tanto que Carlos Margotta señaló que «todas las iniciativas que tienen por finalidad liberar a los criminales de lesa humanidad en Chile, constituyen un acto de negacionismo, y un intento por relativizar la violación a los derechos humanos cometidos durante la dictadura (…) una situación como la que estamos viendo hoy en Chile sería impensable en una sociedad civilizada, en donde la convivencia democrática fuera precisamente el respeto irrestricto de los derechos humanos y su garantía».

Totalmente de acuerdo. Lo contrario podría constituir un trato cruel e inhumano. Sin embargo, los beneficios deberían aplicarse a todos los reos y contar con control judicial para comprobar el estado de salud y la racionalidad de la medida a la luz de los derechos de las víctimas pic.twitter.com/ag9j9wNu7D

— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) April 5, 2020

Finalmente, se espera que este martes o miércoles se presente el «veto aditivo» para poder sacar adelante la iniciativa, y además pondrá máxima urgencia para presionar en la aprobación del proyecto de ley.