Lógica neoliberal del presupuesto público 2021 conlleva posibles despidos y menos programas sociales

Escrito por el julio 22, 2020

Hacienda propone reducir el Gasto Público para el 2021 mediante el Presupuesto Base Cero, pero las y los trabajadores alertan sobre las consecuencias de disminuir el Estado para enfrentar la pandemia y las demandas sociales.

"Piñera, Presidente de los empresarios y el costo lo pagan los trabajadores/as" y "La crisis sanitaria y social no la pagan los/as trabajadores/as. Si a la vida!“

Lienzo ANEF frente la Moneda:»Piñera, Presidente de los empresarios y el costo lo pagan los trabajadores/as» y «La crisis sanitaria y social no la pagan los/as trabajadores/as. Si a la vida!“

El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, junto a la Dirección de Presupuestos (DIPRES) anunció en mayo el Presupuesto Base Cero como una nueva metodología para distribuir el gasto público y hacerlo de manera más “eficiente, transparente y ciudadano”, según sus palabras.

Todo esto en un contexto de recesión económica y proyecciones poco auspiciosas para el próximo año. De todas maneras el gobierno, tras un acuerdo con la oposición, cuenta con un fondo extraordinario de 12 millones de dólares para ser usados durante los dos años siguientes.

La recepción de parte de las y los trabajadores del Estado no fue positiva pues indican que esta estrategia implica severos recortes que podrían generar despidos, eliminación de programas sociales y disminución de bienes y servicios.

Reducción segura

La Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) inició una campaña bajo el lema #NoAlPresupuestoAntiEstado. Su economista asesor, Manuel Gajardo, justamente señaló que la medida evidencia el “carácter ideológico de este gobierno, de mantener su dogma neoliberal que se basa en mantener principios de reducir el tamaño del Estado”.
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Asimismo, indicó que la base cero que considera esta medida no es tal porque las distintas carteras ministeriales no podrán considerar más allá del 90% del gasto realizado durante el presente año. Esto quiere decir que los recortes partirán de un 10%, pero en algunos organismos considerará hasta un 15 o 20%.

Gajardo también apunta que “esto tiene que ver con que este gobierno quiere pasar por caja los gastos que ha tenido producto de la pandemia, esto con cargo a recortar el presupuesto público (…) no pudo lograrlo con su programa, así que lo busca con este mecanismo”.
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Menos programas sociales, más despidos

Para el economista la reducción de personal es poco probable y lo más grave sería la eliminación de algunos programas sociales que van en directo beneficio de la población, entre ellos destaca la distribución de agua para poblados rurales o programas de salud mental en la región metropolitana.

Sin embargo, la presidenta de la Federación de Honorarios del Estado (UNTTHE) Natalia Corrales, indicó que cuando el Estado hace ajustes presupuestarios a los primeros que despiden son a las y los trabajadores a honorario porque son quienes ejecutan dichos programas.

Corrales alertó que la estrategia financiera debe asegurar seguridad laboral para empleados fiscales. “En el contexto actual no es apropiado inventar nuevas ideas en términos financieros que puedan repercutir en despido de trabajadores, porque además cuando nos despiden nosotros demandamos y ganamos. Eso también genera gasto para el Estado, así que sería poco estratégico realizar despidos masivos”, dijo la dirigenta.
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Lienzo UNTTHE

Lienzo UNTTHE: «Trabajo digno en el Estado. No + contratos precarios»

Si bien los programas que no tendrán financiamiento serán los calificados como deficientes, Natalia enfatizó en que “las y los trabajadores no pueden pagar el costo de la mala planificación de un Estado que históricamente ha desarrollado estos planes sociales a espaldas de la comunidad, sin considerar la opinión de expertos que efectivamente estén vinculados al territorio o al público objetivo, tanto en salud, educación, vivienda, en todas las áreas”.
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Costos de la crisis

El economista Gajardo recordó la negativa del gobierno de contener esta crisis económica a través de un impuesto directo a los empresarios o súper ricos, y en su lugar disminuir la capacidad estatal que es exigida cada vez más por distintos sectores de la sociedad.

Cabe señalar que está en curso la discusión de una reforma constitucional que permitiría el cobro de un impuesto transitorio de 2,5% al patrimonio de personas sobre los US$22millones con la finalidad de obtener mayores recursos para cubrir los gastos generados por la pandemia.

La moción presentada por parlamentarios y parlamentarias de oposición se discutirá este jueves 23 en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

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