En octubre, el presidente Gabriel Boric viajó al Vaticano para reunirse con el Papa León XIV. Este encuentro no estuvo exento de polémicas. Días antes de partir su visita, el Poder Ejecutivo modificó el nivel de urgencia del proyecto de eutanasia en Chile, cambiando su estado de “discusión inmediata” a “suma”, lo que detenía su debate en el Senado hasta finales de ese mes.

-Por Javiera Acevedo, Rosario Pérez y Bárbara Rodríguez

Estancado en el Senado

Hace más de diez años se presentó por primera vez en Chile el proyecto de ley que busca reconocer el derecho a solicitar asistencia médica para adelantar la muerte en caso de una enfermedad terminal e incurable. Mientras que, según la encuesta Criteria, el 72% de los chilenos están de acuerdo con una ley de eutanasia, el proyecto en el Congreso se mantiene estancado, sin lograr su aprobación.

Vlado Mirosevic, senador electo del Partido Liberal de Chile, explica para este reportaje que la Cámara Alta no ha respetado las indicaciones del Ejecutivo y que esta paralización se debe principalmente a la falta de “voluntad política (…) de poner en tabla el proyecto en la Sala”. Aunque la Comisión de Salud de la Cámara Baja ya despachó el proyecto en septiembre, la Sala del Senado no lo ha puesto en votación. En la misma línea, Joris Carvajal, asesor legal del Partido Demócratas, coincide que el Senado suele tender a ignorar las demandas del presidente. No obstante, para el desarrollo de esta investigación enfatiza que “el problema en respetar la urgencia significa obligar a que el Senado lo ponga en tabla para votación. Y si uno no tiene los acuerdos suficientes, significa que el proyecto se va a rechazar”. Lo anterior se explica por la composición de una sala que actualmente “es más de centro-derecha que de centro-izquierda”, agrega el asesor.

Modificaciones a la urgencia

En la Cuenta Pública de 2024, el mandatario anunció: “Pondré urgencia e impulsaremos el proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos que está actualmente en el Senado, porque aprobar esta ley es un acto de empatía, de responsabilidad y de respeto”. Diez días después de su discurso, el presidente cumplió su promesa y le puso “urgencia simple” a la iniciativa que estaba “congelada” en el Congreso desde octubre de 2022. Sin embargo, no ha habido avances significativos pese a que en septiembre del año pasado se le asignó “suma urgencia”, una condición que ha sido quitada y repuesta en múltiples ocasiones, sin que la Comisión de Salud del Senado haya siquiera iniciado la discusión al respecto. 

En enero de 2025, un análisis de CIPER reveló un patrón aún más preocupante. Desde junio de 2022, el Ejecutivo ha modificado la urgencia del proyecto de eutanasia 34 veces, alternando entre “discusión inmediata”, que contempla una semana de plazo, “suma urgencia”, con quince días de discusión y “urgencia simple”, con un mes de plazo.

Agenda sanitaria

Este constante vaivén no ha sido meramente administrativo. Según fuentes de la Comisión de Salud del Senado citadas por el medio, muchas de esas urgencias fueron retiradas o renovadas sin que existiera un impulso legislativo real. Parte del estancamiento responde a las tensiones dentro de la propia agenda sanitaria. Mientras el gobierno se compromete públicamente con el derecho a una muerte digna, enfrenta al mismo tiempo otras prioridades consideradas más urgentes. Así lo expresó el entonces presidente de la Comisión de Salud del Senado, Javier Macaya (UDI), en declaraciones recogidas por CIPER: “Forzar la discusión de eutanasia, cuando está pendiente aún la reforma a las Isapres y a Fonasa, que debieran significar un avance en la disminución de las listas de espera, es un contrasentido. Es bipolar ayudar a morir cuando no se está ayudando a vivir (…) Hay muchísimos temas prioritarios en salud y el tiempo no alcanza para todo”.

Según el asesor del Partido Demócratas, los primeros meses del gobierno se caracterizaron por una falta de agenda propia. Los ánimos estuvieron puestos en la eventual aprobación de una nueva Constitución que generara reformas, pero finalmente este proceso fracasó en diciembre de 2023. Asimismo, Carvajal menciona que existió una frágil relación con el Congreso que debilitó las impulsiones legislativas. La comunicación entre el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y parlamentarios de distintos sectores estuvo marcada por tensiones, especialmente con el entonces ministro Giorgio Jackson, cuya capacidad de negociación fue ampliamente cuestionada. La ausencia de una estrategia sostenida postergó el debate durante meses. Cuando el gobierno finalmente decidió activar urgencias, ya se aproximaba el año electoral.

Las garantías y los puntos críticos del proyecto

El proyecto de ley de eutanasia en Chile establece que las personas mayores de edad que padezcan una enfermedad grave e incurable, y que no responda a tratamientos curativos, pueden solicitar asistencia médica para morir, siempre que se encuentren en las facultades mentales necesarias para decidir con conciencia absoluta. Además, la iniciativa constituye diversas normas para que esta asistencia se efectúe de manera adecuada. Entre ellas destacan la obligación de reiterar por escrito la voluntad del paciente y la aprobación de un segundo médico que verifique el cumplimiento de los requisitos. Asimismo, se prohíbe que personas con interés patrimonial en la muerte del paciente puedan ser convocados como testigos. Finalmente, una indicación del Ejecutivo propone la creación de un comité encargado de evaluar el cumplimiento de todas estas condiciones antes de autorizar cada caso. El incumplimiento de estos requisitos puede conducir a la posibilidad de que una falsa eutanasia se transforme en un homicidio o asistencia de suicidio.

Sin embargo, pese a estas garantías, existen puntos de conflicto que mantienen la discusión dentro del Parlamento. La actual iniciativa contempla la objeción de conciencia, permitiendo que los profesionales de la salud no efectúen la eutanasia en caso de estar en desacuerdo. No obstante, los sectores conservadores han impulsado además la objeción de conciencia institucional para que los establecimientos de salud tampoco estén obligados a practicar la muerte asistida. “No estamos de acuerdo, ya que las instituciones no son portadoras de conciencia”, afirma el diputado Mirosevic, quien ha sido uno de los principales impulsores de este proyecto. “En un Estado laico las leyes deben ser generales para toda la población y no deben imponer una visión particular inspirada en alguna creencia religiosa”, agrega.

Frente a este desacuerdo, Joris Carvajal, asesor legal del Partido Demócratas propone una alternativa: “Si un paciente quiere practicarse la eutanasia (y se encuentra atendido en un establecimiento de salud que no esté de acuerdo con el procedimiento), como institución o como Estado, se podría obligar a que la clínica lo traslade a un recinto (que sí realice esa asistencia). Y ahí no se está involucrando ningún tipo de objeción, pero sí se le entrega a la persona las facilidades para que lo haga”.

Otro aspecto polémico de este proyecto es la sugerencia de cambiar el concepto de “enfermedad grave” por “condición grave». “Es solo una palabra, pero es una palabra que significa mucho (…) Las condiciones muchas veces no tienen que ser físicas” advierte Carvajal, señalando que es ahí donde se genera un conflicto con la diferenciación entre eutanasia y suicidio asistido. “Cambiar la enfermedad por condición va a ser un tema que probablemente sea intransable de la derecha”, añade. Son estos desacuerdos los que tampoco permiten el avance del proyecto.

Considerando esto, el asesor enfatiza que la eutanasia debe entenderse como una política pública y no como una ideología. Por ello, insiste en la necesidad de alcanzar acuerdos mínimos. “Busquemos algo donde ambos coincidamos, porque a los máximos no vamos a llegar”, señala, destacando que solo mediante un diálogo de concesiones mutuas será posible llegar a un acuerdo.

Escenarios políticos que definirán el destino del proyecto

El destino del proyecto de eutanasia en Chile dependerá de manera decisiva del clima político que se configure en marzo de 2026. El escenario legislativo está dominado por la confrontación de dos posiciones que simbolizan caminos opuestos: la visión progresista encarnada por Jeannette Jara del Partido Comunista y la postura conservadora representada por José Antonio Kast del Partido Republicano. La ley podría avanzar o archivarse en función de cuál de estos referentes obtenga la mayoría de los votos. 

Bajo la matriz oficialista representada por Jeannette Jara, comprometida con reformas estructurales como pensiones y derechos sociales, se esperaría un camino positivo para la aprobación del proyecto. La estrategia demostrada por Jara es técnica y negociadora tomando como referencia su trabajo en la reforma previsional. Por ello, se podría prever que la candidata busque acuerdos pragmáticos con el centro político. 

En el debate presidencial de Canal 13, la candidata comentó que: “Estamos concentrados hoy en día en los tres primeros lineamientos programáticos” que son seguridad, empleo, vivienda, salud y educación. Además, explicó que “los temas que después vengan evidentemente van a representar el espíritu de la centroizquierda”. La posterior incorporación del aborto libre en el anexo de su programa evidencia que Jara está dispuesta a ampliar su agenda de derechos, lo que podría anticipar una disposición similar respecto de la eutanasia.

En un escenario donde José Antonio Kast lidere el gobierno, todo indica que el proyecto quedaría descartado, dado que para el candidato la vida es un principio no negociable. Esta postura firme se traduciría en una parálisis legislativa y en una reorientación de la agenda por parte del Poder Ejecutivo. No obstante, bajo un gobierno de Kast se podría fortalecer la defensa de la objeción de conciencia institucional y el desarrollo de la Ley de Cuidados Paliativos Universales. Como señaló el senador electo Vlado Mirosevic: “Gracias a la presentación del proyecto de eutanasia, los sectores conservadores quisieron profundizar el desarrollo de los cuidados paliativos para no legislar sobre eutanasia”.

El posible veto de Kast

Si el proyecto estuviera en tramitación avanzada o parcialmente aprobado, el sector republicano podría solicitar su revisión, promover un veto presidencial o impulsar modificaciones que reduzcan su alcance al mínimo. Con Kast, la eutanasia quedaría prácticamente descartada del debate público, desplazada por una agenda conservadora centrada en la defensa de la vida y la objeción de conciencia. 

Cuando presentó su programa en agosto, comentó: “Nosotros tenemos una postura clara (sobre aborto, eutanasia y matrimonio igualitario), la ciudadanía la conoce y no nos vamos a mover para hablar de temas que hoy día no son las urgencias sociales que la gente quiere que se solucionen”. El candidato asegura que Chile atraviesa una crisis que requiere un “Gobierno de emergencia”, enfocado en resolver problemas como la inseguridad, el estancamiento económico y la migración irregular. 

Los resultados de las últimas elecciones muestran que el Senado quedará “equitativamente” distribuido entre partidos de izquierda y derecha. En tanto, la Cámara de Diputadas y Diputados aparentemente tendrá una mayoría de centro-derecha desde marzo del próximo año. Este panorama reduce aún más las expectativas de que la eutanasia avance.  

La mirada bioética sobre la eutanasia

Entre debates legislativos y negociaciones fallidas, Miguel Kottow, médico y bioeticista, ha compartido en sus ensayos académicos un punto de vista que devuelve el foco a quienes viven el sufrimiento que la política no resuelve. Para él, la ética va antes que lo administrativo. “Tenemos que entender que la vida tiene sus límites”, comenta, subrayando que el deber de la medicina no es prolongar la existencia a cualquier costo, sino “evitar sufrimientos corporales” cuando estos no pueden ser curados. Desde su perspectiva, cuando las instituciones no logran ofrecer alivio ni alternativas reales, negar la eutanasia equivale a imponer una obligación de vivir en condiciones donde la dignidad humana ya no está garantizada.

Kottow también critica la falta de precisión conceptual con que el Congreso ha abordado el debate. “Hay alusión a conceptos que se requiere distinguir: entre suicidio, suicidio médicamente asistido y eutanasia médica activa, (…) son tres conceptos radicalmente diferentes y opuestos”, afirma. Para él, esta imprecisión abre la puerta a prácticas erróneas o irregulares. 

En 2014, advirtió a Radio ADN que, debido a vacíos legales “se ha enmascarado lo que se llama suicidio asistido, o sea el médico proporciona los medios, pero no ejecuta la acción”. El bioeticista explica que esta separación tiene “valor judicial”, pero que en el fondo “es una trampa” porque el médico termina realizando una eutanasia acordada con el paciente.  Para Kottow, la autonomía y dignidad del paciente debe estar en el centro de la discusión. Además, sostiene que la eutanasia no puede restringirse únicamente a una persona en etapa terminal, porque existen sufrimientos severos que afectan gravemente la calidad de vida. Desde esta mirada, Chile se ha demorado en ofrecer una respuesta regulada y compasiva para quienes no encuentran alivio ni siquiera en los cuidados paliativos.  

El avance internacional

A noviembre de 2025, la eutanasia y el suicidio asistido, conocido internacionalmente como Medical Assistance in Dying (MAID), siguen siendo excepciones a nivel mundial. Según la World Federation of Right to Die Societies (Federación Mundial de Sociedades por el Derecho a Morir), solo un grupo reducido de países cuenta con normativas claras en esta materia. Entre ellos se encuentran Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, Nueva Zelanda, Suiza, Alemania, Australia, España, Portugal, algunos estados de EE. UU y Uruguay.

Este último aprobó su Ley de Eutanasia el 15 de octubre de 2025, convirtiéndose en el país más reciente en regular la muerte asistida. En Europa, los avances han sido particularmente significativos: Bélgica despenalizó la eutanasia en 2002 y la extendió a menores de edad en 2014, Luxemburgo la reguló en 2009, España aprobó la ley en 2021 y Portugal avanza desde 2023 en su implementación. Además, fallos judiciales como el del Tribunal Constitucional alemán en 2020 han reconocido el derecho a una muerte autodeterminada. Mientras tanto, países como Reino Unido, Francia e Irlanda mantienen debates parlamentarios abiertos.

Hoy, con más de una década de discusión, el proyecto de eutanasia sigue atrapado entre urgencias administrativas y tensiones ideológicas. Mientras Chile observa cómo otros países avanzan en garantizar el derecho a decidir sobre el final de la vida, aquí el debate continúa suspendido en un delicado equilibrio entre el deber ético, la convicción religiosa, la estrategia electoral y el sufrimiento cotidiano de cientos de personas que esperan una respuesta. El futuro de la ley dependerá, en buena medida, de la nueva conformación del Congreso y de quién llegue a la presidencia el próximo 11 de marzo. Pero, sobre todo, de si el sistema político será capaz de mirar más allá de sus propios intereses. Tarde o temprano, el debate deberá retomarse. Lo que aún no está claro es si el país elegirá despejar el camino hacia una muerte digna o volverá a postergar una discusión que, para muchos, ya se ha demorado demasiado.

Tal vez te puede interesar: Doctor Miguel Kottow sobre la eutanasia: “no puede un dogma eclesiastico regir a toda una población”

Sigue leyendo en Radio JGM

https://radiojgm.uchile.cl/plan-nacional-de-busqueda-un-asunto-de-estado/