Leasur acusa falta de voluntad política de Servel y Gendarmería por derecho a voto en cárceles

En las elecciones legislativas de Argentina votaron más de cuatro mil presos por su condición de procesados, es decir, que aún no ha sido resuelta su situación judicial. Éste es un derecho que se permite en Argentina desde el 2007 y en Chile también hay reos que lo tienen.

La Constitución indica que aquellas personas que no han sido condenadas a una pena aflictiva, es decir, a más de tres años y un día, pueden votar. Esto es alrededor de 20 mil reos que, pese a ser su derecho, de forma sistemática, no han podido sufragar desde 1990 hasta la fecha.

El representante de Leasur ONG, Javier Gallegos, asegura que esto no ha ocurrido, principalmente, por falta de voluntad política de instalar urnas de votación en las cárceles.

Debido a que el Servicio Electoral y Gendarmería no estarían respetando lo estipulado en la Constitución, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha presentado recursos de protección en distintas regiones del país que han sido acogidos por la Corte Suprema.

Tras las elecciones primarias, presentó acciones judiciales en 12 regiones «para un poco más de 250 personas privadas de libertad que en distintas cárceles nos dijeron que querían ejercer su derecho a voto», cuenta el jefe de la unidad Jurídica y Judicial del INDH, Rodrigo Bustos.

Pese a que el máximo órgano jurídico ha explicitado que el Servel está facultado para poner urnas de votación en las cárceles y haya ordenado hacerlo, tanto el Servicio Electoral como Gendarmería han hecho caso omiso a esta instrucción. Frente a esto, Bustos expresa preocupación y atención a que se cumplan las resoluciones de la Corte Suprema.

El Instituto de Derechos Humanos no ha sido el único organismo que se ha pronunciado respecto de este tema, pues Leasur ONG ha levantado la campaña #VotoPreso en el contexto de elecciones del país, con el fin de informar sobre esta situación inconstitucional.

«Queremos denunciar y dar cuenta de que son las autoridades políticas estatales las que han puesto límite a la posibilidad de que una parte de la población que se encuentra recluida por diversos motivos no pueda estar ejerciendo su derecho a sufragio válidamente, cuestión que viola todas las normativas y tratados internacionales que se refieren al tema», explica Javier Gallegos.

En la misma línea, Rodrigo Bustos enfatiza en que hay que tener consciencia de que se está apelando por respetar los derechos básicos de los presos, «entre los cuales está el derecho a voto, que es un Derecho Humano tremendamente relevante para una sociedad democrática».

Por mientras, las organizaciones están esperando una nueva resolución de la Corte Suprema para que pueda acoger el recurso de protección presentado para que el Servel y Gendarmería adopten medidas para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, en respeto de los derechos de los presos y presas de Chile.