Las responsabilidades del Estado chileno en la negación histórica a los derechos del pueblo mapuche

Tras la aprobación del informe que responsabiliza al subsecretario Ubilla y al ministro Chadwick de la muerte de Camilo Catrillanca, sus repercusiones varían entre una acusación constitucional y una petición de renuncia del presidente.

Este 12 de septiembre por la mañana la cámara de diputados aprobó con 65 votos a favor y 61 en contra el Informe que determinó la responsabilidad política del Ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el Subsecretario, Rodrigo Ubilla, en la muerte del joven comunero mapuche Camilo Catrillanca.

Entre las principales conclusiones que tuvo este documento está, por ejemplo, la histórica política sistemática de represión que ha ejercido el Estado ante el pueblo nación mapuche, la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la Araucanía o la responsabilidad institucional de Carabineros de Chile en el asesinato consumado el pasado 14 de noviembre de 2018.

Aquello en un documento aprobado con anterioridad por la comisión investigadora de la cámara en julio pasado y que puso el acento en las responsabilidades del gobierno de Sebastián Piñera, en un proceso que comenzó el 9 de enero con la constitución de la comisión y culminó este pasado 12 de septiembre.

En la discusión la diputada comunista, Carmen Hertz, responsabilizó a las autoridades gubernamentales de «haber desplegado un comando de alta tecnología militar para hacer frente a civiles sin tener el control sobre Carabineros, de difundir información enviada por lo ellos que a la postre resultó ser falsa teniendo como precedente reciente la Operación Huracán. Por lo mismo, son responsables de haber criminalizado a Camilo Catrillanca tratándolo como a un delincuente común y enmarcar su asesinato dentro de un enfrentamiento que jamás existió».

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Desde el oficialismo se defendió la idea de que el gobierno cumplió con todo los protocolos y que la irresponsabilidad fue de Carabineros, hecho que habrían reparado al sacar al General Director, Hermes Soto.

No obstante, primó la idea de que la responsabilidad política es anterior al hecho puntual del tiroteo en Temucuicui que terminó en el asesinato del joven de 24 años, ya que responde a la militarización de la zona.

La diputada Mapuche del Partido Socialista, Emilia Nuyado, criticó a los distintos gobiernos y al Estado al señalar la existencia de «una política que sistemáticamente no quiere reconocer los derechos de las primeras naciones, que lo único que quiere es disuadir aquellos movimientos sociales que con mucha fuerza reivindican su territorio, en el cual han vivido y actualmente mucho se ocupa. Por lo tanto, no puede existir de este gobierno ni de este congreso el que se siga permitiendo que no reconozcamos aquellos espacios territoriales».

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Fuera del asesinato de Camilo Catrillanca a fines de 2018, el conflicto de los pueblos originarios con el Estado de Chile parece no acabar ante la insistencia de los gobiernos de no reconocer su pre existencia en el territorio y, por lo tanto, su derecho legítimo al territorio. Una disputa graficada en la militarización del territorio en La Araucanía.

Un conflicto que trae a colación casos emblemáticos de mapuche muertos en democracia: Matías Catrileo, José Huenante, Rodrigo Melinao Lican o Macarena Valdés son solo algunos de los nombres que se han sumado a una larga y lamentable lista..

Activista medioambiental, lamien Macarena Valdés

Joven weichafe Matías Catrileo

A partir de esto opinó el historiador de Comunidad Historia Mapuche, Claudio Alvarado Lincopi, quien instaló este hecho como algo importante para la posibilidad de gestar confianza en la relación Estado y mapuche.

«Es importante lo simbólico en la medida que pueda presentar posibilidades de gestación de confianza. De hecho yo ubico en ese marco lo que está ocurriendo con el reconocimiento efectivo del relato de las comunidades (en la muerte de Catrillanca). Ahora bien, hay que pasar de lo simbólico y eso implica, por ejemplo, desmilitarizar la región como un primer gesto político. Es decir, no únicamente quedarse en lo simbólico, sino pasar de lo simbólico a lo concreto, a lo que puede modificar la vida cotidiana de las comunidades«, reflexionó.

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En este sentido, señaló que «si bien es cierto en el pueblo mapuche hay una demanda por autodeterminación política y de reconocimiento efectivo de que somos un pueblo, una nación que tiene derecho a la autonomía, eso no ha implicado que el mismo movimiento ha gestado procesos de diálogo con el Estado de Chile, sí hay una intención de dialogar. La cuestión es que para un diálogo no solo se necesita que alguien hable sino que al mismo tiempo sea escuchado. Yo creo que la sociedad mapuche hoy día habla, pero no es escuchada por los gobiernos.

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El informe puede repercutir en una posible acusación constitucional en contra de los involucrados o la salida de ambos de sus funciones. Sin embargo, según informaciones de La Tercera, la oposición descartó una acusación por ser un «mal momento político», por lo que Chadwick y Ubilla quedarían impunes.