LAS POLÍTICAS DEL OLVIDO (o “una clase política con amnesia”)

En este 27 de mayo, Día Nacional de los Patrimonios, hacemos una (no tan) pequeña revisión del estado de la memoria chilena a través de la administración que hace el Estado de los recuerdos del terrorismo estatal. ¿Cómo se interpela el Estado a sí mismo por las violaciones a los derechos humanos que ejecutó entre 1973 y 1990?  

PARTE I: LAS POLÍTICAS DEL OLVIDO (o “una clase política con amnesia”)

El 16 de noviembre recién pasado, entre bostezos y posaderas cuadradas luego de estar 21 horas sesionando, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó parte del proyecto de Presupuesto 2023 presentado por el gobierno de Gabriel Boric. Pero la aprobación venía con letra chica: a unos meses de cumplir 50 años del golpe civil y militar que abrió pasó a la instalación de Pinochet en el poder, las y los honorables diputados y diputadas de la República decidieron quitarle el financiamiento a los sitios que hacen memoria por las personas ejecutadas y desaparecidas por la dictadura militar.

Entre palmadas felicitadoras se encontraron los figurines ultraderechistas del Partido Republicano, contentos de haber dejado sin financiamiento al “Museo de la Memoria Selectiva”. Mientras, la derecha tradicional se escudaba en sus clásicos argumentos de esencia moderada, de que al chileno promedio no le interesa gastar el presupuesto nacional en estas cosas, que hay una inflación desbordada, que el Ejecutivo tiene que negociar mejor. Por su parte el partido de la transición, la Democracia Cristiana, se deshacía en excusas de errores que se comprometían a rectificar, ahora sí que sí, en el proceso senatorial.

Villa Grimaldi, Londres 38, la Fundación Casa Memoria de José Domingo Cañas 1367, la Corporación Estadio Nacional, el Museo de la Memoria, la Fundación Salvador Allende, entre otros espacios que conforman el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, se quedaron en ese momento solo con el título legal de sitio de memoria, porque plata para la mantención por parte del Estado no había. Tampoco había billete para el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organismo autónomo que fiscaliza la protección de los derechos humanos en Chile. 

Monumentos declarados históricos para el país se quedaron sin ni uno. Eran 90 mil millones de pesos chilenos en juego y hubo que aplicar muñequeo político para recuperar el financiamiento. El 23 de noviembre, en su trámite por la Cámara de Senadores, se restituyeron los fondos de la memoria estatal.

Sin embargo, el desliz olvidadizo no pasó desapercibido, mucho menos para aquellos y aquellas que deben desenterrar la memoria todos los días.

“(…) nuevamente los representantes del pinochetismo golpista azucen una y otra vez su cruzada de negacionismo para pretender borrar, por la vía financiera, iniciativas de defensa y promoción de la Memoria y los Derechos Humanos”, dice el comunicado firmado por 123 agrupaciones de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas, ejecutados y ejecutadas políticas, sobrevivientes y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

“Lo decimos fuerte y con decisión, con la firme memoria de nuestros ejecutados y desaparecidos, pues lo ocurrido en la cámara baja no es solo una cuestión de votos a favor o en contra; tampoco de cifras, sino resultado de la cruzada negacionista que históricamente ha caracterizado las malolientes voces de genocidas y criminales de lesa humanidad y sus cómplices, muchas y muchos de ellos enquistados en instituciones del Estado, como el Congreso”. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exige, como uno de los principios obligatorios de los Estados americanos con pasados terroristas – como es el caso del Estado de Chile -, la seguridad del financiamiento de las políticas públicas de memoria. En caso de haber poco dinero, que estas políticas integren y potencien las políticas públicas de desarrollo.

En la celebración del fin de semana de los Patrimonios, hacemos una revisión al patrimonio político y legal que nos ha dejado la clase política de este país. ¿Es capaz el Estado de reivindicarse por el genocidio que cometió la dictadura? ¿Las promesas de memoria realmente nos dejan un patrimonio o nos despojan del acceso a la memoria?

LEYES PARA OLVIDAR 

No es primera, ni segunda, ni tercera vez que a la clase política se le olvida que el Estado violó derechos humanos en nombre de la patria yanqui – recordemos el Plan Cóndor y la Operación Colombo -, o que parece que no recuerdan que tienen el deber de financiar a los sitios de memoria y reparación de las vulneraciones que cometió. Y ni hablar sobre cómo se les pasa por alto que deben contar la verdad sobre lo que pasó durante el oscurantismo informático de los setentas y ochentas. 

AGUÁNTATE UN POQUITO Y TE CUENTO

Durante el gobierno del ex presidente Ricardo Lagos – cuyo dedo índice derecho es conocido ante las cámaras por desafiar a Pinochet cuando quiso reelegirse en 1989 – se conformó la Comisión Valech I. Aplausos y felicitaciones recibió el gobierno ante la iniciativa que, a fin de cuentas, decretó 50 años más de secreto sobre los nombres de los criminales de lesa humanidad.

La Ley N°19.992, bajo la excusa de no revictimizar a quienes contaron sus relatos a la comisión, estipula lo siguiente en su artículo 15: “Son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (…) El secreto establecido en el inciso anterior se mantendría durante el plazo de 50 años.” 

No solo eso: “Mientras rija el secreto previsto en este artículo, ninguna persona, grupo de personas, autoridad o magistratura tendrá acceso a lo señalado en el inciso primero de este artículo, sin perjuicio del derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos (…)”. 

De esta forma, los Tribunales de Justicia no tienen acceso a los nombres que están en el informe hasta el 17 de diciembre de 2054 – también conocido como el Día del Níspero -, en el que se cumplirá el medio siglo de la promulgación de la ley. ¿Cómo puede el Ministerio Público levantar una causa en contra de violadores de derechos humanos sin acceso a la información declarada a la Comisión Valech I?

En el libro “La Violencia Política Sexual es Terrorismo Estatal”, escrito por el Colectivo de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes y Memorias de Rebeldías Feministas, las sobrevivientes del terrorismo estatal declaran: “El mensaje es claro: la bandera de la impunidad seguirá flamenado en la parte más alta del mástil”.

Como una “corrida de cerco a la impunidad”, se creó el grupo “Desclasificación Popular”, conformado por agrupaciones de ex presos y presas políticas y defensores de derechos humanos, quienes elaboraron una metodología de desclasificación y publicación del actuar del Estado durante el régimen militar. Así nace www.desclasificacionpupolar.cl , una página web motivada por la develación de los archivos que los distintos gobiernos no han puesto a disposición de la ciudadanía. 

Otro problema que levanta el que Lagos dejara de usar su dedo para acusar, y que esta vez lo aplicara para acallar, es la incapacidad estatal de reconocer todos los sitios en los que el Estado cometió crímenes de lesa humanidad. Si el sitio no es reconocido como patrimonio, entonces no se aplican las protecciones para la preservación del espacio.

Con esto en consideración, resulta curiosa la metodología del Plan Nacional de Búsqueda, en implementación por el gobierno buenista de Apruebo Dignidad. Allí se habla de acceder a los testimonios de la Comisión de Prisión Política y Tortura (Valech I), sin considerar – ni siquiera nombrar – el secreto en el que se encuentran las verdades vertidas en ella. En ningun momento mencionan cómo accederán sin violar la ley que no les permite hurgar en los archivos. 

EL PATRIMONIO QUE NO PUEDE SERLO

Leyes con doble sentido existen desde antes. En 1998 el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle – hijo del ex presidente Eduardo Frei Montalva, asesinado por la Central Nacional de Informaciones (CNI) en 1982 – promulgó la ley N° 19.568 que dispone la restitución o indemnización por bienes confiscados y adquiridos por el Estado a través de los decretos leyes N°s 12, 77 y 133 de 1973; 1.697 de 1977 y 2.346 de 1978.

En chileno: estos decretos ley estuvieron dentro de los primeros mandatos que dio la Junta Militar para desarmar las vías de participación ciudadana. Entre lo que estipulan está la prohibición de partidos políticos, la disolución de la Central Única de Trabajadores (CUT) y la misión autoconvocada del régimen militar de “extirpar de Chile el marxismo”.

Es en estos artículos donde la Junta determinó que todos los bienes pertenecientes a partidos políticos y agrupaciones de participación política pasaron a ser propiedad del Estado, para así ser utilizados en lo que la Junta Militar estimara conveniente y, posteriormente, el general Pinochet. En el caso de la CUT, se asignó al Director del Trabajo como el liquidador de los bienes, dándole potestad para hacer y deshacer con los inmuebles del sindicato nacional.

Pero en 1998, durante el Chile transicional, el Congreso derogó estos decretos y decretó la devoluciones de todos los inmuebles arrancados por la dictadura, además de indemnizar en los casos en los que no hubiera materialidades que devolver. 

Fue así como los partidos políticos, de izquierda a derecha, pudieron recolectar unas cuantas (millones de) monedas. Pero no solo los partidos recuperaron, sino que también aquellas personas naturales a las que se les quitaron casas en las que existía participación política en la década de los setenta.

Suena correcto y ético en la teoría devolver los inmuebles quitados durante las épocas de terrorismo de Estado, pero hay un asunto de memoria que queda pendiente: muchos de estos lugares fueron usados por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y la CNI como cuarteles y centros de torturas.

El Estado perdió poder sobre los inmuebles por los que pasaron muchos y muchas presas políticas, inmuebles a los que hoy los y las sobrevivientes no tienen acceso si es que las y los dueños de los lugares no lo quieren así. Hoy, gracias a esta ley, el Estado no tiene el dominio de estas propiedades, no las declara como patrimonio nacional y no puede disponer de ellas como sitios de memoria.

Quisimos enterarnos sobre cuáles fueron los bienes soltados por el Estado a través de esta ley, además de sus actuales dueños y dueñas. Consultamos por Ley de Transparencia, a lo que el Ministerio de Bienes Nacionales respondió con un “no” de 26 páginas. Dicen que no poseen los archivos sistematizados y que para construir el catastro solicitado “se debería realizar una detallada revisión de los registros disponibles en el Sistema Nacional de Catastro Intranet (SNCI), sistema de registro documental de antigua data, actualmente obsoleto (…)”. Según señalaron, los documentos están disponibles para revisión solo en casos de consultas de orden interno de la institución, asociados a la función propia del Servicio. A esto también sumaron que la cantidad de horas gastadas en generar el catastro sería de 182 aproximadamente. 

En este Día del Patrimonio nos preguntamos: si estos inmuebles no hubieran sido devueltos, ¿serían parte de nuestro patrimonio nacional?

LA LEY SIN MEMORIA

En Chile es bien conocida la Ley de Amnistía, la que legaliza un perdonazo a quienes violaron derechos humanos durante los primeros años del régimen de facto. Una estrategia para limpiar de un paraguazo todo rastro de sangre que dejaron las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

El decreto pinochetista es claro: “Concédese amnistía a todas las personas que, en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos, durante la vigencia de la situación de Estado de Sitio, comprendida entre el 11 de Septiembre de 1973 y el 10 de Marzo de 1978, siempre que no se encuentren actualmente sometidas a proceso o condenadas” (ley N° 2.191). También incluye la liberación de aquellas personas ya condenadas por la justicia militar y establece algunas excepciones al perdonazo como acusaciones por robo, tráfico de drogas y otros delitos llamados “comunes”.

Cuando el Estado quedó en manos de la Concertación, se derogaron muchas leyes, pero justamente esta no. La ley ha significado un obstáculo para la obtención de justicia legal para las familias de las personas opositoras al régimen que fueron ejecutadas o secuestradas.

Sin embargo, las palabras bien intencionadas de eliminar la ley vienen desde el día uno de la “vuelta a la democracia”: En 1989, el ex presidente Patricio Aylwin – más conocido por su frase  “verdad y justicia en la medida de lo posible” – prometió en su programa de gobierno buscar justicia para las personas sometidas a torturas por los militares, pero en 1994 esquivó la derogación de la ley, y propuso la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación como paliativo.

La composición del Tribunal Constitucional en aquel momento había sido sellada por Augusto Pinochet. Por lo tanto, la derogación de la Ley de Amnistía sería difícilmente admitida porque podría haberse calificado como inconstitucional (cosa que era falsa), porque los miembros eran en su mayoría pinochetistas.

También es importante recordar que a meses de terminar su gobierno e impulsado por el boinazo del 28 de mayo de 1993, Aylwin intentó instalar la Ley de Punto Final, la que intentaba establecer la muerte presunta de las personas detenidas y desaparecidas por militares, de modo que las investigaciones no buscarían los cuerpos de las y los desaparecidos, ni las verdades detrás de sus destinos.

La ex presidenta Michelle Bachelet – secuestrada en Villa Grimaldi (cuartel Terranova) en 1975 por el régimen militar – prometió derogar esta ley durante su primer mandato, pero al parecer al Congreso se le pasó la micro. A pesar de enviar el proyecto de ley para la derogación con suma urgencia legislativa, no pasó nada. Lo mismo volvió a ocurrir durante su segundo gobierno.

En 1998, el juez Juan Guzman Tapia pudo desviar parte de la ley por la tangente: usó la figura de secuestro permanente. Esto quiere decir que, como la persona sigue desaparecida, el delito de desaparición forzada sigue ocurriendo hasta que la persona vuelve a aparecer. Por lo tanto, el crimen ocurre después de los márgenes temporales que declaró la Ley de Amnistía, y se puede condenar al secuestrador.

Sin embargo, la ley olvidona sigue operando en los casos de torturas, asesinatos y secuestros en los que después apareció el o la ciudadana.

LO QUE SE NOMBRA Y LO QUE SE PAGA

Al 27 de abril de 2023 el Estado reconoce 50 sitios de memoria como Monumento Nacional. Pero según el Informe Valech, los y las sobrevivientes reconocieron 1.132 espacios en los que el Estado – usando a las Fuerzas Armadas y Carabineros como marionetas – secuestró, torturó, desapareció y ejecutó a personas entre el 73 y el 90. Es decir, un 4.4% de estos lugares hoy forman parte de la reparación que hace el Estado solo a través del mero nombramiento. 

A este catastro se suman los 209 memoriales que también son reconocidos como tal bajo la palabra estatal. Pero de este número, por ejemplo, no existe ninguno que haga memoria de las personas mapuche detenidas desaparecidas o ejecutadas políticas por el Estado por la razón de ser mapuche. Aparecen solo como civiles asesinados y asesinadas, desaparecidos y desaparecidas por las fuerzas de orden público. Asimismo ocurre con la memoria de mujeres rebeldes, ciudadanos y ciudadanas militantes y otras interseccionalidades que cruzan a las personas desaparecidas.

En total, el Estado dispuso este 2023 de $3.946.375.000 para ser entregados a sitios de memoria. Solo a 12 de los 50 lugares reconocidos como sitio de memoria el Estado da financiamiento:

Fundación que administra el sitio de memoria	Financiamiento	Porcentaje del financiamiento
Fundación Museo de la Memoria	$2.079.813.000	52,7%
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi	$327.044.000	8,3%
Fundación Arte y Solidaridad (Museo de la Solidaridad Salvador Allende)	$572.112.000	14,5%
Fundación Eduardo Frei Montalva	$187.097.000	4,7%
Londres 38 Casa Memoria	$330.313.000	8,4%
Memorial de Paine	$135.489.000	3,4%
Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume	$25.346.000	0,6%
Corporación Estadio Nacional, Memoria Nacional	$75.381.000	1,9%
Fundación Documento y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad	$80.752.000	2%
Casa Memoria José Domingo Cañas 1367	$23.984.000	0,6%
Corporación de Ex Presos Políticos de Pisagua	$23.984.000	0,6%
Fundación Salvador Allende	$85.060.000	2,2%

Puedes revisar los detalles del financiamiento exacto en 2022 y 2023 haciendo click aquí.

Durante esta investigación hemos podido reconocer al menos cuatro formas en las que el Estado se ha relacionado con los inmuebles que son sitios de memoria: a través de la museificación de la memoria, financiando directamente espacios de recuerdo que fueron centros de tortura y exterminio, reconociendo los lugares pero no financiándolos y, por último, desconociendo por completo la existencia del sitio de memoria. Esta última categoría podría dividirse entre aquellos sitios que ni siquiera son nombrados por el Estado y aquellos espacios que hoy siguen siendo parte de este, pero que son utilizados para otros fines lejanos a la memoria, como es el caso de los centros recreacionales de las policías. En la parte II de este reportaje se abordará en mayor profundidad las propiedades de la memoria.

Otro de los métodos de financiamiento a la memoria que el Estado dispone son los concursos públicos. Este año, el gobierno de Gabriel Boric publicó un nuevo certamen para otorgar recursos a los sitios de memoria que están reconocidos como Monumento Histórico.

La nueva contienda entre espacios de memoria dispone de $700 millones de pesos chilenos. Cada sitio puede llegar a adjudicarse hasta $54 millones, y no se especifica cuántos de ellos y ellas podrían acceder al fondo.

Es así como Casa Memoria José Domingo Cañas 1367 ha decidido este año dejar de recibir el pago que reciben por glosa estatal para poder optar a esta competencia por el recuerdo. Para Paulina Acevedo, parte del equipo de Casa Memoria, el problema es que los sitios de memoria están “siempre ‘mendigando’ fondos estatales“. “Nosotros creemos que si el Estado violó los derechos humanos, el Estado y los gobiernos de turno deben hacerse cargo de esa violación de derechos humanos”. Puedes leer más sobre esta noticia aquí.

LO QUE SE CALLA (o “¿Es el Plan Nacional de Búsqueda nuestra solución?”)

En esta búsqueda eterna por la justicia que han atravesado las familias de personas desaparecidas por la dictadura y quienes vivieron la prisión y tortura política, el Estado vuelve a proponer una reparación a su medida.

Esta vez bajo la gerencia del Frente Amplio y el Partido Comunista, quienes en el relato binario de la historia aparecen como los partidos que están del lado de la memoria. La nueva izquierda chilena propone un Plan Nacional de Búsqueda, un nuevo legado o patrimonio que nos deja el Estado para supuestamente reivindicar la memoria. Un proyecto que intentará: “Implementar un plan nacional efectivo de búsqueda de personas detenidas desaparecidas, integrado por las entidades públicas pertinentes que cuenten con equipos multidisciplinarios especializados, con recursos suficientes y dotación especializada, que trabaje junto a la sociedad civil en el esclarecimiento de su destino final”. 

El proyecto contempla 6 ejes, entre los que se encuentra la entrevista a familiares de detenidos y detenidas desaparecidas para intentar encontrar los paraderos de sus seres queridos, la creación de un catastro único de personas forzadamente desaparecidas y la investigación judicial de la ubicación de las personas secuestradas.

Sobre hablar con las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI que fueron perpetradores de los crímenes, se promete que se intentará dialogar con las instituciones para que revelen información. No se habla de un dispositivo legal que les obligue a contar la verdad.

Para las familias de las personas detenidas y desaparecidas, la propuesta de metodología de búsqueda pareciera ser miope en cuanto al reconocimiento del terrorismo de Estado y la persecución de la verdad. El 17 de febrero de este año dos familiares de María Cristina López Stewart, joven desaparecida en 1974, escribieron una columna de opinión en la que expresaron sus preocupaciones en cuanto al Plan Nacional de Búsqueda:

“Nos llama la atención que, en términos semánticos, el documento sólo mencione seis veces la palabra “justicia”, que no refiera a categorías centrales conquistadas por las organizaciones de Derechos Humanos y sustentadas por organizaciones internacionales, como ‘terrorismo de Estado’, ‘crímenes de lesa humanidad’ y/o ‘genocidio’, invisibilizando de esta forma la autoría, el contexto político, las características específicas y los destinatarios del delito de ‘desaparición forzada’”.

A esto se suma el poco contexto histórico que se da en el texto gubernamental, el que se sustenta básicamente en la conmemoración de los 50 años del golpe. No se menciona la influencia gringa, la impunidad histórica de los criminales de lesa humanidad, la persecución política de aquellos y aquellas ciudadanas secuestradas, las tensiones que esto propone con las fuerzas castrenses del país y menos el contexto legal al que se enfrentan para buscar a las personas que no sabemos dónde están.

“El ahistoricismo, la despolitización y la deshumanización que revela, a nuestro entender, el contenido del documento que sustenta el ‘Plan Nacional de Búsqueda’ no sorprende si se analiza su objetivo principal: la reducción de la ‘cuestión de los detenidos desaparecidos’ a la búsqueda de ‘restos’, entiéndase osamentas humanas, huesos”.

Y esto no es todo: las posibles querellas que saldrían de los hallazgos de este plan funcionarían bajo la lógica de inhumación y exhumación ilegal. En simple: el Estado, en vez de ajusticiar por tortura, secuestro y/o asesinato, acusará a los militares y policías de trasladar los cuerpos ilegalmente.

¿Se acuerdan de la Ley de Amnistía? Este plan de búsqueda podría conjugarse con la ley del perdonazo para resguardar aún más la impunidad: si se encuentra el cuerpo, la solución dada por el juez Guzmán del secuestro permanente quedaría sin efecto. Es así como se le abre la cancha a este decreto ley. De acuerdo a las familiares de María Cristina López, el panorama no es tan esperanzador si el Estado sigue evadiendo la derogación.

Como mencionamos anteriormente, en el plan se promete una búsqueda en los archivos de las comisiones de Verdad y Reparación y de Prisión Política y Tortura, cosa que es imposible según la legislación actual. ¿Cómo planea el Estado buscar la verdad si es que continúa siendo incapaz de configurarse a sí mismo para reconocer el genocidio que cometió?

Sobre los hallazgos y silencios de esta búsqueda, ya veremos. 

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.