Las lógicas mercantiles de la gratuidad que avalan el dictamen de Contraloría

Organizaciones del mundo educacional apuntaron al nulo financiamiento de la educación pública como la causa del dictamen de Contraloría sobre el pago completo del arancel para aquellos alumnos y alumnas que perdieron la gratuidad este año.

Como consecuencia de la mala implementación de la gratuidad desde un principio y el nulo interés por fortalecer la educación pública fue catalogado por dirigentes estudiantiles y sociales el dictamen de Contraloría entregado este martes, que indica que las y los estudiantes que recibieron la gratuidad entre 2016 y 2018 deberán pagar la totalidad del arancel restante en caso de que prolonguen sus años en la universidad.

El dictamen de Contraloría señala que  «Por expresa disposición del legislador, durante el presente ejercicio presupuestario, a los alumnos que accedieron a gratuidad en los años 2016, 2017 y 2018, no les resulta aplicable la Ley 21.091 (Ley sobre educación superior), sino que se continúan rigiendo por las reglas fijadas en las glosas presupuestarias de las respectivas anualidades“.

En ese sentido, los 27 mil estudiantes que perdieron la gratuidad este año por extender su estadía en la universidad, no podrán atenerse a lo que dice la ley, que en este tipo de casos establece un límite en el pago del 50% del arancel regulado.

Frente a esto, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Emilia Schneider, calificó esta situación como un cambio en las reglas del juego y que el problema está en que nunca se discutió sobre financiar directamente a las instituciones.

«Creemos que el problema de fondo realmente es que nunca se pensó en fortalecer el financiamiento que garantizara la educación como un derecho, que es lo que venía pidiendo el movimiento estudiantil. En ese sentido, se privilegió entregar la gratuidad vía beca en vez del financiamiento directo a las instituciones«.

 

 

La presidenta de la FECh enfatizó en que se debe fortalecer la educación pública mediante el financiamiento a las universidades y, de esa forma, garantizar el Derecho a la educación.

«Para hacernos cargo de la crisis de la gratuidad hay que reabrir el debate a nivel nacional de la ampliación y fortalecimiento de la educación pública. Eso implica hablar del financiamiento directo a las instituciones, hablar de construir una red de colaboración entre instituciones públicas y hablar de que, a través de esa vía, se garantice el acceso de las y los estudiantes a la educación».

 

 

En tanto, el Coordinador Nacional de la Agrupación Deuda Educativa, Juan Pablo Rojas, señaló que esta situación se debe a la política del voucher que mantiene una lógica mercantil en el sistema educativo.

«No existe una política pública de gratuidad. Lo que dejó instalado Bachelet es la política del voucher, es seguir discutiendo un derecho social a través de una ley de presupuesto. Nosotros, los movimientos sociales, tenemos que ser quienes lo erradiquemos, porque mantiene la lógica mercantil. Lo que hace el Estado está muy lejos de lo que es su misión, que es proteger a los ciudadanos. Aquí el Estado de Chile, durante décadas, hemos visto cómo a través de estas reinvenciones de créditos, lo único que buscan es poder enriquecer a las universidades privadas y bancos«.

 

 

Desde la FECh convocaron a un paro nacional para el próximo miércoles 3 de julio, donde una de las demandas será el fortalecimiento, ampliación y democratización de la educación pública en relación a la gratuidad para la educación superior.

Además, se espera que el Ministerio de Educación (Mineduc) y rectores conformen una mesa de trabajo para abordar la problematica, aunque no se descartó solucionarlo a través una ley corta.