Las deudas de Bachelet y los desafíos de Piñera en libertad de expresión

En un nuevo Día Mundial de la Prensa que se conmemoró el 3 de mayo, la implementación de la televisión digital, despenalización de las radios comunitarias sin licencia, devolución de la tuición ética al colegio de periodistas y protección de datos personales son los pendientes y desafíos que dejó la administración anterior, y que debiesen resolver el actual gobierno.

Las crisis de los canales de televisión ha hecho sonar la alarma: la crisis de la industria de medios tradicionales es mucho más profunda de lo que se pensaba. No solo porque las audiencias se mudaron a las nuevas plataformas –el cable fue hace rato una señal de alerta- y el “modelo de negocios” fracasó, sino que las mismas audiencias están demandando contenidos diferenciados, diversos y más segmentados. Esto se transforma en una evidencia positiva de que la pluralidad y diversidad en los medios es la base de la libertad de expresión, tal como lo establece el sistema interamericano.

Sin embargo, estos medios después de la dictadura no entendieron dicho “mensaje”, ya sea porque responden a intereses duopólicos u oligopólicos, o porque creían que el negocio funcionaba bien con estas audiencias pasivas y generalistas, ofreciéndoles contenidos uniformados. Por ello la transición es clave y cómo se transite hacia ese nuevo escenario dependerá de la sobrevivencia de los canales actuales en un entorno digital, en el cual partieron ganando, ya que la Ley de TV Digital les otorgó automáticamente una frecuencia, por el derecho preferente de ser titulares de una concesión definida o indefinida (como es el caso de las señales universitarias). Aun así, la implementación ha sido lenta –con apagón analógico total para abril de 2020- y los dueños de las estaciones televisivas están más preocupados por la rentabilidad que por la calidad de los contenidos, cuando las pérdidas en 2017 llegaron a $47.795 millones de pesos entre Canal 13, TVN, La Red y CHV. No teniendo los canales ningún empacho en despedir recursos humanos –como ocurre con Canal 13 con la reducción de, al menos, 300 trabajadores- a costa de experimentar un nuevo modelo de negocios, sobre la base de la externalización de servicios. (Véase al mismo canal 13 y el acuerdo con la española Secuoya, o MEGA y TVN que han tercerizado ciertos servicios como la producción de teleseries). Quizás todo esto podría haber sido diferente si los canales de TV abierta hubiesen tenido que presentar propuestas de contenidos y no sólo propuestas técnicas para obtener estas concesiones digitales.

El caso de TVN, para efectos de entender la importancia de tener y fomentar medios públicos, es aún más catastrófico porque la capitalización de $47 millones de dólares es, básicamente, para invertir en infraestructura para la digitalización. No es para contenidos ni para programación. A su vez los $18 millones de dólares para el canal cultural, o nueva señal 2 de TVN, van en esa misma dirección. La capitalización no resuelve el problema de fondo, que significa entender un medio de servicio público, independiente de los gobiernos de turno y que represente la diversidad cultural y social de los chilenos. El directorio del canal público, por el contrario, sigue respondiendo al cuoteo político del duopolio, por lo que urge transformar el “modelo” de TVN desde su estructura.

La despenalización de las radios comunitarias sin licencia, en otro tanto, es aún una deuda de la democracia, toda vez que la persecución a este tipo de radios fue parte de las concesiones que se dio a la derecha y a la ARCHI a inicios de la transición para atajar el fenómeno de las radios “populares”. Esto quedó consagrado en el artículo 36 b, letra a, de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado el 20 de enero de 1994. La derogación de este articulado ingresó por moción parlamentaria del senador Alejandro Navarro, el 21 de diciembre de 2015, y fue respaldada por el gobierno de la Presidenta Bachelet. Después de dos años y medio, recién esta modificación está en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, aunque con una variación importante del proyecto original, ya que se aumentó de 3 a hasta 50 UTM la cota máxima de multa por operar sin licencia, por indicación de la senadora de la UDI, Ena Von Baer.  Así, quien opere una frecuencia sin concesionar será sancionado con multa de 1 hasta 50 Unidades Tributarias Mensuales y comiso de los equipos e instalaciones utilizados en el ilícito. Si bien se elimina la pena de cárcel, este proceso sancionatorio, que residiría en los juzgados de policía local correspondientes, no es garantista de la libertad de expresión.  Por una parte, Carabineros en la práctica no opera con orden judicial previa para enfrentar “ilícitos” de manera infraganti, como establece la propuesta de modificación legal y, por otra, la multa puede ser excesiva para un actor social sin fines de lucro (más de 2 millones 300 mil pesos si se aplican las 50 UTM), mientras que el comiso de equipos solo se justifica en casos de “delitos” de alta connotación social, como pornografía infantil o narcotráfico. Es decir, las medidas sancionatorias son excesivas para este tipo de hechos que se busca regular, más aún en un contexto de concentración de medios y de desigual repartición del espectro radioeléctrico en Chile.

Raúl Rodriguez, Director Escuela de Periodismo Universidad de Chile

Urge, por otro lado, devolver la tuición ética  a los colegios profesionales, incluyendo por cierto al colegio de periodistas de Chile. El proyecto ingresó al Congreso Nacional el 10 de diciembre de 2009 y continúa, al 4 de enero de 2018, en su primer trámite constitucional en Diputados. De acuerdo a esta iniciativa, los Colegios Profesionales dejarían de ser Asociaciones Gremiales y volverían a ser corporaciones de derecho público, como era antes de 1981, recuperando la tuición ética de sus colegiados.

En otros problemas, con el cierre de la histórica revista Punto Final, no solo vuelve el fantasma de los medios de oposición desaparecidos durante la transición democrática y el sueño de tener un sistema de medios diverso y plural, sino que también la necesidad de reformar la distribución de la publicidad oficial del Estado. La lucha incansable de Punto Final por cambiar los criterios y distribución del avisaje, como una vía, entre otras, de financiamiento, llegó hasta la Corte Suprema, la que rechazó el 22 de abril de 2010 el recurso interpuesto, aunque sí dio lugar a la legitimidad de la demanda. El tribunal consideró que el orden jurídico otorga a los funcionarios del Estado “un amplio margen de discrecionalidad” y recomendó que la inversión de publicidad estatal se haga “bajo criterios transparentes y no discriminatorios”, según recogió la Relatoría de la Libertad de Expresión emplazando al Estado chileno a modificar este cuerpo normativo, por incumplimiento del artículo 13 de la Convención Americana. Hasta la fecha, ni la comisión investigadora del Congreso del 2006 ni la resolución de la Corte Suprema en 2010 ni la indicación presentada por  la bancada comunista e izquierda ciudadana a fines de 2016 para redistribuir el avisaje en el presupuesto de la Nación, han logrado que los distintos gobiernos democráticos cambien las reglas, que claramente benefician a La Tercera y El Mercurio, con aproximadamente el 75% de la publicidad del Estado hasta 2017. En el presupuesto vigente, se logra una sorpresiva modificación del 40% de avisaje estatal que debe ir a medios “claramente” locales.  Sin embargo, nuevamente no se soluciona el problema de fondo respecto a cuáles medios y a qué público dirige su publicidad el Estado de Chile.

Respecto a lo digital, la situación no deja de ser enrevesada. Por una parte se plantea un enfoque que resguarda los derechos de los usuarios de internet, como se contempla en el proyecto de reforma al artículo 19 de la Constitución para garantizar el derecho al acceso a internet y la protección a la vida privada en ambientes digitales. Esta iniciativa, por moción de los senadores Girardi y Ossandón, está en su primer trámite constitucional en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, hasta septiembre del año pasado. Este proyecto choca con otras situaciones relacionadas a privacidad y libertad de expresión en internet, como la nueva legislación de datos personales –particularmente clave en tiempos de economía digital y servicios basados en big data e inteligencia artificial- que se encuentra en trámite. A esto se suman problemas más complejos como la compra del software de espionaje de la empresa italiana Hacking Team por la policía de investigaciones chilena (2015-2016); el decreto, desestimado por Contraloría, de la subsecretaria del Interior que propuso el “decreto espía” para obligar a empresas de telecomunicaciones a retener metadatos de comunicaciones de ciudadanos chilenos; y la investigación de CIPER que denunció  monitoreo y espionaje a periodistas, a través de cuentas de redes sociales y dispositivos móviles, en relación con la arista Antorcha de la Operación Huracán.

Así, desde la crisis que enfrenta la televisión hasta la regulación transparente que debe promover el Estado chileno sobre uso y resguardo de datos personales y la vida privada de las personas,  se convierten en problemas y desafíos del actual gobierno de Sebastián Piñera, en un marco precario de la profesión periodística y del ejercicio de la comunicación, con despidos masivos, cierres de medios y denuncias de hostigamiento laboral, como reveló el reciente conformado sindicato de The Clinic.

Raúl Rodríguez es Director de Periodismo de la Universidad de Chile