Las autoridades actuales que no podrían ser reelectas por violencia de género con la Nueva Constitución

Escrito por el mayo 26, 2022

El borrador contempla que las personas condenadas por delitos sexuales y violencia de género e intrafamiliar no puedan ser escogidas en cargos públicos como autoridades. Si esta medida estuviera vigente, ¿quiénes serían los políticos inhabilitados en la actualidad?

Por Matías Montecinos y Javiera Órdenes

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El pasado 9 de mayo se aprobó el artículo 13 del último informe de la Comisión de Sistema Político y Formas de Gobierno. Este artículo establece que, de aprobarse la nueva Constitución, las personas condenadas por delitos sexuales y violencia intrafamiliar, corrupción y crímenes de lesa humanidad no podrán ejercer cargos públicos.

Las convencionales feministas y organizaciones de la sociedad civil valoraron que se incluyeran las dos primeras exigencias en la nueva carta magna. Desde la Red Contra la Violencia hacia las Mujeres, comentaron que “los agresores de mujeres no pueden ocupar cargos públicos. Cuando esto sucede, el Estado y sus gobiernos locales avalan la violencia hacia las mujeres y contribuyen a la impunidad de quienes nos han violentado”.

En el caso de aprobarse la Nueva Constitución, una cantidad importante de autoridades que han ejercido desde el retorno a la democracia quedarían inhabilitados para ser reelegidos en cargos públicos, así como muchos personajes políticos vigentes.

 

Juan Carlos Reinao

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Esta sería la situación del actual alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao Marilao (Independiente), en la región de la Araucanía. El político fue condenado en abril de este año por acoso sexual contra una exfuncionaria, quien comenzó a trabajar bajo su mando desde 2020.

Según explicó José Rodríguez Moraga, abogado de la víctima, la mujer sufrió de “hostigamientos y conductas vejatorias que atentan en contra de los derechos fundamentales de la persona como llamadas a deshora, después de las 12 de la noche, visitas a su casa de carácter forzado, tentativas de carácter sexual y filtración de documentos de carácter médico”.

Además, el abogado declaró para radio Bío Bío que el alcalde no cumplió con las medidas cautelares establecidas por el Juzgado de Angol. Sin embargo, tuvo que pagar una indemnización de aproximadamente 4 millones de pesos a la víctima.

 

Álvaro Ortiz

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Una situación similar ocurre con el actual alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz (DC), quien fue condenado en 2010 por violencia intrafamiliar, mientras ejercía como concejal y director regional del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) en el Bío Bío.

El Juzgado de Familia de Concepción condenó a Ortiz por los delitos contra su ex conviviente, a quien tuvo que indemnizar con 2 UTM, equivalente a $73.358 en esa fecha. Además, la magistrada Mireya Celis estableció que debía tomar un tratamiento para el control de impulso y agresividad.

Ricardo Rincón

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Otro caso controversial fue el del exdiputado Ricardo Rincón (ex DC), quien fue condenado en 2002 por violencia intrafamiliar. El caso se hizo público en 2016 tras un reportaje publicado en El Mostrador, mientras ejercía su tercer periodo como diputado.

La denuncia fue interpuesta por Carolina Hidalgo, su pareja en 2002, quien acusó agresiones verbales y físicas por parte de Rincón. El fallo del décimo sexto Juzgado Civil de Santiago estableció que el agresor debía asistir a terapia psicológica individual. Sin embargo, no hay documentación que acredite la realización del tratamiento.

Ricardo Rincón renunció a la Democracia Cristiana luego de que se hiciera pública su condena. Esto, tras haber sido presidente del partido en la región de O’Higgins entre 2007 a 2009, y jefe de bancada en el congreso en 2012. En 2021, se presentó como candidato independiente a gobernador por la VI región, sin resultar electo.

 

Óscar Aguilera

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Además de las personas mencionadas anteriormente, condenadas por delitos sexuales o violencia intrafamiliar, existe una larga lista de autoridades con acusaciones que aún no han sido acreditadas por la justicia, como es el caso de Óscar Aguilera (UDI).

Aguilera fue concejal de La Florida en 2016 y lo expulsaron del partido en 2021. Esto luego de que se difundiera la formalización por violencia intrafamiliar en su contra, tras lo que presentó su renuncia al cargo.

Carolina Lavín, Seremi de Justicia y DD. HH, interpuso la querella luego de encontrar un GPS en su automóvil. La Policía de Investigaciones pudo corroborar que Aguilera adquirió el dispositivo, y que la aplicación de seguimiento estaba instalada en el teléfono personal del concejal.

Sabido esto, Lavín confesó que ella y sus hijos sufrían violencia intrafamiliar psicológica en reiteradas ocasiones por parte de su esposo.

 

Detalles por aclarar

Conociendo estos casos, es fundamental considerar el cambio que produciría incorporar este artículo a las normas que rigen la institucionalidad del país. Además, la jurisprudencia deberá determinar qué abarca la violencia intrafamiliar, un término que se encuentra en constante evolución.

Un punto clave que podría agregar nuevos nombres a esta lista es la modificación a la ley N° 20.066, que considera el no pago de pensión alimenticia como violencia intrafamiliar.

En concreto, el artículo 5 de esta ley establece que “constituyen violencia intrafamiliar las conductas ejercidas en el contexto de relaciones afectivas o familiares, (…) tal como el incumplimiento reiterado del deber de proveer alimentos, que se lleven a cabo con el propósito de ejercer control sobre ella (su familia), o sobre sus recursos económicos o patrimoniales, generar dependencia o generar un menoscabo de dicho patrimonio o el de sus hijos e hijas».

De ser aprobada la Nueva Constitución, se necesitará una reunión en el Congreso, donde se determinarán los detalles tales como los plazos de inhabilidad o a qué cargos afectará.

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