La sistemática violencia de Carabineros a niños, niñas y adolescentes desde la revuelta popular
Escrito por José Ojeda el octubre 8, 2020
Las y los estudiantes secundarios fueron parte importante del comienzo de la revuelta popular en octubre del año pasado con los llamados a evasiones masivas en el Metro de Santiago. Especialistas y estudiantes señalaron que las violaciones a los derechos humanos de NNA han sido un eje fundamental de parte del actuar de Carabineros desde ese momento.

Foto: RadioUChile
Luego de la violencia policial dada el pasado viernes, que tuvo su punto álgido con Sebastián Zamora -ahora ex funcionario de Carabineros- arrojando a un adolescente de 16 años al río Mapocho, confirmó el cuestionamiento a esta institución por la persecución y violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en contexto de revuelta popular.

Estudiantes secundarios
De acuerdo a los reportes publicados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), desde el 18 de octubre han sido detenidos cerca de 21 mil niños, niñas y adolescentes en diferentes manifestaciones.
La directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU), Francis Valverde, señaló que: “El tema de la represión policial es un tema de larga data en Chile en todos los Gobiernos y que se ha exacerbado, evidentemente, hacia los jóvenes porque son ellos y ellas las que han sido la punta de lucha de cambio y transformación de esta sociedad. Entonces, evidentemente aparece muy brutalmente la represión como una única forma de respuesta por parte del Estado hacia las y los jóvenes”.
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Francis Valverde también apuntó al Gobierno de Sebastián Piñera y el respaldo que se ha dado a Carabineros, a pesar del evidente actuar que han tenido en este último año especialmente.
“Ya no se puede decir que es el actuar de uno de ellos que no tomó ni leyó el protocolo, que no siguió el procedimiento. Cuando no hay consecuencias ante el actuar de Carabineros, en este caso de la dirección de Carabineros, cuando el ministro del Interior dice que siempre los apoyará, evidentemente uno podría decir que hay una violación sistemática a los DD.HH. de NNA”.
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Disparos hacia estudiantes dentro del Liceo 7
Uno de los hechos más recordados de violencia policial y vulneraciones a los DD.HH. de NNA fue lo que ocurrió el martes 5 de noviembre en el Liceo 7 de Santiago, luego de que Carabineros ingresó al establecimiento educacional y lanzó gases lacrimógenos y perdigones, hiriendo a dos estudiantes.
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Para la ex estudiante del Liceo 7 y vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) del 2019, Valentina Miranda, estos actos fueron consecuencia de todo un año en donde el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, criminalizó y persiguió políticamente a estudiantes secundarios utilizando la Ley de Aula Segura.
Junto a ello, aseguró que la directora del liceo, Denise Berenguela, fue quien autorizó la entrada de Carabineros al lugar, y hasta el día de hoy no ha asumido la responsabilidad frente a estos actos.
«Se excusó (Berenguela) un montón de veces, pero ella tiene una responsabilidad como directora de un establecimiento y todas las decisiones que se tomaron. Ni siquiera fue capaz de llamar a las apoderadas de la estudiante afectada y pedir una disculpa correspondiente. Creo que deja mucho que decir respecto de la política utilizada en los establecimiento educacionales, que es una política de separar a las manzanas podridas de las buenas como dijo Alessandri en su momento”.
“Lamentablemente, tiene a los colegios de Santiago en una decadencia extrema de discriminación, vulneración de derechos, y creo que costará mucho que se solucione esto. Es una herida gigante al sistema educacional«.
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El carabinero que realizó los disparos era Humberto Tapia, quien fue formalizado y quedó en prisión preventiva por este caso y otro en el que hirió con un disparo a otro adolescente de 16 años el 19 de octubre. Sin embargo, la Corte de Apelaciones decidió cambiar la medida cautelar por arresto domiciliario total a principios de marzo.
El académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile e integrante del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), Juan González, indicó que detrás de estas constantes vulneraciones y violencia hacia NNA está la pretensión por generar traumas y desarticular al movimiento social.
“Aquí se busca hacer una práctica sistemática de amedrentamiento y de trauma psicosocial para que los jóvenes no participen, para que retrocedan en su iniciativa de denunciar los males del modelo y comprometerse con ello. Por eso cuando uno sale y ve este ensañamiento hacia, particularmente, estudiantes secundarios, se pregunta qué busca el Estado: ¿Netamente castigar o amedrentar? Nosotros creemos que aquí hay una política sistemática que busca desarticular al movimiento estudiantil sobre la base del miedo y el terror”.
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Persecución política y policial
En la noche del martes 22 de octubre, a pocos días de iniciada la revuelta, Valetina Miranda, Pablo Ferrada y Anaís Pulgar fueron detenidas/os ilegalmente por la policía luego de un cacerolazo en Santiago Centro.
23:25 | #teleSUR_informa: Ñuñoa, Santiago de Chile. Hace minutos. Vecinos registran cómo las fuerzas de seguridad se llevan con violencia a Valentina Miranda y Pablo Ferrada, dos dirigentes estudiantiles que estaban en su domicilio @teleSURtv pic.twitter.com/fPqZi7hXXj
— Radio JGM (@JGMRadio) October 23, 2019
La ex dirigenta de la Cones manifestó que el actuar de Carabineros fue violento y arbitrario, llevándolas desde el interior del edificio en el que se encontraban. Recordó que quienes la detuvieron eran de una comisaría de menores y no fueron identificados al momento de llegar. Valentina era mayor de edad en esos momentos, pero cree que se la llevaron porque pensaron que aún era adolescente.
Tras esto, la ex vocera presentó una querella criminal en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por secuestro y persecución selectiva por parte de Carabineros. No obstante, el proceso judicial no ha avanzado desde el año pasado.
«Obviamente hubo una persecución política. A nosotros media hora antes de la detención nos sacaron fotos, nosotros nos dimos cuenta, pero no habíamos asumido que era un paco infiltrado, pero así fue y lamentablemente hoy no hay ningún avance con respecto a lo judicial. Creo que todas las personas involucradas estamos a la espera de que los pacos nos den una respuesta clara y la fiscalía igual. Pero eso en Chile se demora años”.
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Secundarias/os en el inicio de la revuelta
Hace casi un año comenzaron las evasiones masivas en el Metro de Santiago frente al alza de los pasajes, lo que fue rápidamente reprimido y criminalizado por parte de los medios de comunicación y el Gobierno.
Especialistas y estudiantes concuerdan en que este fue un punto de inflexión de la protesta social, y la respuesta del Estado fue represión y vulneraciones sistemáticas a los DD.HH. de las y los jóvenes que participaban activamente de las movilizaciones.
El integrante de OPECH, Juan González, puntualizó que: “No es menor que los estudiantes secundarios de la escuela pública hayan sido los primeros que se levantaron, no sólo contra el alza del pasaje, sino que también frente a la crisis de la educación pública (…) Han sido los jóvenes los que se han levantado en su defensa. Por ello han sufrido esta brutal criminalización que se ha agudizado”.
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Por su parte, el vocero de la Federación de Estudiantes de Estación Central (FEEC), Franco Oyarzún, sostuvo que: “Creemos que se ha vivido una violencia sistemática, una represión policial y violaciones a los DD.HH. que se ha focalizado en todas y todos los estudiantes del país. Esto no sólo debido a las evasiones masivas vividas al inicio de la revuelta, sino que debido a que todos los liceos que combaten ante este sistema neoliberal y educación de mercado, son estudiantes combatientes, se organizan y no le tienen miedo a la revolución. Por lo mismo, el Estado necesita reprimirlos”.
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Han habido diferentes casos de persecución política a estudiantes y adolescentes movilizados. A mediados de agosto, un funcionarios de la Municipalidad de Santiago llegó a la casa de una estudiante secundaria que estuvo en la toma del Demre preguntando si es que aún vive en ese lugar. La madre de la joven, Carmen Muñoz, se contactó con el municipio y esta visita se debía a un convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito, lo que no fue aclarado por el alcalde Alessandri.
A 10 días de que se cumpla un año del comienzo de la revuelta popular, la FEEC llamó a estudiantes secundarias/os, organizaciones estudiantiles, vecinas y vecinos, pobladoras y pobladores del cordón poniente a marchar el 18 de octubre desde Las Rejas hasta Plaza Dignidad.
Son miles los adolescentes, niños y niñas que han sido víctimas y testigos de violencia perpetrada por agentes policiales en nombre del estado. Los efectos en estas generaciones y la proyección de éstos en la futura participación ciudadana y comportamientos políticos, aún no pueden ser medidos, pero seguro serán huellas profundas que marcarán cicatrices para nuevos horizontes de transformación.
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