Con los candidatos divididos entre fortalecer el Estado o profundizar la externalización de servicios, quienes sostienen la red pública de salud advierten que la crisis sanitaria no ocupa el mismo espacio que la seguridad dentro de las campañas y propuestas presenciales.

     –Por Amanda Cartes Cruces

La campaña presidencial entró en un nuevo nivel de tensión tras la negativa de José Antonio Kast de participar en el pasado debate de Mega, un gesto que removió el clima político justamente en un tramo de gran importancia para la segunda vuelta. Con una visita del candidato al barrio Franklin no muy bien recibida por la propia población de esa zona, Kast consigna en su propuesta la “mano dura”, “tolerancia cero» y “orden”. Por otro lado, Jeannette Jara se posiciona con una propuesta y visión mucho más social, que parece ser insuficiente en materia de los derechos de los trabajadores. Mientras se da esta batalla entre los candidatos, una noticia pasa desapercibida: el Colegio Médico advierte que los hospitales públicos podrían quedarse sin recursos operativos para los últimos meses de 2025, algo que ya sucedió en 2024. Si bien es algo que parece un problema del actual gobierno, la salud pública y sus deficiencias no son un problema actual, sino que es un problema estructural.

Sistema público sin recursos

El debate público parece mantenerse dentro de los mismos ejes: la delincuencia, la seguridad y la migración. La televisión sigue presentando estas consignas a una población que se asusta con solo salir a la calle, pero, mientras tanto, a solo algunos kilómetros y lejos del ruido de la campaña y los estudios de televisión, las urgencias de los hospitales tienen otro rostro: funcionarios agotados, listas de esperas terminales y pacientes que esperan durante años por una atención pública que muchas veces llega, pero demasiado tarde.

En medio de una polarización política marcada, el gobierno de Gabriel Boric se enfrenta a sus últimos meses, quien ha intentado defender su gestión mediante medidas como el “copago 0” o el constante aumento del presupuesto sanitario. Pero, según los distintos gremios que representan a los funcionarios de la salud, las cifras oficiales esconden una realidad mucho más compleja: un sistema público que viene arrastrando brechas estructurales, acumuladas durante años, inclusive décadas de desinversión y privatización. Es por esto que para estas personas las gestiones realizadas por el actual gobierno, son importantes y necesarias, pero no suficientes para contener un problema tanto sanitario, como social y que es profundamente político.

Salud mental: La crisis silenciosa

“La salud mental se transformó en una pandemia”, dice Ricardo Ruiz, presidente nacional de la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Profesionales de la Salud y Técnicos de la Salud de Chile (Fenats Unitaria), organización que agrupa a más de 30 mil funcionarios del sistema público. “En Chile cada seis o siete horas alguien se quita la vida y nadie habla de eso. Imagínate lo que significa dentro del microclima hospitalario, donde atendemos a la gente, pero trabajamos tensionados, sin recursos ni insumos”, sostiene para este reportaje.

Su diagnóstico es duro y explica que el actual deterioro del sistema de salud público no se soluciona con leyes parche y momentáneas. Chile enfrenta tasas de depresión, ansiedad y suicidio que se mantienen altas desde la pandemia y los equipos de salud mental trabajan con recursos claramente insuficientes.

El presidente de la Fenats Unitaria señala que este escenario se repite desde Arica a Magallanes, siendo completamente transversal: infraestructuras en crisis, funcionarios agotados y turnos que sobrepasan las doce horas diarias. Sin intenciones de justificar, pero con ganas de entender, Ruiz explica que “el hospital no tiene recursos ni personal suficiente. Eso genera frustración, tensión y, a veces, agresiones contra los funcionarios, pero esa violencia viene de la impotencia de no poder ser atendidos”.

Un problema político

Su visión no es netamente presupuestaria o monetaria, ni meramente técnica, es mucho más política. Ruiz sostiene que “la salud no es un problema médico, es un problema político. En Chile el 70% de los trabajadores gana entre 500 mil y 700 mil pesos, eso también es salud: comer mal, vivir estresado, enfermarte. Pero como vivimos en una sociedad neoliberal, la salud no es un derecho, es solo un acceso”.

Por otro lado, la vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) y ex presidenta de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) Gabriela Farías, observa con preocupación cómo la discusión política se ha estrechado en torno a la seguridad, dejando fuera temas sustantivos como salud, educación o trabajo digno. “Mientras el debate público gira en torno al miedo a la delincuencia, la salud queda relegada a un lugar marginal dentro de las campañas” asegura. Para ella, la falta de propuestas sólidas en materia de sanidad hace mucho más evidente la desconexión de los actuales candidatos, quienes no asumen la complejidad del problema y apuestan por medidas rápidas o de mercado que no se ajustan a la realidad de la salud en Chile.

Farías apunta que el núcleo de la crisis no es más ni menos que la propia precarización laboral. Muchos trabajadores del sistema público siguen contratados a honorarios o contrata, sin estabilidad ni carrera funcionaria. “No se construye un sistema robusto con trabajadores que no tienen garantizados sus derechos básicos”, dice. Y agrega algo aún más crítico: “Un hospital puede tener buenos equipos, pero sin personal estable, simplemente no funciona”.

Elecciones 2025: propuestas de candidatos

En un ambiente sumamente polarizado, Jeannette Jara Román abogada y administradora pública, ex ministra del trabajo, militante del Partido Comunista y candidata de la izquierda chilena, obtuvo el primer lugar con 26,8% del total de los votos, mientras que José Antonio Kast, abogado, ex diputado y fundador del partido de ultraderecha Republicano pasó en segundo lugar con el 23,9% de los votos. Mientras Jara busca robustecer el sistema público como columna vertebral para garantizar acceso universal, Kast apuesta por una estrategia de externalización que descomprime la red estatal a través del uso intensivo del sector privado.

La candidata del PC por su parte pone el acento en fortalecer la red pública mediante una estrategia para reducir listas de espera con horarios extendidos, sistema de acompañamiento, incorpora medidas para personas mayores como ampliar el GES dental, implementar atención domiciliaria y la creación de 25 nuevos Centros de Salud Mental Comunitarios (COSAM) junto con la regularización de los precios de medicamentos esenciales y la limitación del uso de UF en cobros relacionados a la salud. Su propuesta tiene como enfoque principal la ampliación y profundización del rol del Estado en la salud. Por otra parte, el candidato republicano plantea que la salud debe tomar un giro hacia el sector privado a través del “Plan Zero” promete eliminar listas de espera derivando casos hacia el sector privado, priorizando situaciones urgentes. Su propuesta incluye fortalecer el ministerio de salud para mejorar la coordinación y calidad del sistema, además de impulsar políticas públicas de integración bajo el eje de “A Mover Chile”.

El dilema de externalizar la crisis

Según cifras oficiales, las listas de espera al primer trimestre de 2025 superan los 2,6 millones de personas a la espera de consultas y cirugías. Aunque actualmente se han enfocado en aumentar el presupuesto, los gremios insisten que los recursos son insuficientes ante décadas de abandono.

El malestar gremial y de los propios funcionarios de la salud no es nuevo, pero es en este clima electoral que sus dilemas tienen un nuevo impulso. A inicios de 2025 distintos sindicatos de salud, emplazaron al gobierno y el ministerio a cumplir los compromisos del programa de gobierno, especialmente en materia de estabilidad laboral y carrera funcionaria. “Llevamos tres años de conversaciones que no llevan a ninguna parte, con autoridades que no muestran voluntad de avanzar pese a los compromisos iniciales de este gobierno “, indicó Gabriela Farías, cuando era presidenta nacional de la Fenpruss, mientras que un comunicado en conjunto con la Confedeprus y otras federaciones señala que “el equipo de salud merece respeto y ser tratado con dignidad”.

Privatizar no es la solución

Desde la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (Confedeprus), su presidenta Camila Fuentevilla, profundiza esta lectura desde la perspectiva de los profesionales universitarios. Ella comenta que los programas de algunos candidatos para la segunda vuelta prometen fortalecer la eficiencia derivando de manera masiva al sector privado, pero ningún país con sistemas universales de salud ha resuelto sus problemas estructurales externalizando servicios de manera permanente: “Las clínicas privadas no pueden sostener la carga de millones de prestaciones. No están diseñadas para eso, además, cuesta tres veces más”, afirma.

Para Fuentevilla existe un riesgo político y técnico en la idea de “lista de espera cero” mediante convenios con prestadores privados: se genera una expectativa imposible de cumplir, mientras se sigue debilitando al sistema público. “Va a fortalecer el vínculo público-privado y no fortalecer las condiciones laborales, sin invertir más en hospitales, ni construir más establecimientos de salud, eso efectivamente va a redundar en una precarización del sector”, agrega. En su diagnóstico, la solución pasa por aumentar la planta hospitalaria, fortalecer la carrera funcionaria, mejorar las condiciones laborales y asegurar financiamiento estable para infraestructura y equipamiento.

Desde la CUT, la vicepresidenta dice que “si le pusieras ese mismo dinero al sector público, este se fortalecería y podría resolver muchísimas más cosas”. Es decir, si el mismo dinero que costara mover la lista de espera al sector privado, fuese utilizado en el sector público para la propia agilización de este sistema, podría fortalecer y resolver ciertas deficiencias existentes en el mismo. 

Presión política, deuda y riesgo de colapso

La advertencia del Colegio Médico sobre el posible agotamiento de recursos operativos es la forma más clara de expresar como esto es la acumulación de años, donde distintos gobiernos han prometido cambiarlo o reducir estos problemas, más sólo han implementado soluciones parches. El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Iván Flores, lo sintetizó con dureza: el sistema “no solo está mostrando las costillas, está empezando a colapsar”.

Lo que está en juego actualmente no es solo el mero funcionamiento de los hospitales, sino que la estabilidad de la atención médica, urgencias y la propia subsistencia de los trabajadores del sistema público, y por supuesto de la salud. En plena campaña presidencial esto parece quedar al margen, olvidado, pero para aquellos que trabajan diariamente con turnos agotadores dentro del sistema, es una urgencia que no debe ser ignorada. A días de la segunda vuelta, los trabajadores de la salud coinciden que el debate público no está dando énfasis al verdadero dilema que enfrenta el país, cayendo en temas como seguridad y delincuencia, que, si bien es importante solucionar, no es lo único en lo cual nuestro país es deficiente.

Ningún proyecto está exento de deudas, ni mucho menos pueden solucionar todos los problemas del sistema público que se llevan arrastrando durante años, pero los gremios coinciden y advierten que seguir debilitando este sistema, conlleva riesgos demasiado altos, más en contextos donde existe una creciente demanda sanitaria y crisis financiera. Para ellos es momento de decidir si Chile avanza hacia un sistema universal robusto, con el fortalecimiento del Estado o si continua por un camino fragmentado y desigual.

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