La pena de muerte: Una realidad del siglo XXI

En los últimos días, el caso de Felipe Osiadac y Fernando Candia, los chilenos detenidos en Malasia por el asesinato de una persona en la entrada del hotel donde se alojaban, ha hecho noticia ante la cobertura del proceso judicial que enfrentan y del que arriesgan una sentencia de muerte.

La situación de Osiadac y Candia deja ver una realidad en los tiempos actuales en que la pena de muerte aún se mantiene vigente, pese a la existencia de tratados internacionales que abogan por la defensa de los Derechos Humanos, pero que en la mayoría de los casos responde a una concepción ideológica-religiosa.

Según el informe realizado por Amnistía Internacional y que recopila información sobre las ejecuciones y condenas a muerte dictadas entre enero y diciembre del año pasado se registraron 993 muertes, una reducción del 4% en relación al 2016. China, Irán, Arabia Saudita, Irak y Pakistán encabezan la lista de los países que condenan a muerte, estos últimos obedeciendo a la sharia, la ley islámica en la que se fundamenta parte de sus códigos penales.

La fuente de derecho islámica plantea que el homicidio es el crimen más grave que se puede cometer, pues se entiende que la acción de matar a una persona se iguala a matar a toda la humanidad. En este sentido, el derecho a sangre -como lo llaman- admite la demanda por la pena de muerte, sin embargo son las autoridades quienes finalmente deciden la sentencia a partir de las circunstancias de cada caso.

En la situación de los chilenos, el testimonio del recepcionista que fue testigo de lo que ocurrió es clave en el alegato de que el homicidio fue un accidente y que se actuó en legítima defensa, lo que les permitiría a Osiadac y Candia sortear la pena de muerte entendiéndose que no hubo intención de matar a la víctima.

Por su parte, el sistema chino que lleva a cabo el mayor número de ejecuciones en el mundo, impone esta sentencia en aquellos delitos considerados graves como el tráfico de drogas, el proxenetismo, la violación, la conspiración y la corrupción.

Así fue lo ocurrido con Ismael Arciniegas Rivera, un colombiano condenado a muerte por portar 4 kilos de cocaína destinada para la comercialización, y que pese a la labor realizada por la Cancillería de Colombia, no se pudo salvar.

Al respecto, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Pena de Muerte del año pasado, instó a los países abolir la pena capital, ya que ésta no contribuye a reducir los crímenes, ni es de ayuda para la víctima o su familia. A esto se suma la posibilidad de error durante un juicio o la falta de transparencia que se genera en el contexto de la ejecución. De una u otra forma, las ejecuciones siguen siendo practicas arcaicas que desembocan en graves violaciones a los derechos de humanos y que atenta contra uno de los principales compromisos del nuevo milenio.