La larga noche de Iguala: a 8 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, México

El 26 de septiembre del año 2014 fueron desaparecidos 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. A ocho años de su desaparición forzada desde la Radio JGM nos enlazamos con México para conocer lo que viven los padres y madres de estos jóvenes y preguntamos cómo esto cambió a la sociedad mexicana. 

Por: Javiera Barría, Fresia Ramírez y Joceline Videla

Los “43”. Así se conoce el caso que develó a la sociedad mexicana las masivas desapariciones que estaban ocurriendo en el país latinoamericano, que desde algunas hipótesis, se habla que está en directa relación con la militarización del país desde el año 2006 y la política impulsada por el ex presidente Felipe Calderón con la  “guerra contra el narcotráfico”.

Aquella noche de septiembre del 2014 y los siguientes días desde la desaparición de los normalistas, abrieron reflexiones que aún no cesan para las y los mexicanos, menos cierran las desazón de los padres y madres de los normalistas desaparecidos, quienes a 8 años de los sucesos no abandonan la presunción de vida de sus hijos.

Un caso que sin duda ha marcado al país y al mundo, desde el epicentro de la injusticia reciente: la escuela normal Raúl Isidro Burgos,  donde para quienes estudian ahí hoy, «hay 43 butacas esperándolos de sus hermanos desaparecidos», dicen los padres.

Viernes 26 de septiembre de 2014: “Dos octubre no se olvida”

Cada año los normalistas rurales, entre otros jóvenes mexicanos, se autoconvocan para conmemorar la masacre de Tlatelolco ocurrida el 02 de octubre de 1968. La fecha recuerda la protesta estudiantil que reunió a miles de personas en la plaza de las Tres Culturas, ubicada al norte de la capital mexicana, la que terminó con cientos de jóvenes acribillados por el Ejército mexicano y un grupo paramilitar dedicado a infiltrarse y sabotear este movimiento.

A la fecha aún se desconoce el número de personas asesinadas; al lugar no sólo habían llegado jóvenes, sino que familiares, maestros, trabajadores y simpatizantes del movimiento que demandaba mayores libertades y derechos en un contexto de represión y autoritarismo. El 2005 se reconoció como un genocidio y crimen de lesa humanidad.

Este suceso movilizó, como cada año, a los normalistas de Ayotzinapa a desplazarse hasta Ciudad de México, para asistir a la marcha. La forma de hacerlo era conocida: tomarse un par de  autobuses, llevarlos hasta la capital, regresar y devolverlos. Pero esa noche se tomó el “camión”, equivocado.

Clemente Rodriguez, padre de Cristian, uno de los normalistas desaparecidos, comenta la importancia de la fecha para los estudiantes: “(el) 02 de octubre se asume como un compromiso”, pues al estudiar en la normal de Ayotzinapa se establecen deberes con las luchas sociales, pero que se abordó “un camión equivocado, lleno de droga, lleno de armas”, que es la hipótesis que más le hace sentido tras las investigaciones hechas por el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI).

A pesar de que en las primeras informaciones se hablaba de un enfrentamiento, en donde se estigmatizaba a los normalistas por los medios de comunicación, llamándolos “Ayotizinapos” (término despectivo), los sucesos tomaron un giro al difundirse la fotografía del cadáver de Julio César Mondragón, uno de los tres normalistas encontrados muertos.

Ane León,  acompañante de familiares de desaparición, asesinato y feminicidio de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y especialista en Estudios Latinoamericanos, recuerda como eso marcó la movilizaciones. “Nos dimos cuenta que estábamos frente a una situación descomunal fue justo cuando se viralizó la fotografía del cadáver de Julio César Mondragón, uno de los normalistas. Me acuerdo que esa fotografía del desollamiento,  que la vimos un chingo de personas y dijimos ‘esto no está bien, esto no está hablando de otra cosa’”.

La imagen del cuerpo sin rostro del estudiante desató la protesta. Comenzaron las movilizaciones en varios puntos del país y el mundo,  y los padres y madres de los normalistas iniciaron un camino que hasta hoy no tiene final.

Vivos se los llevaron, vivos los queremos

Blanca se conecta con nosotras por videollamada, está junto a Carmelita, ambas madres de los normalistas Jorge Álvarez y Jorge Aníbal Cruz, respectivamente. Ellas junto a otros familiares desde la noche de la desaparición cambiaron sus vidas, emprendiendo una largo trayecto por justicia y verdad. «Son 43 vidas, 43 hijos que nos hacen falta en casa. Que esto no se vuelva a repetir, queremos justicia por nuestros hijos», dice Blanca.

Por su parte Carmelita nos comenta que la familia creció, como suele pasar en medio del dolor de un pueblo. “Todo se empezó a mover, empezamos a protestar y a buscarlos y exigírselos al gobierno. Así empezamos». Y con sus siete hermanos, Carmelita buscó.

También lo hizo Blanca, que hasta con vecines salió a exigir y a buscar. «Hubo mucha gente que se unió, hay una policía comunitaria que apoyó mucho y varios familiares de todos nuestros hijos desaparecidos estuvieron en Iguala buscando en los cerros y lugares cercanos», señala.

El esposo de Blanca anduvo en minas, cerros y donde lo llevaran sus cansados pies sin respuesta. Hubo un tiempo en que el gobierno se lo llevaba a los cerros. Más de una vez, en la desesperación, le gritaba desde el helicóptero hasta que no le quedaba voz. Jorge podía estar por ahí, y si estaba, él se encargaría de que lo escuchara. Lamentablemente ese tipo de búsqueda no prosperó.

Mientras él estaba dirigiendo búsquedas, ella estaba en la calle. No han parado ni lo piensan hacer, aún buscan a sus hijos con vida. «No es que yo sea una necia y que no quiera aceptar que mi hijo está muerto, pero yo sé que no hay prueba. Mientras yo no tenga una prueba de que mi hijo está muerto, yo lo sigo esperando vivo y por eso voy a seguir luchando», recalca Blanca.

La “verdad histórica”

Tras las presiones en las calles y la mirada atenta internacional, el presidente de ese entonces, Enrique Peña Nieto,  se vio obligado a investigar sobre lo sucedido en Iguala. De esta manera se creó la llamada “verdad histórica”, la cual involucraba a los estudiantes con el grupo narcotraficante “guerreros unidos” y señalaba que los 43 habían sido quemados en un vertedero.

La versión entregada por la Procuraduría General de la República (PGR) en enero del año 2015, según lo que hoy desde el nuevo gobierno se señala, es que trató de proteger los vínculos entre autoridades políticas, grupos militares y policiacos y organizaciones narcotraficantes.

El actual presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, Alejandro Encinas, declaró que  “la creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen, se trató de un crimen de Estado”

Fue una complicidad de la policía estatal, la infantería del Ejército, la Marina, la Procuraduría General de la República. «Ellos se reunieron, federales, policías, estatales, residentes, policías, gobernadores, y todo el conjunto de gobierno a planear a cómo nos iba a dar esa verdad ¿para qué? para que nosotros no siguiéramos en la calle. Les vamos a inventar esto ¿para qué? para que no sigan. Pero nosotras como madres nunca nos pudieron engañar», afirma Blanca, sobre lo que llamaron «verdad histórica». Diciendo que ellas nunca creyeron aquello.

Además de la falsedad de muchas de las pruebas entregadas y los testimonios tomados bajo tortura, una de las grandes fallas de la “verdad histórica” que puntualiza Ana León es que no se socializó previamente con los padres. Recuerda a uno de ellos decir «como es posible que nos enteremos de esa verdad histórica al mismo tiempo que todo el mundo se enteró».

Fue el Estado: las conformación de GIEI (informes)

En marzo de 2022 un tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reveló importantes hallazgos acerca de la desaparición de los 43 normalistas en 2014, revelaciones que situaron a instituciones del Estado en la participación en los hechos.  

Junto con confirmar el levantamiento de la llamada ”verdad histórica”, el tercer informe del Grupo confirmó la participación del Ejército a través de infiltrados en las jornadas de manifestaciones, quienes realizaron un seguimiento previo y, luego en tiempo real, de las actividades que ocurrieron en la escuela Isidro Burgos en Ayotzinapa.

No solo lo anterior resultó revelador ya que además se dieron a conocer videos grabados con drones en el que se ven a “elementos” de la marina manipulando evidencia en el basurero de Cocula, diligencia que no figura en el expediente judicial. Asimismo, el informe dio cuenta de una investigación paralela por parte de las Fuerzas Armadas que no fue informada ni a la justicia ni a las familias.

Este hermetismo llamó la atención, sobre todo, luego de que en 2018 el presidente López Obrador exigiera vía decreto que se entregue toda la información a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), sin embargo, esto no se realizó de forma expedita y se apuntó al Ejército como el principal obstructor de la medida.

Así las cosas, el lento avance en la investigación y la importancia de los hallazgos del GIEI se conjugaron, presionando al gobierno del presidente mexicano para que tome cartas en el asunto de forma definitiva.

Ante este escenario, en agosto de este año el gobierno de López Obrador dio a conocer un categórico informe en el que, además de confirmar las observaciones del GIEI, se reconoce que la desaparición de los 43 de Ayotzinapa “constituyó un crimen de Estado”.

Además de confirmar la relación del crimen organizado con agentes del Estado en los hechos, así como también, la negligencia de autoridades de las más altas esferas de poder, y, el conocimiento en todo momento de las autoridades federales, estatales y municipales de la desaparición de los normalistas; el informe desmiente una serie de afirmaciones que iban en la línea de establecer la tan cuestionada “verdad histórica”. 

Políticamente vivos: +43

Tras reconocerse el caso de Ayotzinapa como un crimen de Estado, tanto por los informes de GIEI y el primero entregado por el gobierno de Andrés López Obrador, abre las preguntas sobre la implicación del Estado en otros casos de desapariciones en México.

León reflexiona que  “los 43” posibilitaron, lamentablemente,  que en el país se hablara de desaparición forzada y por las condiciones existentes para que un hecho así ocurra. A esto último, se apunta al ex presidente Felipe Calderón, quien militarizó el país el año 2006 con el fin de de hacerle “la guerra al narcotráfico”.

El ejecutivo proveniente del Partido Acción Nacional (PAN) aumentó los asignaciones al ejército, lo que también habría hecho incrementar las desapariciones. “La desaparición está ligada con los grupos de narcotráfico, pero en estos contextos de militarización lo hace más complejo, entonces, ahí 2007-2008 comienza el incremento de desapariciones” indica León.

Por otro lado, los familiares de Ayotzinapa lograron que hubiera investigaciones independientes, que las búsquedas de personas desaparecidas fueran con presunción de vida, así también, se visibilizó a otras agrupaciones y colectivos que estaban tras este tema, de manera que también se crearon las caravanas de búsqueda mixtas: en fosas terrenos, iglesias, etc.

En la actualidad existen 105.845 desaparecidos en México, cifra en aumento. En  Fiscalía hay una unidad especial para Ayotzinapa, pero aún se desconoce el paradero de los estudiante. Por parte del gobierno ha creado una Comisión Nacional de Búsqueda, con sus respectivas oficinas locales, sin embargo esto no se ve con tan buenos ojos ya que se ha mantenido la entregada de un mayor poder a la guardia nacional, policía mexicana para control civil.

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