La impunidad de facto en el Gobierno de Piñera

Dos indultos a criminales de la dictadura fueron entregados hace unos días por el Gobierno de Sebastián Piñera, instalando nuevamente la alerta por la impunidad en medio del nombramiento de Víctor Pérez como ministro del Interior y la postulación de Raúl Mera a la Corte Suprema.

Críticas y rechazo ha sumado el indulto otorgado por el Gobierno a dos criminales de lesa humanidad internos en el penal Punta Peuco hace unos días. De acuerdo a los antecedentes entregados, estos indultos fueron dados a Raúl Rojas Nieto y Víctor Mattig, condenados por el caso Caravana de la Muerte y secuestro, respectivamente.

Ante esto, organizaciones en defensa de los derechos humanos han señalado que es una muestra más de impunidad, mientras que el académico de la Universidad de Chile, Claudio Nash, ha puntualizado a que esto responde a una “impunidad de facto” instaurada por el Gobierno.

Esta situación se da en el contexto del proyecto de “Ley Humanitaria” que aún está en trámite en el Congreso, y que fue ingresado por Sebastián Piñera en 2018. La iniciativa ha sido fuertemente criticada por parlamentarios ante la posibilidad de favorecer a condenados por delitos de lesa humanidad.

La presidenta de Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, indicó que Piñera no ha respetado los tratados internacionales sobre el tema y que estos indultos han sido una ofensa para las y los familiares de las víctimas de la dictadura.

“Estamos en alerta en esta campaña que ha mantenido en su Gobierno Sebastián Piñera en dar impunidad a estos criminales que no se han arrepentido, que no han pedido perdón y que tampoco han cumplido los tiempos que ameritan a los beneficios que le dan, porque ellos no lo tiene, que son beneficios carcelarios para presos comunes y no para delitos de lesa humanidad. Piñera no estima, respeta o acata los tratados o convenios internacionales”, alertó.
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Por su parte, el integrante y sobreviviente de la familia Gallardo Moreno del montaje Rinconada de Maipú y miembro de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, Alberto Rodríguez Gallardo, recalcó el corto tiempo que estuvieron presos estos criminales, sumado a la falta de arrepentimiento y colaboración en las causas por las que se les procesó.

“Estos elementos que son sustanciales para obtener los beneficios carcelarios no se han dado bajo ninguna circunstancia, y es un llamado preocupante. Esto, porque durante esta administración, en temas que van más de 45 años desde los crímenes cometidos, se debería avanzar en verdad y justicia, y las señales que ha dado este Gobierno son realmente en el sentido contrario. No es avance en verdad y justicia, es avance en impunidad”, expresó.
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Por su parte, el representante de familiares de las víctimas de la Caravana de la Muerte, Cristian Cruz, apuntó a la falta de justicia en esta decisión y en el trato desigual que existe en comparación con los presos/as sociales. 

“Mientras para el resto de la sociedad, cometer un crimen significa una situación de descrédito y desprecio, muy por el contrario en las instituciones armadas y castrenses, en donde los trataron como si esos crímenes fueran meritorios (…) Es muy distinto a cómo el mundo civil ve los crímenes. No puede haber un premio, y eso es lo que dentro de la carrera militar sucedió con estos sujetos. Por ello, obviamente hay una profunda desigualdad y una falta de sentido de justicia en la decisión del Presidente, en donde además no fueron escuchados los familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos, solo los organismos castrenses y los cómplices pasivos de la dictadura”.
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Los presos de la revuelta

Esta realidad se contrasta con, por ejemplo, la de las y los presos políticos de la revuelta popular. A casi nueve meses del 18 de octubre, una gran cantidad de personas encarceladas por manifestarse en las calles siguen tras las rejas a la espera de la revisión de sus prisiones preventivas.

Frente a este escenario, la abogada de la Coordinadora 18 de Octubre, Claudia Rodrigo, sostuvo que los criminales de lesa humanidad se encuentran en una situación mucho más favorable que la población penal en general, quienes están en condiciones de hacinamiento que han sido señaladas como una “bomba de tiempo” por especialistas en medio de la crisis sanitaria.

“Tienen acceso a la salud en buenas condiciones y tratamientos médicos. (El indulto) parece un hecho político de mayor gravedad por diferentes razones. Por un lado, existen muchos presos y presas de la revuelta y presos políticos en general, incluso algunos condenados por la justicia militar, también con problemas de salud, y el Presidente no ha mostrado consideraciones humanitarias para con ellos, sino que muy por el contrario”.

Vínculos con la dictadura 

En medio de este escenario de entrega de indultos a criminales encerrados en Punta Peuco, el mundo social ha puesto sus críticas al nombramiento de Víctor Pérez como ministro del Interior y la posible elección de Raúl Mera a la Corte Suprema.

Ambos nombres están relacionados, de una u otra forma, con la dictadura y las transgresiones a los derechos humanos. Víctor Pérez fue alcalde designado por el dictador Augusto Pinochet en la comuna de Los Ángeles entre 1981 y 1987, además de ser vinculado con Colonia Dignidad por familiares de detenidos desaparecidos.

Para Alicia Lira, este cambio de gabinete es un signo del endurecimiento de las políticas represivas del Gobierno de Piñera, lo que se ha materializado con el ataque a comunidades mapuche por parte de Carabineros y grupos paramilitares y fascistas en los últimos días.

“Nuevamente está en el Gobierno, hoy más que nunca, una derecha fascista, cómplice de la dictadura, hablando de Hernán Larraín y Víctor Pérez, protectores del nefasto y terrible criminal como fue Paul Schäfer en Colonia Dignidad, ellos fueron protectores y cómplices de los crímenes cometidos dentro. La actitud del Gobierno y la señal que ha dado con este ministro del Interior neonazi, es la señal potente que nos mandó y que nos espera con la provocación de los grupos de choque en la Araucanía”.
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Politización de la justicia

Por otro lado, Raúl Mera ha sido la carta del Gobierno para llegar a la Corte Suprema en reemplazo de Hugo Dolmestch. El juez y ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso ha sido criticado por absolver a cuatro ex carabineros acusados por el caso Los Queñes, en donde fueron asesinados Cecilia Magni y Raúl Pellegrin, ex integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) durante 1988.

Además, existen cuestionamientos a Raúl Mera por no acoger los recursos de protección por las emisiones contaminantes en zonas de sacrificio como Quintero y Puchuncaví el año pasado.

El académico y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, manifestó que la propuesta de Mera va en línea con el planteamiento Larraín y Piñera en cuanto a poner jueces en las altas cortes que fueran fieles al pensamiento del Gobierno.

“Hay una politización evidente de la Corte Suprema por parte del Gobierno, y se elige a un magistrado como Raúl Mera que representa precisamente una visión conservadora y que, además, ha tenido constantes pronunciamientos que van en una línea contraria a los avances en materia jurisprudencial por la Corte Suprema. Es un juez conservador que su presencia en la Suprema está destinada a, precisamente, buscar retroceder en aquellas materias de DD,HH, medio ambiente y género en donde dicho tribunal ha tenido los mayores avances”, explicó.
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En la Comisión de Constitución del Senado fue aprobada la candidatura del juez durante la semana pasada. Se espera que durante la tarde de este miércoles se vote en la sala de la Cámara Alta su postulación, la que necesitará un quórum de dos tercios para su ratificación.