La desprotección estatal a las trabajadoras de casa particular en pandemia

Cerca de 100 mil trabajadoras de casa particular han sido despedidas o suspendidas de sus labores durante estos meses de confinamiento, lo que ha agravado y expuesto más las condiciones de precariedad e informalidad de este empleo. 

Durante este miércoles, se aprobó y despachó al Senado el proyecto que facilita y amplía el acceso al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), en el que finalmente se incorporó a las trabajadoras de casa particular.

Sin embargo, estas medidas han sido calificadas como tardías e insuficientes para las casi 100 mil trabajadoras despedidas en contexto de pandemia, que debido a la informalidad de este empleo (el 53% de ellas hasta marzo), no han podido acceder a las medidas de protección para las y los trabajadores.

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La presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular (Sintracap), Luz Vidal, señaló que esta situación debe ser regulada por el Estado, cumpliendo el Convenio 189 ratificado por Chile. Además de que es urgente avanzar en la protección efectiva a las trabajadoras suspendidas o despedidas en estos meses.

“Muchas de las compañeras, cuando se realizó el dictamen de la Dirección del Trabajo (DT) y la posterior Ley de Protección al Empleo, fueron suspendidas de sus trabajos y obligadas a ocupar el 4.11 o Seguro de Todo Evento, pero eso sabíamos que sería absolutamente insuficiente. La pandemia no pararía en dos o tres meses, que su 4.11 no les da para más que eso. Dos meses con suerte”.
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En tanto, la presidenta de la Federación de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular (Fesintracap), María Cotal Neira, añadió que las medidas aplicadas por el Gobierno no han tomado en cuenta a su sector, lo que ha sido constante históricamente.

“Nuestro sector, ni en tiempos normales ni extraordinarios, tiene acceso a las prestaciones del seguro de cesantía (…) hago un llamado a nuestras autoridades de Gobierno, que tengan sensibilidad con nuestro sector, históricamente excluido de las leyes laborales, y que hemos tenido que ir de manera individual a por ellas”.
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Por su parte, la integrante de la Cooperativa de Economía Feminista Desbordada, Camila Bustamante, indicó que el trabajo doméstico y de cuidados es, probablemente, el más desvalorizado de la actualidad, siendo o no remunerado, lo que se ha hecho aún más evidente con la pandemia del Covid-19.

También añadió que la organización de las trabajadoras de casa particular ha sido valiosa para visibilizar esta situación, denunciando despidos, la obligación de cambiar de «puertas afuera» a «puertas adentro», el trato discriminatorio e injusto por parte del Estado y los empleadores, entre otras cosas.

“Me parece que su voz y experiencia son claves para la definición de políticas que aseguren sus derechos laborales y sus derechos como personas, mujeres y migrantes incluso en algunos casos. La visibilización de sus experiencias y demandas es necesaria, pero no suficiente. El deber del parlamento y del Gobierno es incorporarlas en la discusión sobre la situación especialmente precaria que viven”.
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Mayor exposición al contagio en transporte público

El Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas COVID-19 en Chile (Movid-19), encabezado por la Universidad de Chile y el Colegio Médico, reveló en su octavo informe que las trabajadoras de casa particular son uno de los grupos que se ven mayormente obligados a salir de sus hogares en medio del confinamiento por motivos laborales.

Esta situación las ha expuesto más a la posibilidad de contagio, sobre todo teniendo en cuenta que están dentro de las personas que más utilizan el transporte público.

Junto a ello, las trabajadoras de casa particular son quienes menos tienen la posibilidad de salir por motivo de recreación, además de estar entre los grupos de mayor sospecha de contagio por Covid-19.

Ante esto, el investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y miembro del equipo Movid-19, Giorgio Boccardo, apuntó a la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar las condiciones para que no ocurra esta situación.

“Las medidas de ayuda social y económicas entregadas por el Estado no han disminuido la movilidad por razones de trabajo o por realizar trámites. Es probable que los montos y la focalización de estas medidas no aliviane las necesidades de salir a trabajar en una proporción considerable de la población”.
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El estudio realizado por Movid-19 también entregó una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran “implementar sistemas específicos para verificar focos de contagios en lugares de trabajo” para trabajadoras de casa particular, así como promover medidas para la reactivación de este sector, considerando el gran número de despidos y la precariedad de este empleo en el país.