La campaña del terror del lobby minero en contra de la Ley de Protección de Glaciares

Escrito por el junio 4, 2021

Tras 15 años para poder aprobar la tramitación de la Ley de Protección de Glaciares y en un sexto intento por proteger estos cuerpos de hielo, los glaciares se enfrentan nuevamente de manera sistemática a su gran adversario: el lobby minero.

Chile alberga alrededor de 24 mil glaciares distribuidos en todas las regiones del país, según un estudio de la Dirección General de Aguas (DGA) en 2014. De esta forma, nuestro país concentra el 80% de los glaciares a nivel Latinoamericano y el 11% de estas masas glaciares a nivel mundial. Sin embargo, no poseemos una Ley que los proteja, preserve y cuide.

Actualmente, y de manera lamentable para las organizaciones que han luchado por esta Ley, el día miércoles 4 de junio el proyecto fue despachado por la Comisión de Minería del Senado, sin considerar la protección hacia el ambiente periglacial y el permafrost, dejando que las mineras que operan dentro de estas áreas sigan su funcionamiento normal

En este contexto, el geógrafo y miembro de la Fundación de Glaciares Chilenos, Hans Fernández, manifestó su preocupación ante la posible intervención minera en el entorno glacial o en zonas de permafrost: “Que se intervenga el entorno glaciar o una zona de permafrost, rico en hielo por ejemplo, puede significar la intervención de recursos hídricos de alta montaña. Esas consideraciones no fueron parte del criterio de votación de los senadores. Tampoco el escenario de cambio climático. Se privilegió la inmediatez y la actividad económica”.

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El lobby minero, el gran enemigo del proyecto Ley de Protección de Glaciares

Sin duda, la discusión más polémica que se ha perpetuado dentro de los seis proyectos de Ley en los últimos 15 años es que no se podría intervenir ni realizar actividades extractivas en el ambiente periglacial y el permafrost, de esta forma, y al aceptarse este artículo diferentes empresas mineras se verían afectadas, tanto en el cierre definitivo de algunas faenas como de manera sectorial, entre ellas: la división Andina y El Teniente de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), Los Bronces de Anglo American, Los Pelambres de Antofagasta Minerals, etc.

Es por esto que el consorcio minero ha rechazado este Proyecto Ley desde sus inicios, calificándolo incluso como anti-minería.

Recientemente Codelco, en una carta en respuesta a un oficio solicitado por la Comisión de Minería y Energía del Senado con fecha 18 de mayo del 2021, aclaró que “en caso de establecerse prohibiciones absolutas respecto de esos nuevos objetos de protección (ambiente periglacial y permafrost), la futura normativa implicaría la detención de las operaciones en Andina y en El Teniente, y dejar fuera de operación infraestructura de El Salvador”. Incluso, advirtió que de aprobarse la Ley el 40% de su producción peligraría, como aclaro en El Mercurio durante el sábado pasado.

Por su parte, y unos días después Anglo American en su informe  “Impacto en Operación Los Bronces del Proyecto de Ley de Glaciares”, estipuló que “cualquier definición de protección absoluta en estos cuerpos –referente al permafrost-, obliga a la detención de la operación por el potencial impacto que se podría estar generando en estas crioformas”.

Para Hans Fernández, es lamentable que los glaciares convivan con la minería y que esta industria no pueda desarrollarse sin afectarlos. “Me hace cuestionarme de que tras 15 años de discusión de ley de protección de glaciares, la minería siga esgrimiendo que una ley de protección de glaciares va a disminuir casi a la mitad la producción de cobre o la producción de minerales, esto me hace pensar que en estos 15 años la minería no ha sabido o no ha pensado el plan para no expandirse a zonas hacia glaciares o zonas de permafrost”.
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Explotación Minera Los Bronces (derecha) y Codelco Andina (izquierda)

La posible aprobación el proyecto Ley en 2020 reactivó al lobby minero entre septiembre, octubre y noviembre, dejando nuevamente en claro su posición sobre la peligrosidad que significaba el proyecto ley para la industria.

En Septiembre la Comisión de Glaciares del Instituto de Ingenieros de Chile publicó el informe “Glaciares: ¿Qué queremos proteger?”, donde se cuestiona la importancia hídrica de los glaciares: “El aporte de los glaciares es muy variable a lo largo del país, y salvo excepciones contribuyen en una proporción menor a la disponibilidad hídrica. (…) En términos cuantitativos ellos no resultan relevantes para la gestión del agua a nivel de las cuencas”.

“Para las cuencas de Chile centro- norte, pensando desde Coquimbo hasta O’Higgins los glaciares otorgan del 30 al 70% total de los ríos en períodos de sequía, por lo cual, se sabe que son recursos hídricos fundamentales y claves en períodos secos”, aclaró el integrante de la Fundación de Glaciares Chileno.
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Respecto del Proyecto Ley, el Informe dice que “una política de protección de los glaciares que responda al interés público debiera evaluar caso a caso los impactos de los proyectos y no establecer prohibiciones absolutas que impidan a priori su realización”. Donde aclaran que cualquier política pública sobre la protección de los glaciares no puede transformarse en un obstáculo para el desarrollo.

En octubre, la Asociación Gremial Voces Mineras emitió una declaración pública donde estipulo que el derretimiento de los glaciares es consecuencia de los gases de efecto invernadero, y es independiente de la actividad humana que se desarrolle en su entorno, “este proyecto de ley no evitará el derretimiento de glaciares al restringir el desarrollo de actividades productivas en su entorno”.

Contraria a esta postura, la vocera de la Coordinación de Territorios por la Defensa de Los Glaciares, María Jesús Martínez, comentó que “la estrategia nacional de glaciares señala claramente que una de las actividades que daña los glaciares es la minería, tanto en sus etapas de exploración como explotación, y que además de eso se genera contaminación que queda suspendida en el aire, luego se deposita sobre los glaciares y esto genera que los glaciares absorban mayor energía del sol o mayor radiación, por lo cual se van acelerando los procesos de derretimiento”.
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Al igual que los diferentes informes citados se advierte que si se mantienen las bases actuales del proyecto ley el funcionamiento de diversas operaciones se limitaría.

Es más, durante octubre el gobierno estimó la caída de un 2,4% en el PIB y la destrucción de 42 mil empleos debido a la aprobación del proyecto.

“Lo que hay plantearse es que, si como país queremos actividades que entreguen empleo en base al saqueo de los bienes comunes. Hemos visto por experiencia propia que esta actividad es incompatible para la protección de los glaciares, el equilibrio ecosistémico, para la biodiversidad y para nuestro buen vivir, esa es la base del discurso, eso es lo que deberíamos estar sopesando”, comentó Martínez.
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Para el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y expresidente de Codelco, Diego Hernández, “el Proyecto de Ley sobre Protección de Glaciares, en trámite en el Senado, constituye una seria amenaza para la minería nacional. Hemos planteado que es una iniciativa antiminería”, como aclaró en la editorial “Glaciares y minería” del Boletín Minero de la misma Sociedad en Julio de 2019. Donde también aclara que “El avance del proyecto de ley en cuestión tendrá como único efecto el frenar el desarrollo del sector”.

A su vez, y durante el mismo año la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) presentó una minuta indicando los proyectos mineros que estarían involucrados con los glaciares, como esto afectaría la producción y, por ende, el empleo. Se aclara que cuatro faenas paralizarían debido a que en las cercanías de las minas existen glaciares, lo cual significaría un descenso de 34 mil empleos.

Industria minera: El SEIA y el SNASPE es suficiente para proteger los glaciares

De estas acciones en contra de la Ley de Protección Glaciar, se instaura un discurso repetitivo referente a que el Servicio de Impacto de Evaluación Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE),  son suficientes para proteger y preservar los glaciares.

El Consejo Minero en 2019 elaboró diferentes observaciones por el proyecto, siendo enfáticos en que la evaluación de las empresas mineras que se encuentran cerca de glaciares, debiera realizarse caso a caso y que “con la protección indirecta de glaciares que otorga el SEIA, el Código de Aguas, el sistema de áreas protegidas y los instrumentos para la conservación de la biodiversidad, se han logrado resultados efectivos: por largos años no se conocen casos de daño a glaciares con efectos perceptibles en disponibilidad hídrica, biodiversidad o sitios de belleza escénica”.

A esto, suman a sus argumentos que no existe ningún proyecto que “haya generado daño a glaciares con impacto perceptible en aporte hídrico, en biodiversidad o en belleza escénica”, autorizado y ejecutado bajo la institucionalidad del SEIA.

“Se ha documentado la eliminación de glaciares de roca rico en hielo en la región de Valparaíso. Región que hoy cuenta con una situación hídrica crítica y donde uno podría pensar que cualquier fuente de agua puede ser vital. Por ejemplo, se han eliminado glaciares de roca en la cuenca del río Blanco, en la comuna de Los Andes, que contaban con casi 80 metros de profundidad. De esos 80 metros, 60 metros eran hielo masivo. Eso está documentado y publicado. No es el único caso”, comenta Fernández.

Parte alta del río Blanco, región de Valparaíso (1953/2019)/ Edición: Hans Fernández.

Respecto de la afectación de la belleza escénica aclara que “poca gente va a la alta montaña. Poca gente va a las zonas mineras, ya que estas están cerradas. Las personas que han apreciado el impacto minero generalmente son montañistas o arrieros. También hay personas dedicadas a la ciencia que han visto la intervención paisajística. Cualquiera de ellos no podría afirmar que no existe un impacto paisajísitco severo».

Asimismo, en la declaración de 2020 de la Asociación Gremial Voces Mineras aclararon que “el país cuenta actualmente con el marco institucional necesario para establecer y hacer cumplir mejores estándares de exploración y explotación minera en cercanía a glaciares, mediante la realización de Estudios de Impacto Ambiental que deben ser aprobados por el Servicio de Evaluación Ambiental”.

A esto se suma el Informe del Instituto de Ingenieros donde se señala que “la regulación actual en materia de evaluación de impacto ambiental contempla una protección compleja y suficiente”.

Sin embargo, María Jesús comenta que el SEIA es diferente respecto de lo que se dice en términos teóricos y prácticos. “No tiene ninguna noción de realidad, mucha gente puede decir lo que quiera en términos teóricos y defenderlo como quieran pero lo que ocurre en términos prácticos, con lo que nosotros las comunidades tenemos que enfrentarnos es que es un sistema hecho a la medida para que las empresas presenten proyectos sin ningún tipo de obstáculo, y puedan ser aprobados y por eso, decimos que el SEIA es un sistema que nunca funcionó, es un sistema que para nosotros no es ninguna garantía de la protección del medioambiente”. Además, la activista comentó que la mayoría de los glaciares no se encuentran en áreas silvestres protegidas.
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Han pasado 15 años desde el primer proyecto Ley sobre la Protección de los Glaciares, y a partir del primer instante el lobby minero ha estado en contra de esta iniciativa, pronunciándose dentro de los seis proyectos de Ley al igual que las organizaciones socioambientales y las comunidades que buscan proteger, preservar y cuidar estos cuerpos de hielo.

Ha sido más de una década de discusiones donde finalmente durante de esta semana el proyecto se despachó, aunque sin considerar las peticiones del mundo socioambiental.

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