Intolerable violencia policial y desigualdad ante la ley en el control del orden público

Escrito por el agosto 31, 2020

«Carabineros y el gobierno han transgredido -sin ningún pudor- el principio de igualdad ante la ley al permitir que sectores afines como los camioneros puedan manifestarse sin ser objeto de represión policial, aún cuando transgredan a la vista de toda la ciudadanía las más mínimas normas de convivencia social», expresa Roberto Fernández Droguett, psicólogo Universidad de Chile, integrante del Programa Psicología Social de la Memoria, Universidad de Chile y del Grupo de Trabajo CLACSO Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia.

Foto: Protesta pacífica con “distancia social” en Plaza de la Dignidad, dejó cinco detenidos. Manifestantes con overoles blancos desplegaron cartel. Por ChileOkulto.

Foto: Protesta pacífica con “distancia social” en Plaza de la Dignidad, dejó cinco detenidos. Manifestantes con overoles blancos desplegaron cartel. Por ChileOkulto.

Al mismo tiempo que Carabineros consiente el bloqueo de las carreteras de país por parte de algunos gremios de camioneros, sus funcionarios/as siguen ejerciendo una violencia totalmente desmedida e injustificada contra quienes se han vuelto a manifestar, luego del avance en el desconfinamiento. Así, hemos visto -a través de medios de comunicación y de redes sociales- cómo las fuerzas policiales reprimen y detienen a manifestantes -en los alrededores de la Plaza de la Dignidad- que no realizan ningún tipo de desorden y que cumplen con el distanciamiento físico y el uso de mascarillas, contraviniendo el derecho que todas y todos tenemos a manifestarnos.

Asimismo, junto con atentar contra la libertad de expresión y manifestación en el espacio público, Carabineros y el gobierno han transgredido -sin ningún pudor- el principio de igualdad ante la ley al permitir que sectores afines como los camioneros puedan manifestarse sin ser objeto de represión policial, aún cuando transgredan a la vista de toda la ciudadanía las más mínimas normas de convivencia social. Lo mismo sucede en el Wallmapu, donde las y los mapuches son reprimidos con ferocidad, mientras que se tolera e incluso protege a grupos armados durante el horario de toque de queda, o durante las manifestaciones del Rechazo, donde la policía escolta a sus partidarios en las calles, incluso cuando ejercen violencia contra transeúntes y opositores.

Lamentablemente, el gobierno no hace más que llamar a condenar la violencia sin ejercer ningún control sobre la acción policial, pese a las denuncias de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y la indignación mayoritaria de una sociedad que ya no tolera los abusos ni el descriterio policial. Recién después de muchos meses aparecen algunos atisbos de justicia en casos como los de Fabiola Campillay y Gustavo Gatica, aún cuando la gran mayoría de los casos apenas están siendo investigando, promoviéndose de este modo una casi total impunidad respecto de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de orden.

Si bien es cierto que ha existido violencia en el marco del levantamiento social, el gobierno ha sido incapaz de realizar ninguna autocrítica respecto de sus responsabilidades respecto de los hechos, ya que la falta de respuestas a las demandas de la ciudadanía, la impunidad frente a las violaciones a los derechos humanos y el discurso belicista del presidente Piñera que se ha declarado en reiterada ocasiones en guerra contra la ciudadanía movilizada, solamente han contribuido a aumentar la indignación de una ciudadanía hastiada de tantos años de abuso y desprecio.

Pese a que el plebiscito no se corresponde plenamente con la demanda ciudadana de Asamblea Constituyente, su importancia respecto de abrir un proceso de cambio a la Constitución y por lo tanto de mayor democratización de la sociedad y fortalecimiento de la soberanía popular, requiere del aseguramiento de todas las condiciones para su realización, lo que incluye el derecho a hacer campaña en condiciones adecuadas y segura, sin represión ni intimidación policial. Esto por cierto también incluye el levantamiento del toque de queda vigente en las noches y los fines de semana, el cual no dice ninguna relación con las medidas de cuidado propias de la pandemia, la cual lamentablemente se ha convertido en un pretexto para la mantención de los militares en las calles. Con el levantamiento social de octubre del 2019 se abrió un momento histórico de politización de la sociedad chilena que se sustenta entre otros elementos en la exigencia de una mayor democratización y participación ciudadana, por lo que es una responsabilidad ineludible de este gobierno proveer y asegurar las condiciones adecuadas para este desafío histórico.

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