Informe «Ojos sobre Chile»: el alto mando de Carabineros debe ser investigado

Escrito por el octubre 16, 2020

A fines del año pasado Amnistía Internacional advirtió a nivel mundial la presencia de violaciones a los derechos humanos en Chile. Al igual que lo hizo Human Rights Watch, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. No obstante, pese a las tajantes críticas, el respaldo a Carabineros fue total de parte del gobierno. Esta semana Amnistía Internacional presentó otro informe, igual de lapidario. 

A días de la conmemoración del inicio de la revuelta social, la ONG Amnistía Internacional presentó en nuestro país el informe «Ojos sobre Chile: violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social». El documento está destinado a evaluar el uso desmedido de la fuerza por parte de Carabineros en el marco de las manifestaciones nacidas el 18 de octubre de 2019.

Según se detalló, hasta el 30 de noviembre 12.500 personas debieron ser atendidas de urgencia en hospitales públicos. Mientras que 4.170 denunciaron en alguna Fiscalía a Carabineros. Todas cifras alcanzadas en tan solo 44 días de manifestaciones.

La investigación surge en medio de la violencia sostenida por parte de Carabineros en contextos de protesta. Como lo ocurrido el recién pasado 1 de octubre, cuando un manifestante fue empujado por el puente Pio Nono, causando su caída al cauce del río Mapocho.

A 44 días del 18 de octubre 12.500 personas debieron ser atendidas de urgencia  y 4.170 denunciaron en alguna Fiscalía a Carabineros

Impunidad del alto mando

El caso del joven empujado al río, en la cercanías de la Plaza de la Dignidad, viene a recordar un aspecto relevante del informe sobre la impunidad al interior de Carabineros.

Pese a que el autor fue expulsado de la institución y enfrenta un proceso judicial, tanto el general director, Mario Rozas, como el director de orden y seguridad de la institución, Ricardo Yáñez, se han mantenido en sus cargos sin ser juzgados.

Al respecto, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Érika Guevara, señaló en base al informe que los integrantes del alto mando de Carabineros deben ser juzgados por la Fiscalía. Esto, «debido a que tenemos contundentes elementos para considerar que, a pesar de tener conocimiento de las graves violaciones a derechos humanos que estaban cometiendo sus subordinados, habrían omitido deliberadamente tomar todas las acciones a su alcance para prevenirlas».
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Solo 16 de un total de 170 amonestaciones a agentes de Carabineros implicaron la remoción del funcionario.

En esta línea, la misma Erika Guevara puntualizó que en todo momento el alto mando «tuvo conocimiento de las violaciones de derechos humanos, no sólo porque fueron públicas y notorias, sino porque además contaron con actores externos. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que durante las primeras semanas de protesta informó directamente al general director de las querellas interpuestas en contra de funcionarios bajo su cargo«.

«Asimismo, los tres mandos estratégicos contaron con los departamentos de análisis de información, como el departamento de operaciones OS-1, que diariamente les brindó información sobre el número y tipo de personas lesionadas por funcionarios de la institución», agregó.
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Pese a conocer todos los casos de violencia, Carabineros demoró un mes entero en tan solo restringir el uso de armas antidisturbios, justo cuando los casos de traumas oculares superaron los 250.

Esta actitud derivó en que casi la totalidad de los oficiales denunciados por actos de violencia durante estos 44 días siguió cumpliendo sus funciones en la calle. A ello hay que sumar un dato reciente, y es que, a julio de este año, solo 16 de un total de 170 amonestaciones a agentes de Carabineros implicaron la remoción del funcionario.

Un llamado a reformar y actuar de inmediato

En base a este diagnóstico y al estudio, que incorpora un profundo seguimiento a 12 casos de posibles violaciones a derechos humanos cometidas por Carabineros, la directora ejecutiva de AI, Ana Piquer, resaltó la necesidad de adoptar medidas inmediatas.

Entre las decisiones concretas que pueden llevarse en el corto plazo están «por ejemplo, la adopción de un protocolo de actuación nuevo, que contenga recomendaciones de instituciones expertas en la materia, como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el INDH o la Defensoría de la Niñez. Y que, además, existan mecanismos para hacerlas cumplir».

También «se debe prohibir cualquier munición que sea lesiva, ya sea por su composición o su poca precisión. Las municiones recién aprobadas tampoco son apropiadas para el control del orden público, incluso aunque cambie la cantidad de balines o la materialidad, porque no cumplen con el requisito de precisión».
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Se emplaza al  gobierno a llevar adelante «una reforma estructural y profunda a la policía. 

Por otra parte, y en miras a una reforma de la institución, la abogada emplazó al  gobierno a llevar adelante «una reforma estructural y profunda a la policía. Esto incluye revisar su marco normativo, con miras a transformar completamente la institución». Lo anterior «para que garantice que todas sus actuaciones se realicen apegadas a los derechos humanos, que exista un adecuado y efectivo control de las autoridades civiles y que la institución cuenta con mecanismos estrictos de control y rendición de cuentas, tanto a nivel institucional como a nivel ciudadano».
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Finalmente, el documento exigió también a las instituciones del Estado a asegurar el acceso a justicia tanto a las víctimas como a sus familias. Aquello no solo a nivel del Ministerio Público, sino que también al interior de Carabineros, donde la mantención de violadores de DDHH en sus puestos solo augura la repetición de estas prácticas.

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