Impunidad en tiempos de pandemia: El rechazo al indulto a los genocidas

La decisión de la semana pasada, por la Octava Corte de Apelaciones de Santiago, de absolver y reducir condenas a presos por delitos de lesa humanidad, alarmó a las organizaciones de DD.HH, que visibilizan una estrategia para lograr salir indultados tras la crisis sanitaria.

El debate sobre el destino de internos mayores de edad que cumplen condenas de lesa humanidad, vuelve a abrirse por el COVID-19, lo que sigue causando rechazo en las organizaciones de familiares de ejecutados y desaparecidos políticos.  Esto después de que el gobierno propusiera el indulto conmutativo para cumplir penas en casa a presos con delitos no graves, y que parlamentarios oficialistas presentaran recurso de inconstitucionalidad  por no incluir a los condenados por D.D.H.H.

¿Qué pasa con los violadores de DD.HH en medio de la crisis sanitaria?

Fueron ocho internos que se les absolvieron unas condenas y a nueve de ellos se les redujo sus penas el pasado jueves de semana santa. La mayoría de ellos cumplen su pena en Punta Peuco y fueron sentenciados en 2017, estando hace tres años en prisión.   Se trata de ex agentes de la DINA, como Pedro Espinoza Bravo quien fue director del centro de secuestro, tortura y exterminio, Villa Grimaldi entre 1974  y 1975.

En el caso del último mencionado, el jefe de operaciones y fiscalizador del centro de tortura en Peñalolen, fue absuelto de su responsabilidad penal, ya que la Corte argumentó que no por pertenecer a la DINA se debe presumir responsabilidad, en cuanto a que indujo o forzó ejecutar acciones ilícitas. Esto lo aclara  la abogada y directora de la Corporación Parque Por La Paz Villa Grimaldi, Soledad Castillo, quien considera aberrante el fallo en el que se refleja la impunidad de los agentes de la DINA.

«Este fallo para los familiares de las víctimas es devastador ya que han esperado por más de cuarenta años la anhelada justicia que es muy sanadora de dolores como la pérdida en tan terribles circunstancias de sus familiares. También para quienes fuimos víctimas de sus crueles crímenes y formamos parte de los sobrevivientes de Villa Grimaldi nos produce una doble victimización  y aumenta el dolor que nos produce la impunidad» agregó Castillo.

Esta inesperada decisión desde la Corte de Apelaciones de Santiago en plena semana santa, fue presidido por el ministro Juan Cristobal Mera Muñoz, la ministra Mireya López Miranda y el abogado Lepín Molina.

Indignación desde las Organizaciones de DD.HH

No pasó mucho para que las organizaciones de derechos humanos reclamaran ante la injusticia de esta decisión, sumando el indulto conmutativo como medida de protección para que internos de baja peligrosidad cumplan el resto de sus condenas con arresto domiciliario total.

Esto significa que personas mayores de 55 años con ciertos requisitos; mujeres embarazadas y madres de hijos menores de dos años que residan en las cárceles, podrán adquirir el beneficio.

La presidenta de Agrupación de Familiares de Ejecutados políticos, Alicia Lira, comentó que están de acuerdo con la ley para personas de baja peligrosidad, mientras no sean narcotraficantes ni criminales, debido a las condiciones de las cárceles que a nivel sanitario son un peligro público. En contraste con la situación de Punta Peuco, agregó.

El miedo de que en este indulto conmutativo permitiera a presos por violaciones a los DD.HH salir beneficiados, movilizó a algunas organizaciones a enviar una carta a la ONU, denunciando iniciativas del gobierno de “imponer impunidad» .

Sin embargo la abogada Castillo aclaró que es solo una carta informativa, agregando que lo que se debe hacer es la presentación jurídica ante el relator y es este último quien deberá preguntar por los hechos denunciados al gobierno, para luego ocupar los mecanismos pertinentes para resolver la situación.

Tensiones en el oficialismo

Pese a las insistencias de partidos del oficialismo por incluir a los criminales de lesa humanidad, el proyecto de ley no considerará a personas cumpliendo condenas por estos delitos graves. Ya que, en una votación que demoledora, el Tribunal Constitucional rechazó con siete votos a tres, el recurso de inconstitucionalidad presentado por Senadores de Chile Vamos, acusando discriminación a presos de Punta Peuco.

Esta respuesta del TC frenó a los diputados del del oficialismo que volvieron a presentar un recurso similar, el cual retiraron durante el miércoles pasado. Los roces entre la derecha y el propio gobierno de Sebastián Piñera  frente a las medidas que está tomando para controlar el virus, quedan en evidencia.

El peligro de la «Ley Humanitaria»

Paralelo al polémico indulto conmutativo, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, llamaba a reactivar el proyecto de Ley Humanitaria, que a diferencia del indulto, permite que internos mayores a 75 años con enfermedades graves o terminales puedan ser indultados, considerando solo el estado de salud y no la gravedad de la condena que  cumplen. Lo que claramente puede ser una vía de escape para los violadores de D.D.H.H.

Soledad Castillo enfatiza que este proyecto no es nuevo, se viene buscando del 2018 desde el gobierno,  considerando indignante el aprovechamiento que ha tratado de obtener la impunidad a cada condenado por genocidio.

“La derecha y el gobierno busca de una forma descarada en estos momentos de pandemia, donde están en riesgo vidas, aprovechar esta situación para lograr sacar a estos criminales. Que nunca han pedido perdón, que no se han arrepentido, y no han entregado información”, dice Alicia Lira.

Situación compleja viven los familiares y organizaciones de ejecutados o detenidos desaparecidos. “Lucharemos hasta que hayan cumplido sus condenas, como lo hace cualquier criminal. Ellos en Punta Peuco tienen espacios cómodos, y los mejores hospitales. Hay que recordarle a la gente que ellos vivieron toda su adultez impune y gracias a los familiares y abogados de DD.HH hoy están encarcelados”, enfatiza Lira.

Así se da luz verde al proyecto de indulto conmutativo que beneficiará a 1300 internos. Mientras que por el otro lado, se asoman las controversias en el Congreso por legislar el proyecto de Ley Humanitaria, a pesar del apoyo mostrado públicamente por el gobierno de derecha  a la iniciativa.