Prescripción de casos del estallido: Entrevista a Rodrigo Bustos de Amnistía Internacional

Escrito por el octubre 16, 2024

Ya casi serán cinco años desde que Carabineros, Fuerzas Armadas y agentes del Estado durante el Estallido Social cometieron delitos que siguen sin ser catalogados como de lesa humanidad, por lo que comenzarán su prescripción en las próximas semanas. Conversamos con Rodrigo Bustos Bottai, director de Amnistía Internacional para conocer los detalles.  

Por Tiare Paz

Hace cinco años se gestó la Revuelta, que trajo organización popular y las protestas más multitudinarias del país en los últimos años. Además de múltiples negligencias cometidas por la élite política, incluido el presidente del período, Sebastián Piñera, este movimiento no estuvo exento de la brutalidad policial en su actuar: homicidios, mutilaciones oculares, violencia sexual e incluso torturas fueron denunciadas en distintas regiones del país y a día de hoy, las causas de estos hechos se encuentran prontas a prescribir.

Justicia y prescripción a cinco años de la Revuelta

Conversamos al respecto con Rodrigo Bustos Bottai, abogado y director de Amnistía Internacional Chile, organización que vela por los Derechos Humanos y que ha tenido un importante rol en la lucha chilena por la defensa de estos derechos.

Nos acercamos cada vez más a los cinco años desde el Estallido Social y con ello comienza una silenciosa cuenta regresiva a la prescripción de casos relacionados a la brutalidad policial. Es importante señalar que en el Derecho Internacional, los casos de lesa humanidad no prescriben pero en Chile estos delitos no han sido catalogados como tal. ¿La justicia chilena permitirá que estos delitos caduquen?

R: Nuestra visión desde Amnistía Internacional después del Estallido, junto con otros organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, fue que había que avanzar en verdad, justicia, en reparación integral, garantías de no repetición y, la verdad, después de cinco años el balance es bastante negativo. Centrándome en justicia, de 10.152 denuncias hechas en Fiscalía, solamente tenemos 43 condenas hasta el momento, alrededor de 1.400 causas siguen vigentes y de esas entre un 80-90% tienen riesgo de prescribir por haber transcurrido cinco años desde los hechos. Entonces, el panorama es bastante desolador, porque el Estado de Chile no ha cumplido con su obligación de esclarecer los hechos y sancionar a los perpetradores de violaciones a los DDHH, tampoco ha cumplido con una política pública de reparación integral para las víctimas, tal como estaba en el programa del presidente Boric, ni con una reforma profunda a Carabineros. En ese marco, el Estado de Chile está muy al debe. Lo que sí, nos parece una cierta luz de esperanza la formalización de tres altos mandos de Carabineros, los ex generales Yáñez, Rozas y Olate por su responsabilidad en las violaciones de DDHH cometidas en ese período histórico.

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¿Algún caso específico que tengas en mente que se puede ver perjudicado por este cumplimiento de plazo?

R: Hay muchos casos conocidos por la opinión pública, como el caso de Fabiola Campillay, el de Gustavo Gatica, pero también hay casos que han pasado muy inobservados, muy invisibilizados. Por ejemplo, hay una persona que era una niña de 15 años en ese momento, Damary. Su caso no se ha formalizado, por lo tanto, tiene un riesgo de que la causa se cierre o prescriba. Una niña adolescente de 15 años que perdió la vista de uno de sus dos ojos por la acción de Carabineros de Chile en una plaza en Lo Espejo. Así como Damary, hay muchos otros casos que pueden quedar en la impunidad, muchos de ellos ya se han cerrado y repito, hay 1.400 casos, de los que la mayoría tienen ese peligro hoy en día. Estamos ante un escenario muy preocupante.

Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición son consignas que se repiten en Chile desde la dictadura. También, cito la declaración que hiciste en octubre de 2023: “Tan solo el 0,2% de víctimas de violaciones a los derechos humanos, de las 1.056 denuncias presentadas, han conseguido justicia. Las 27 condenas que existen son un número ínfimo que preocupa” ¿Han mejorado estas cifras respecto a 2023?

R: Ha habido más condenas, hemos llegado a 43 condenas y, es posible que hayan más, pero de un universo de más de 10.000 denuncias y de casos muy graves y muchos casos, como el de Damary puede quedar en la impunidad. Ahora, han aumentado las sentencias condenatorias y tenemos la posibilidad de avanzar en la investigación de la responsabilidad de los tres máximos jefes de Carabineros de Chile durante el período del Estallido Social. Eso nos parece, de alguna forma, dentro de este panorama sombrío de impunidad, puede implicar que el Estado de Chile cumpla con su deber, porque no estamos hablando de un favor que se les hace a las víctimas, sino que se trata de una necesidad de la sociedad en conjunto de conseguir justicia por todas las personas que fueron víctimas de homicidio, golpizas, lesiones oculares, violencia sexual. Lamentablemente, han quedado en el olvido y además muy distorsionada por un relato o una narrativa de una parte de la élite política del país que ha intentado criminalizar todo el Estallido Social y desde Amnistía Internacional hemos salido a decir que el Estallido Social no fue en absoluto solo actos delictivos, sino que fueron violaciones a los DDHH y sobre todo, fueron reivindicaciones y protestas que no han sido garantizados a la mayoría de la población.

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