Huelga general en Bolivia: no más postergación de elecciones y justicia por violaciones a DDHH

Desde el 3 de agosto, movimientos sociales bolivianos decidieron tomarse carreteras y caminos luego de hacerse pública la decisión del Tribunal Supremo Electoral de postergar por tercera vez los comicios presidenciales, a pedido del gobierno. La medida prolonga el mandato de la interina, Jeanine Áñez, responsable por la matanza de 36 cocaleros el 15 de noviembre pasado. 

El lunes 17 de agosto se cumplen dos semanas desde el inicio de la huelga general en Bolivia, convocada por la Central Obrera Boliviana. Las movilizaciones han sacado a miles personas a las calles y carreteras para bloquear el paso, bajo la consigna de que no se postergue más la fecha de las elecciones presidenciales.

Aquello, luego de que el Tribunal Supremo Electoral decidiera -sin consultar al congreso- cambiar la fecha por tercera vez, ahora para el 6 de septiembre. Así, y aduciendo al riesgo de mayores contagios por el Covid-19, el día elegido para la definitiva votación sería el 18 de octubre.

Esta convulsión social surgió en medio de una crisis institucional que sobrepasa el hecho de la postergación eleccionaria. Una situación profundizada por la mantención del gobierno de facto encabezado por la miembro del partido ultra conservador Movimiento Demócrata Social , Jeanine Áñez.

Esto, tras la renuncia del ex presidente, Evo Morales, en noviembre pasado, en medio de denuncias de la Organización de Estado Americanos (OEA) que apuntaron a un posible fraude electoral en octubre pasado.

A lo anterior se suma el criticado manejo de las autoproclamadas autoridades frente a la crisis por el coronavirus. Lo que derivó en el colapso del sistema de salud e incluso forzó el cierre de algunos laboratorios y hospitales por falta de insumos. Hasta el 13 de agosto se contabilizaron más de 90 mil casos confirmados, con una cifra de 3.761 muertes.

Derechos humanos al límite

Previo a las jornadas más recientes de protesta, la polarización política llevaba latente varios meses. Sobre todo, luego de la salida de Evo Morales de la presidencia y del país.

En aquél escenario, el 15 de noviembre de 2019 se vivió una de las jornadas más violentas de represión. Ese día murieron 36 persona a manos de grupos de las fuerzas armadas en lo que se conoció como las masacres de Sacaba y Senkata.  Acciones que ya fueron denunciadas a Naciones Unidas por parte de diferentes organismos de derechos humanos, pero que no han sido reparadas por parte del gobierno.

Tres días antes del episodio, la presidenta interina firmó un Decreto Supremo que exime de responsabilidad penal a los militares que actuaran en «legítima defensa o estado de necesidad» durante el restablecimiento del orden. Un documento que, luego de constantes críticas internacionales, debió ser derogado.

Para el periodista miembro de la Red de Periodistas Migrantes, Ronald Montecinos, estos episodios configuran un panorama actual al que «hay que sumar la actitud autoritaria del gobierno; la persecución política y judicial permanente a activistas, dirigentes opositores, periodistas. Todo eso ha llegado al límite, por eso que la gente ya dio un plazo para movilizarse. Y si no modifican la fecha de elecciones, y no las garantizan antes, van a movilizarse», aseguró.

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Una América Latina más crítica

El conflicto que enfrenta a la sociedad boliviana con la necesidad de establecer un gobierno electo de forma democrática sigue la tendencia de sociedades como la de Chile o Ecuador durante fines de 2019. Lugares donde la institucionalidad se ha puesto en jaque por la falta de legitimidad en sus políticas.

Según analizó el historiador y politólogo de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Máximo Quitral, «en los tres casos hay una discusión sobre la democracia y sobre el rol que están teniendo los presidentes. En términos de hacer oídos sordos a las miradas críticas y las propuestas que hacen los movimientos para mejorar las condiciones laborales y sociales de su ciudadanía».

Es a pesar de esa presión social que «los presidentes en ejercicio han privilegiado equilibrar la balanza económica, por sobre equilibrar la vida de las personas, y eso está teniendo un costo«, agregó.
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Desde su punto de vista, clave han sido en estos procesos los medios independientes y las redes sociales. «Cumplen un rol interesante a la hora de construir diagnósticos y mejorar la percepción crítica que tienen los ciudadanos. Hay un sujeto colectivo mucho más crítico de lo que sucede en sus Estados y eso es un problema para los gobiernos», sentenció.
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Luego del fracaso de los diálogos para bajar las movilizaciones en Bolivia, se espera que las protestas continúen durante el mes de agosto. Esto, a la espera de conocer si habrá o no elecciones para presidente en septiembre próximo.