En el sur de Chile, las hortaliceras mapuche son un símbolo de resistencia e identidad. Su labor consiste en la tradición ancestral de cultivar y vender productos naturales como frutas, verduras o conservas. Se trata de una actividad ancestral identitaria del pueblo mapuche, pero  últimamente su práctica se ha visto limitada. 

El conflicto que hoy tensiona su actividad alcanzó un punto crítico en 2026, aunque sus orígenes se remontan al menos a 2011. Ese año, el entonces alcalde de Temuco, Miguel Becker (Renovación Nacional), implementó una ordenanza que prohibió el comercio estacionado y ambulante en el centro de la ciudad, trasladando los permisos hacia sectores periféricos.

Para Yolanda Llanquitur, hortalicera y presidenta de la Asociación Kelluzomowen, el diálogo con la ex autoridad comunal fue nulo. Según su testimonio, la falta de comunicación fue reemplazada por acciones represivas:

“Todos los días teníamos problemas con carabineros. Los enfrentamientos fueron con lacrimógenas, golpes, nos llevaban arrastrando, llegaban los guanacos, permanecíamos encerradas toda la noche”. 

De hecho, episodios de violencia registrados en 2020 y 2021 derivaron en causas por apremios ilegítimos que afectaron a hortaliceras y a menores de edad. Pese a la represión que denuncian, las mujeres se han mantenido en el territorio, intentando preservar una práctica heredada de sus antepasadas.

A finales de 2026, la agrupación envió una propuesta formal al municipio de Temuco, dirigido actualmente por Roberto Neira. En la misiva proponían operar de manera transitoria con sus credenciales y formalizar sus pagos, sin embargo, no obtuvieron respuestas. El problema ha desatado un desplazamiento progresivo de esta actividad desde el centro urbano hacia la periferia.

Para Llanquitur, este cambio no es solo territorial, sino también simbólico, pues “se pierde la identidad, se pierde la cultura, porque como pueblo no nos permiten ir a vender”. Además, agrega que esta decisión podría estar vinculada a una doble discriminación, por su condición de mujeres y de mapuche:

“Nosotras como mujeres mapuche no tenemos permiso, porque una se ve fea vendiendo en la ciudad”.

Pese a que Temuco tiene altos índices de población mapuche, las prácticas culturales de la comunidad se han visto cada vez más desplazadas. 

El hecho fue abordado durante el noticiero nacional de Radio JGM Vista Panorámica, que puedes revisar en el siguiente video.

Es un derecho

La actual Constitución de Chile, reconoce un amplio derecho para emprender actividades económicas, siempre que estas sean lícitas. Esto se refiere a dichas actividades que no atenten contra la moral, el orden público ni la seguridad nacional, y que sean ejercidas de conformidad a su regulación legal.

Por eso, la abogada representante de la organización, Karina Riquelme, señaló que negarles el derecho a ejercer y desarrollar su cultura de manera libre, comprende una práctica discriminatoria. De acuerdo con lo manifestado por la defensora:

Evitar que las hortaliceras trabajen en el centro “es generar una discriminación en relación a su forma de trabajo, de existencia. Es una discriminación por el hecho de ser mapuche y limita la posibilidad de seguir ejerciendo su vida como tal”. 

Pero además de lo establecido por el marco legal chileno, las hortaliceras mapuche se encuentran resguardadas bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este tratado internacional, suscrito por Chile, posiciona al trabajo indígena como un derecho social y establece una regulación especial orientada a resguardar su ejercicio, en consideración a su dimensión cultural, económica y comunitaria.

Asimismo, la normativa reconoce que las actividades económicas de los pueblos indígenas constituyen formas de subsistencia esenciales para el desarrollo de sus comunidades. En ese marco, el trabajo que realizan las hortaliceras no solo se vincula con la generación de ingresos, sino también con la preservación de saberes tradicionales, el uso del territorio y la transmisión cultural entre generaciones.

Desde la asociación adelantaron que recurrirán a instancias internacionales. El objetivo de la medida es dar cumplimiento al Convenio 169 y OIT y entregar certezas a las mujeres que llevan años exigiendo el respeto de su cultura. 

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