Honduras: Tres años sin justicia para Berta Cáceres

Escrito por el marzo 3, 2019

Berta Cáceres, reconocida defensora de los derechos humanos y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares de Honduras (COPINH), fue asesinada en la madrugada del 02 de marzo del 2016, por hombres armados que entraron a su vivienda, cumpliendo órdenes de supuestos empresarios interesados en la explotación de los recursos naturales, de zona de influencia del COPINH.

Antes del crimen, Berta fue víctima de sendas campañas de odio y persecución, amenazas y enjuiciamientos, derivados de su lucha al frente de la organización indígena más grande y beligerante del país, en la defensa del agua, del bosque y de la tierra.

Berta Cáceres era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero, aun así, el Estado la abandonó y permitió que la asesinaran, en el momento en que defendía el Río Galcarque, concesionado por el gobierno para la construcción la represa hidroeléctrica Agua Zarca, propiedad de la familia Atala, del Banco FICOHSA y la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA).

De este proyecto también forma parte la empresa transnacional SINOHYDRO y juntos iniciaron la construcción de la represa sin la realización de la consulta previa, establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Berta era la voz más alta que se escuchaba en contra la construcción de Agua Zarca, y por su lucha, en el 2015, recibió el Premio Goldman, el más importante del mundo que pude recibir un defensor o defensora del medio ambiente.

“Hubo sentencia, pero no hubo justicia”

En noviembre de 2018, la Sala I del Tribunal de Sentencia condenó a 7 de los 8 imputados como autores materiales por el asesinato de la defensora. En su fallo el Tribunal reconoció que este crimen fue planificado y ejecutado con “pleno conocimiento y consentimiento” de ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), como represalia a la oposición de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

A pesar de este fallo, la sentencia del Tribunal aún no está firme y, a la fecha, solo David Castillo, gerente general de la empresa DESA, ha sido detenido por la autoría intelectual del crimen. El resto de personas que comprenden la estructura criminal, responsable de planificar y financiar este crimen cometido el 2 de marzo de 2016, todavía se mantienen impunes.

Esa impunidad forma parte del entramado de corrupción y violencia que sostiene el modelo extractivista multinacional, que saquea comunidades de los cinco continentes, destruyendo los medios de vida de millones de personas y agotando los ciclos naturales de la vida. Al mismo tiempo se persigue, hostiga y criminaliza a quienes los defienden.

Desde el crimen de Berta el movimiento de solidaridad ha conseguido que gran cantidad de entidades sociales, instituciones públicas, ayuntamientos, parlamentos, gobiernos, incluido el español y la Comisión Europea, se pronunciaran en diferentes momentos y de diferentes formas sobre la necesidad de una verdadera justicia para Berta Cáceres, así como para las decenas de defensores y defensoras de movimientos, organizaciones sociales y comunitarias que han sido asesinados o criminalizadas con total impunidad.

A 3 años de su muerte, miles de activistas socioambientales y luchadores por los derechos humanos de los pueblos y los territorios en resistencia, honran su memoria exigiendo justicia y no más muertes de defensores de los territorios ante el avance del extractivismo.

Chile no está ajeno a las muertes de defensores de derechos humanos que han ocurrido en «extrañas circunstancias» en contextos donde la agenda de desarrollo ha impuestos proyectos extractivistas en territorios de sacrificio. La memoria de Macarena Valdes, en agosto de 2016 en la localidad de Panguipulli, o el caso del dirigente de los pescadores artesanales de Quintero Alejandro Castro, fallecido el año pasado , supuestamente enmarcado como suicidio,  en pleno conflicto ambiental de la zona de Quintero – Puchuncavi. Ambos casos aún no tienen responsables directos.

Con información de

Cejil

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El Salto Diario

Crédito Imágenes: Sputnik 

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