Habitantes de Quintero-Puchuncaví celebran fallo que responsabiliza al Estado por contaminación

En una resolución sin precedentes, la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió la mayoría de los recursos de protección presentados por la comunidad de Quintero-Puchuncaví en conjunto con distintas organizaciones ciudadanas, imputando toda la responsabilidad al Estado por la crisis medioambiental y de salud provocada por el cordón industrial de la zona.

Esta sentencia viene a revertir el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que había rechazado la totalidad de las acciones de protección interpuestas.

En concreto, el fallo de la Corte Suprema declara la responsabilidad del Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso, la Oficina Nacional de Emergencia y el Ministerio del Interior, por incurrir en “sendas omisiones ilegales” mediante su falta de actuación ante la gravísima situación de salud de los residentes de la zona, y la crisis medioambiental que la afecta.

Al respecto, el director nacional de Greenpeace, Matías Asún, se refirió al fallo como «una sentencia histórica de la Corte Suprema que marca con claridad la debilidad de la reacción del gobierno en la emergencia que ha enfrentado la zona de Quintero, Ventanas y Puchuncaví».

«La Corte es clara y enfática en señalar que cada vez que se produzca un evento crítico de contaminación, la población vulnerable será trasladada desde la zona afectada hacia lugares seguros, mientras perdure el episodio. En la práctica, se trata de evacuaciones masivas de protección que no tienen precedentes en nuestro país», agregó Asún.

 

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Sumado a lo anterior, la resolución establece varias medidas que tendrá que tomar el Estado para proteger a los habitantes de la zona. Incluye realizar estudios para determinar la naturaleza y efectos de los gases y contaminantes producidos por las industrias, y sobre enfermedades detectadas en la población como consecuencia de su exposición a dichos contaminantes, junto con la reducción estos mismos.

Los avances de estas medidas tendrán que ser publicados en una página web que deberá fiscalizar la autoridad administrativa, con esto se busca transparentar el proceso con las organizaciones y la comunidad que luchó por este fallo.

 

Considerando lo anterior, la fundadora del movimiento Mujeres en Zona de Sacrificio Quinteros en Resistencia, Katta Alonso, señaló que el fallo es bastante íntegro porque «toca todos los temas, propone un plan real de descontaminación«.

«Me parece súper bien que los jueces de la Corte Suprema se hayan preparado y hayan estudiado, y me parece una vergüenza la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que no tomó en cuenta la realidad de la zona. Van a tener que cerrar varias empresas, porque están con tecnología obsoleta que no les da para cumplir las nuevas normas, y lo importante es que va a salir a la luz qué realmente estamos respirando, y por qué nos estamos muriendo todos los días de cáncer«, mencionó la activista. 

 

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Ahora que se reconoció la responsabilidad del Estado, el gobierno actual deberá actuar. El mismo Asún, indicó que la sentencia deja al presidente Sebastián Piñera a cargo de la decisión entre perpetuar la violación de derechos humanos producida por las industrias contaminantes, o poner fin a esta situación.

«La sentencia pone al presidente en una encrucijada: debe decidir si perpetúa el funcionamiento de industrias contaminantes que violan los derechos fundamentales de las personas y contaminan el país, o le pone fin a las centrales termoeléctricas en las zonas de sacrificio que están liquidando la vida de miles de ciudadanos», dijo el director de Greenpeace.

 

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Desde la misma organización recalcaron que se acabó la impunidad medioambiental para el denominado»Chérnobil chileno», además esta decisión debería marcar un precedente en esta materia para el resto de las zonas de sacrificio existentes en el país.