Fundación Villa San Luis: «El Consejo de Monumentos Nacionales baila al ritmo de las inmobiliarias»

El pasado 26 de agosto, el Consejo de Monumentos Nacionales determinó a través de una resolución la demolición del block 14 de la Villa San Luis. Es por ello que fundación del espacio habitacional junto con residentes históricos pretenden interponer distintas acciones judiciales para proteger el espacio patrimonial. «Buscamos retrotraer el acto administrativo», explicó el presidente de la Fundación Villa San Luis, Jaime Díaz, en entrevista con Radio JGM. 

La Fundación Villa San Luis junto a ex residentes históricos del conjunto habitacional y parlamentarios, presentaron este miércoles un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, para evitar la demolición del block 14 del emblemático proyecto habitacional de integración social ubicado en la comuna de Las Condes. 

Sobre el tema, radio JGM conversó con el presidente de la fundación, Jaime Díaz, quien dijo que » la Fundación Villa San Luis va a patrocinar un recurso de protección y va a gestionar de otros dos recursos. El que se presentó fue interpuesto por el diputado Tomás Hirsh, respaldando a los pobladores y con el argumento de que la desafectación del terreno, la anulación de la declaratoria de Monumento Nacional, vuelve a dañar a las victimas de estas violaciones a los Derechos Humanos (DD.HH), su integridad psicológica y atenta contra los DD.HH de las convenciones que ha suscrito Chile».

Jaime Díaz explicó sobre el block 14, que la fundación encargó a tres ingenieros calculistas la realización de un informe técnico que concluyó que el edificio es recuperable. «Ese es argumento principal de otro recurso de protección, puesto que efectivamente el Consejo de Monumentos Nacionales está actuando de manera arbitrarea al considerar sólo el estudio técnico contratado por el dueño del terreno, que obviamente, iba a concluir la necesidad de demoler el edificio. Y no consideró, antes de firmar su resolución, el informe técnico presentado por la Fundación Villa San Luis, que concluye que el edificio si es recuperable, que no tiene peligro de colapso, y por lo tanto, acá, de no mediar alguna otra situación va a ser la justicia quien tendrá que determinar si el Consejo de Monumentos Nacionales está actuando de manera arbitrarea, parcial, y en definitiva, retrotraer el acto administrativo, que es lo que buscamos», afirmó.

Respecto de la resolución del Consejo de Monumentos Nacionales, que el 26 de agosto determinó la demolición del edificio de la Villa San Luis, el presidente de la fundación aseguró que «mi opinión y la de muchas de las personas que estamos en esta lucha social es que el Consejo de Monumentos Nacionales se mueve, baila, al ritmo del interés de las inmobiliarias. Es lamentable para una institución que hasta hace poco tenía una trayectoria impecable, que era de toda confianza para la ciudadanía, verse envuelta en este verdadero escándalo. Donde, sin razón alguna, sin fundamento alguno, se pretende demoler el edificio».

Y agregó que «el pretexto, es que el edificio, que es la parte principal del Monumento Nacional, podría colapsar en cualquier momento, pero hay que hacer ver que después de la resolución, después de la toma de la decisión, Santiago sufrió un sismo de 6,7 grados y el edificio no se le cayó una piedra. Entonces, ya los hechos en ese momento demostraron que el informe que se presentó y que fue avalado por el MOP en tres días hábiles, es una situación administrativa completamente cuestionable, oscura, extraña. Con todos esos antecedentes, queda claro que aquí no hay argumentos, lo que hay es una voluntad de demoler un Monumento Nacional, un patrimonio cultural para beneficiar el interés de los empresarios, quienes por lo demás, son  amigos del presidente Piñera, amigos de Joaquín Laví y de la derecha que hoy gobierna el país».

Acerca del rol del gobierno anterior en la conservación del espacio patrimonial, Jaime Díaz indicó que «esto se declaró Monumento Nacional el 28 de junio de 2017, luego la inmobiliaria presentó un recurso de protección. En definitiva no hubo tiempo para la administración anterior de abordar este tema porque la inmobiliaria lo llevó a tribunales. Lo único que hizo el Consejo de Monumentos Nacionales del gobierno pasado fue aceptar lo general que la inmobiliaria pudiera poner en valor el sitio de memoria, pero en ningún caso eso implicaba la demolición del edificio, era una conversación preliminar, y vino el cambio de Gobierno».

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