Expertas en infancia rechazan aprobación de control preventivo de identidad a menores

Con 87 votos a favor y 57 en contra, fue aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que permitiría realizar controles preventivos de identidad a menores de edad a partir de los 16 años, iniciativa impulsada por el Gobierno desde marzo del 2018 y que inicialmente contemplaba a menores desde los 14 años, cláusula que acabó por ser modificada por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la cámara baja.

Este miércoles fue aprobado en general en la Cámara de Diputados el control preventivo de identidad para menores de hasta 16 años, sin embargo, expertas en infancia y Derechos Humanos rechazaron la iniciativa pues el proyecto vulnera los derechos de niñas y niños, además de favorecer su estigmatización en la sociedad.

La investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Angélica Ramírez, aseguró que no se pueden vulnerar los derechos de las y los niños y adolescentes por proteger temas de Seguridad, lo que no se condice con las cifras delictuales de menores de edad en comparación con los delitos cometidos por adultos.

«Hay una visión un poco sesgada de que los jóvenes cometen muchos delitos. Tenemos esta visión también, que ha ayudado harto en los medios de comunicación. Pero si uno va a la cifra, la cantidad de delitos que cometen los jóvenes versus la cantidad que cometen adultos es muy mínima. Y la idea es ir transitando hacia medidas que ojalá apunten a la desjudicialización de los problemas de los jóvenes, a tomar otro tipo de medidas en que los jóvenes ojalá no tengan contacto con la justicia, que se sabe que, además de ser vulnerados, no es efectivo», afirmó.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Corporación Asociación Chilena Pro Derechos de los Niños y Jóvenes (Prodeni), Francis Valverde, aseguró que esta iniciativa legaliza lo que ya se practica en las poblaciones y que reafirma el poder de los adultos sobre las y los niños.

«Es una forma de asegurar que los adultos tienen un poder sobre ellos, que las niñas y los niños son propiedad de los adultos, que los adultos deciden qué tienen que hacer con sus vidas las niñas, los niños y jóvenes. Por eso, también, se une al rechazo a la reforma constitucional de ‘Niño, sujeto de derecho y con autonomía progresiva’. Tienen mucho miedo, totalmente infundado, de que los niños y niñas vayan a… no sé, vayan a tomarse el país más o menos, lo que es absolutamente fuera de toda realidad», aseguró.

La abogada de la Defensoría Popular, María Rivera, afirmó que con esta medida las y los adolescentes pierden el derecho a la protesta y se permite la persecución a jóvenes activistas. Además, acusó que la iniciativa reafirma ilegítimamente la estigmatización social.

«Hemos visto que hay una estigmatización permanente de adolescentes, de chicos que se visten de tal o cual forma, de chicos que levantan la voz cuando no están conformes con las políticas educativas dentro del colegio o en las calles, digamos. Y, efectivamente, están siendo perseguidos sin ninguna razón objetiva. La detención por sospecha ha sido discutida y cuestionada permanentemente, pero lo concreto es que ninguna de estas medidas va a resolver el problema de fondo que es que la educación privatizada en Chile ha quitado los derechos a las familias trabajadoras», dijo.

Finalmente, desde Renovación Nacional anunciaron que la tramitación legislativa del proyecto, que ahora pasa al Senado, insistirán en reducir nuevamente la edad a 14 años. El Partido Socialista advirtió, por su parte, que de promulgarse la ley, acudirán al Tribunal Constitucional.