Ex asesor constituyente: «Creímos tener un mandato amplio, pero nuestra lectura fue errónea»

Escrito por el noviembre 15, 2022

A más de dos meses de la victoria del Rechazo, el acuerdo constitucional que se discute en el Congreso aún no tiene forma. El sociólogo y vocero de la Asamblea Constituyente de Atacama (ACA), Octavio Echeverría, ve en este nuevo proceso una indeclinable derrota para las fuerzas de izquierda, que terminaría por solo modernizar a la actual Carta Magna. Responsabilidades compartidas, críticas al gobierno y un fortalecimiento de la derecha, son las reflexiones que ilustra un ex asesor de la ya disuelta Convención Constitucional.

Por Eric Monrroy Correa

Octavio Echeverría, miembro de ACA y ex asesor de la constituyente Constanza San Juan.

La realidad caía sobre los hombros de Octavio Echeverría este 4 de septiembre. Sociólogo de profesión, participó de manera íntegra en el anterior proceso constitucional. Desde la Asamblea Constituyente de Atacama (ACA), plataforma y organización político-regional de la que participa, pasó de la dirigencia a la Convención Constitucional, donde ejerció como asesor de la ex convencional Constanza San Juan, también militante de la ACA. Hoy, tras la derrota del Apruebo, trabaja en la Biblioteca Nacional como profesional de apoyo.

“Creímos tener un mandato amplio frente a la ciudadanía, pero nuestra lectura de las elecciones fue errónea”, admite Echeverría. En Atacama, según los registros del Servicio Electoral, hubo un electorado estable entre 70 mil y 80 mil personas que votaron por convencionales de izquierda y por el actual presidente Gabriel Boric. El error, en la mirada del sociólogo, fue concentrarse en esa masa votante y no ampliarse a lo que llama “capas populares”. En perspectiva, no sumaron más gente que en los sufragios pasados.

Sin embargo, Echeverría no se queda en la autocrítica. Para él, el gobierno no capitalizó la fuerza suficiente para mantener una imagen pública que permitiera ganar el plebiscito. “Boric también fue escogido por ese 38%, por lo que la serie de errores que cometió de entrada lo único que hicieron fue profundizar el descontento, que además se ligó a la Convención”, agrega.

Frente a un eventual nuevo proceso constitucional de la mano del Congreso,  el vocero de la ACA proyecta un futuro poco alentador para el mundo de las organizaciones sociales de izquierda, sobre todo por la desmotivación aparente que surgió en dichos espacios desde el resultado del plebiscito constitucional.

Un mandato ilusorio

¿Qué lectura o sensaciones tienen desde la Asamblea respecto a la derrota del Apruebo?

Desde la ACA se ha producido una desarticulación regional producto del mismo resultado. No hay un análisis global que represente a toda la estructura, pero alguna de las asambleas comunales que la componen sí han podido tirar líneas en torno a qué pasó ese día. Por ejemplo, en Copiapó atribuimos la derrota a una falta de trabajo territorial junto con una mala lectura del grueso poblacional, especialmente de las capas populares. Pensamos que hay una población más amplia que nunca ha participado de procesos eleccionarios y que hoy, por obligación, tuvo que manifestarse.

Ese conjunto no estuvo a favor de su proyecto…

Claro, pero eso tampoco significa que no quiera cambios. Creemos que la ciudadanía quiere cambios estructurales y rápidos, pero que respondan más a la coyuntura inmediata. Lamentablemente, esta no se vio representada por el proyecto de nueva constitución que presentamos. Pese a que mantuvimos una cantidad estable de votos en relación a elecciones pasadas, nuestro pesar fue no convencer a más gente. Si te das cuenta, a las actividades, no solo regionales, asistían las personas que ya estaban desde antes con el Apruebo y las fuerzas oficialistas. Es una discusión interesante, porque sé que la mayoría de organizaciones de base no se han planteado lo siguiente: creímos representar un mandato ciudadano amplio, y que eso nos facultaba para realizar cambios totales y profundos, desaprovechando conquistas históricas que finalmente no fueron incluidas.

¿Y no hay un componente comunicacional que afecte en el resultado? Las noticias falsas, por ejemplo.

Personalmente, creo que las fake news no fueron determinantes para explicar el 4 de septiembre. Las mentiras y los mass medias han estado permanentemente en Chile desde entrado el siglo XX, incluso de peores formas: acusando a la izquierda de conspiraciones, degeneraciones, etc. El problema es que se han vuelto parte del cotidiano, pero para penetrar en la psiquis tiene que haber una predisposición que no supimos revertir.

¿Cree que ese día fracasó lo que analistas denominan “octubrismo”?

Depende a lo que llamemos octubrismo, porque si se trata del levantamiento y el descontento generalizado, yo creo que de hecho se ha profundizado. Lo que es cierto es que la Convención fracasó en toda su dimensión: la propuesta, los rostros, las estructuras y organizaciones que la componían. Estamos en un escenario amplio, pero siento que el lema de “no son 30 pesos, son 30 años” sigue vigente. Hoy está siendo disputado por sectores de la Concertación porque tienen que defender su relato de progreso, pero debates académicos recientes afirman que quienes más aportaron con manifestantes en la semana de mayor agitación en el estallido, son precisamente capas medias precarizadas que no fueron incorporadas al modelo de bienestar capitalista que se impulsó desde el retorno a la democracia. Sin duda, el gobierno actual debe dar respuestas a este malestar.

¿Ve una responsabilidad del gobierno en que el proceso haya llegado a este punto?

Si bien el resultado es multicausal, el escenario en el que estamos ahora tiene una fuerte explicación en el gobierno. Desde antes de la segunda vuelta, se discutió mucho en la interna sobre no basar la campaña de Apruebo Dignidad en la Convención. Esto se traducía en no ligar a Boric al proceso constitucional para evitar, primero, que una opinión ciudadana desfavorable repercutiera negativamente para ambos lados y, segundo, para que el plebiscito no se transformara en una consulta de apoyo al gobierno.

De todas formas, yo creo que el intento por separar ambos mundos no fue bueno. La gente entiende que tanto el oficialismo como la Convención eran lo mismo, porque el relato de sus personeros sobre el cambio constitucional ha sido el mismo desde hace 10 años, incluyéndonos como organizaciones. Hay hasta una correlación estadística entre cómo la valoración del presidente fue decayendo y fluctuando a la par de la Convención, y si tienes un gobierno débil políticamente por la seguidilla de “errores no forzados” que ha cometido, corres el riesgo que se vio materializado en el plebiscito y actualmente en la falta de conducción en el acuerdo constitucional.

Muchos ánimos pero falta de fuerzas

¿La derecha se ha visto fortalecida por el resultado y el accionar del gobierno?

La gran ganadora de este proceso ha sido la derecha amplia, que incluye al Partido de la Gente (PDG). Al menos en términos políticos la derecha se ve a sí misma envalentonada, permitiéndole un poder de veto que no solo atraviesa al proceso constituyente, sino a los propios márgenes del gobierno. Son capaces de cambiar funcionarios gubernamentales por tuits antiguos, condicionar su apoyo a proyectos como las 40 horas, aplazar las negociaciones para el acuerdo constituyente, y así se pueden ir nombrando otras aristas como el TPP-11 que son muestras de presión y transacción política.

¿Cree que la ciudadanía está de acuerdo con este actuar?

Ahí es donde la derecha se equivoca tajantemente. No puede leerse la votación del plebiscito como un apoyo de la población a un proyecto de su sector, y por lo tanto eso les puede pasar la cuenta. El 62% es un castigo a la clase política en general, no un voto de respaldo a las tradicionales fuerzas políticas como Chile Vamos o la Democracia Cristiana. Es un escenario disperso, así que nadie puede atribuirse el poderío de esa masa votante, ni siquiera bloques más recientes como Amarillos por Chile ni el PDG.

Pese a esa dispersión, el PDG ha logrado capitalizar cierta adhesión ciudadana e influencia en el Congreso. Participan de la mesa paralela, de los acuerdos oficiales, presentan minutas, etc. ¿Cómo se explica aquello?

Hay que leerlo en dos sentidos. Primero, tienen nueve diputados, lo que les permite ser una llave para otras fuerzas políticas interesadas en favorecer sus proyectos. Además, tienen cierto poder de desestabilización en los acuerdos, así que son invitados a todas esas instancias porque permiten generar mayorías que pueden capitalizar otros sectores. Por otro lado, y a título personal, el PDG es el partido que actualmente interpreta mejor a la ciudadanía que se manifestó en el plebiscito constituyente. No por nada son un partido «atrápalo-todo» que abraza tanto posturas socialdemócratas como ultra neoliberales, muy propio de la liquidez del escenario actual. Ciertamente, son un partido de derecha, pero logran interpretar al ciudadano precarizado de Chile que tiene demandas urgentes como la delincuencia o la crisis económica.

En sus soluciones extremadamente pragmáticas, populistas y conspiranoicas han mantenido un eco con las capas populares que las fuerzas de izquierda engatusadas por las clases medias no han sabido leer. Por eso también creo que nuestra propuesta fracasó, porque nuestra oferta era el Estado y la población que ha tenido que recurrir a él se ha visto decepcionada y marginalizada. ¿Qué confianza o relato se puede generar si no se llega a las clases populares?

¿Y cuál es la sensación de esos sectores medios y bajos frente a este proceso de acuerdos?

Es complejo definirlo, pero hay un sentimiento de hartazgo generalizado. No hay figuras ni sectores en que la ciudadanía confíe, porque hasta elementos como la ex Lista del Pueblo o los mismos convencionales ya fueron deslegitimados, y eran quienes sostenían un discurso anti-élite. Esto es peligroso porque se vuelve a generar una olla a presión donde una salida política efectiva se ve cada vez más lejana. Una derecha que intenta capitalizar lo más rápido posible en función de sus intereses, una ola populista con tintes fascistas y un oficialismo desarticulado nos deja en un escenario complicado.

Sobre otro acuerdo constituyente

¿Ve ánimos en el oficialismo de generar un acuerdo constituyente amplio que sea favorable para su sector?

Ánimos hay, el problema es que no hay fuerzas para llevarlo a cabo. El oficialismo fue el principal dañado después del plebiscito, y la fuerza social que sostenía las presiones para cambios transformadores como la paridad, escaños reservados y listas de independientes se esfumó. En definitiva, el gobierno no tiene el capital para empujar hacia un acuerdo que sea favorable para la izquierda, y las negociaciones tendrán a la derecha como gran protagonista.

¿Qué espera del resultado de este proceso de negociaciones?

El acuerdo que se generará será simplemente una modernización de la Constitución del 80’, lo que significa una derrota para las fuerzas transformadoras. Se viene un ciclo reformista, pero que tiene el corpus e incluso el ethos de la actual Carta Magna, que por supuesto es un gran fracaso. Ahora, sería más profunda la crisis en la izquierda si el nuevo texto lo redacta un comité de expertos; sería más profunda si existe un plebiscito de entrada, porque ahí la discusión sería la forma, y no hay chances a priori de otro proceso transformador.

De rechazarse nuevamente este proyecto, ¿se debe ver otra vía o abandonar el proceso constituyente?

Creo que no es dicotómico. De vernos en ese escenario, debemos empujar por un proceso constituyente pero bajo nuestras condiciones, y desde lo que se pedía en un primer minuto en las calles: una asamblea constituyente popular y soberana. Al final, la Convención Constitucional se transformó en un nuevo Congreso, porque su origen venía condicionado. Desde esa reflexión, hay que empezar a trabajar desde ya como izquierda por la unidad, una donde caigan todas las formas de lucha pero que tengan como horizonte la superación del capitalismo.

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