¿Están las leyes ambientales de Latinoamérica a la altura del cambio climático?

El cambio climático es un desafío que no conoce fronteras. Según la Organización Meteorológica Mundial, América Latina y el Caribe, aunque representan solo el 9% de la población mundial, enfrentan el 25% de los desastres climáticos globales. Este dato resalta una realidad alarmante: mientras que la región carga con una porción significativa de las consecuencias del cambio climático, las políticas públicas y sus leyes ambientales a menudo no están a la altura de la amenaza.

Por Antonia Ruiz

De hecho, la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) ha clasificado el 2024 como el año más cálido registrado desde que comenzaron los registros de temperatura global en 1850, lo que demuestra la creciente intensidad de la crisis. El Coordinador regional de América Latina y el Caribe de Demand Climate Justice, Eduardo Giesen, advierte: “La situación es alarmante en términos climáticos y socioambientales. Entonces, por ahí es alarmante que las políticas públicas y las propuestas de políticas que hacen los candidatos no estén a la altura de esta situación, de esta amenaza tan grande que hay a todo nivel, a nivel local, a nivel nacional, a nivel planetario”.

El cambio climático no es solo una cuestión de fenómenos naturales, sino que está intrínsecamente vinculado a las decisiones que tomamos como sociedad. La pregunta es: ¿realmente las leyes ambientales existentes sirven para mitigar esta crisis? Aunque en muchos países se han implementado marcos normativos para enfrentar el cambio climático, muchos de estos no abordan la raíz del problema y no cuentan con el enfoque integral necesario para frenar la degradación ambiental.

Bajo este contexto, Giesen señala que es imprescindible sacar del centro elementos como los pilares de la depredación natural, de la destrucción ambiental y de la naturaleza. «Son poner en el centro el crecimiento económico”.

La crisis climática exige más que palabras en un papel; requiere un cambio radical en las políticas públicas, un enfoque integral y efectivo, y un compromiso real con la sostenibilidad. Para ilustrar esto, vamos a revisar el caso de tres países latinoamericanos: Argentina, Ecuador y Perú. Cada uno enfrenta desafíos climáticos únicos, pero también ejemplos de políticas que, aunque en ocasiones prometen mucho, aún carecen de la profundidad necesaria para abordar adecuadamente el cambio climático.

Argentina: La Ley Yolanda, una política ambiental en pausa bajo el gobierno de Milei

En 2020, Argentina dio un paso relevante en materia ambiental con la aprobación de la Ley Yolanda, una normativa que establece la capacitación obligatoria en temáticas ambientales y de cambio climático para quienes trabajan en los tres poderes del Estado. La ley lleva el nombre de Yolanda Ortiz, la primera Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina.

Durante sus primeros años, la implementación de la ley mostró un impulso considerable. Se estructuró una formación de 16 horas distribuidas en ocho módulos, donde se abordaban contenidos sobre biodiversidad, crisis climática, economía circular y sostenibilidad, entre otros. Todos los funcionarios, desde niveles administrativos hasta autoridades de alto rango, debían completar esta formación. Incluso el expresidente Alberto Fernández participó del curso y lo comunicó públicamente en 2022.

Sin embargo, el panorama dio un giro tras la asunción de Javier Milei en 2023, un mandatario que ha expresado públicamente el negacionismo climático y su intención de seguir los pasos de EE. UU. en retirarse del Acuerdo de París.

Desde su llegada al poder, la difusión y ejecución de la Ley Yolanda se ha estancado. Aunque el sitio oficial aún existe, los contenidos dejaron de estar disponibles y no se han renovado las instancias de formación. María Aguilar, directora de educación de Eco House mencionó: «Ya no puedes descargar los materiales, no hay forma de acceder al temario ni saber a quién contactar para retomar las capacitaciones”. Explicó además que han enviado correos desde que este nuevo equipo asumió, pero no hay respuestas.

Pese a la inacción del gobierno central, algunas instituciones como el Poder Judicial han seguido adelante, desarrollando programas de formación propios durante el año pasado. Estos cursos han incluido fundamentos científicos y legales sobre problemáticas ambientales tanto locales como globales, además de un análisis del Acuerdo de Escazú.

Lo ocurrido con la Ley Yolanda refleja cómo las decisiones políticas afectan directamente la continuidad de las leyes ambientales. Aunque la norma no ha sido derogada, su aplicación efectiva ha sido frenada, quedando en un estado de abandono institucional, a pesar de su relevancia frente a la emergencia climática.

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Ecuador: la naturaleza como sujeto de derechos, más allá del papel

La Constitución ecuatoriana fue pionera al incorporar los Derechos de la Naturaleza a nivel mundial, inspirada en el concepto de sumak kawsay (“buen vivir”) y en cosmovisiones indígenas. A partir de 2012, la Corte Constitucional ha emitido jurisprudencia vinculante para dar contenido a estos derechos, estableciendo obligaciones de prevención, restauración y participación comunitaria.

El Yasuní, ubicado en plena Amazonía, fue declarado parque nacional en 1979 y reconocido por la Unesco como Reserva de la Biosfera en 1989. Es hogar de miles de especies de flora y fauna – muchas de ellas únicas en el planeta – y también de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, como los Tagaeri y Taromenane, cuya existencia se encuentra directamente amenazada por la actividad extractiva.

A principios de los años 2000, se descubrió en el límite de esta reserva un enorme yacimiento de petróleo. Con una estimación superior a los 850 millones de barriles, se trataba del mayor hallazgo de reservas de crudo en la historia del país. Luego de 13 años, el entonces presidente Rafael Correa autorizó formalmente la extracción de petróleo en la zona. Tres años después, en 2016, comenzaron las operaciones a cargo de la empresa estatal Petroecuador.

En 2023, más de cinco millones de ecuatorianos votaron en una consulta popular para detener esta explotación. Sin embargo, los pozos aún no han sido cerrados ni desmantelados. Esperanza Martínez, miembro de Acción Ecológica, encargada de derechos de la naturaleza y de la campaña por el parque Yasuní menciona:  “El tema del desmantelamiento, en este contexto actual, pensando en el cambio climático, pensando en el futuro del planeta, es un tema indispensable (…) Yo creo que erróneamente, en algún momento, en el derecho ambiental, se consideraba la necesidad de que todo proyecto, aparte de su línea base y de sus planes de manejo tenga un plan de abandono. Las empresas se lo tomaron al pie de la letra y lo que hacen es dejar abandonadas las cosas cuando ya no funcionan. Y no es así como hay que hacerlo.”

Como último recurso el 13 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado ecuatoriano cumplir con la voluntad popular de terminar la extracción de petróleo en el parque y reparar a los pueblos indígenas afectados. El caso del Yasuní subraya la necesidad de que los derechos de la naturaleza trasciendan el marco legal y se implementen de manera efectiva, incluso frente a intereses económicos.

Ley Antiforestal: el riesgo que acechó a la Amazonía

El Congreso del Perú aprobó en marzo de este año la derogación parcial del Decreto Legislativo N.º 1523, una norma ampliamente cuestionada por organizaciones indígenas y ambientalistas, que fue conocida popularmente como “Ley Antiforestal”.

Este decreto modifica el artículo 29 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, eliminando la exigencia de contar con una zonificación forestal previa para otorgar derechos sobre predios en zonas de selva. En la práctica, esta modificación permitía que se entregaran tierras ubicadas en zonas boscosas para actividades agroindustriales, sin tener certeza de si eran bosques o no, y sin realizar estudios técnicos que permitieran determinar su uso adecuado. La norma fue aprobada en enero de 2024, durante el gobierno de Dina Boluarte, mediante facultades legislativas delegadas por el Congreso.

Diversas organizaciones indígenas se movilizaron en contra del decreto, entre ellas la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) y la Organización de Mujeres Indígenas Asháninkas Amazónicas de la Selva Central (Omiaasec). Sus dirigentas denunciaron que la norma abría la puerta al ingreso de empresas que instalan monocultivos como la cúrcuma y el jengibre en territorios comunales, sin consulta previa y con impactos negativos sobre el ambiente. También señalaron que las tierras comunales estaban siendo ocupadas de forma irregular y que las autoridades locales y regionales no actuaban para proteger los derechos de las comunidades.

El 21 de marzo de 2025, el Congreso aprobó la Ley N.º 31619, que deroga los artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo N.º 1523. Esta nueva norma restablece la obligatoriedad de contar con zonificación forestal antes de titular los predios o autorizar el cambio de uso del suelo en áreas con cobertura boscosa. La derogación fue celebrada por las organizaciones indígenas como un logro importante en la defensa de sus territorios y derechos.

Finalmente la crisis climática, en su dimensión ambiental, económica y social, exige un enfoque integral y un cambio en la forma en que nos relacionamos con el medio ambiente. Como señala Eduardo Giessen: «Poner en el centro de las relaciones el intercambio y la colaboración con otros países, en lugar del libre comercio, que distorsiona las economías de los países en función de los vaivenes del comercio internacional» Este enfoque contribuiría a generar círculos virtuosos, favoreciendo una producción más sostenible y reduciendo la dependencia de la extracción de materias primas.

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