El vaso que colapsó: UDEC en toma por denuncias de violencia de género

Escrito por Radio JGM el abril 30, 2025

A raíz de denuncias de violencia de género, 56 carreras de la UDEC se encuentran en toma y en paro indefinido. El pasado viernes 25 de abril se aprobó el estado general de movilización para toda la institución.

-Amparo Ballevil

Con 56 carreras adheridas a la paralización y decretado el lunes estado general de movilización, la Universidad de Concepción atraviesa un momento complejo para sus estudiantes. Los problemas radican en dos denuncias de violencia de género, acoso, hostigamiento y violencia política de género. En ambos casos, los nombres no pueden ser revelados para no entorpecer las investigaciones de carabineros.

Las denuncias

El primer caso es de un alumno de tercer año acusado de acoso sexual impune. Las conductas del alumno consisten en perseguir sistemáticamente a compañeras de la carrera y otras alumnas; envío de fotografías íntimas hacia compañeras sin consentimiento, creación de perfiles para acoso en redes junto con el uso de una cuenta de memes para comentarios xenófobos hacia sus alumnos durante sus prácticas; además de porte de arma blanca en la universidad y una amenaza de tiroteo.

El sujeto cuenta con 3 investigaciones en curso por parte de Carabineros junto con una orden de alejamiento hacia una de las víctimas.

El segundo caso corresponde a otro alumno de 5to año. Al momento de entrar a la carrera de historia en 2021 se une a la militancia del GAP, creando un colectivo político. Frente al crecimiento de los colectivos de género que se estaban formando a la par, comienza una persecución política en contra de alumnas de estos colectivos; terminando con 12 casos de acusación por esta misma causa, los cuales fueron enviados a fiscalía de género el año pasado donde sería declarado culpable, sin embargo, aún se está a la espera de las respectivas sanciones. Además de esto, se le dio la posibilidad de apelar, obteniendo así las carpetas de las víctimas con el objetivo de interponer una contradenuncia.

¿Qué dice la ley al respecto?

El artículo 20 de la ley no 21.675 establece que deben existir obligaciones especiales de atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género en el ámbito educativo. “Los establecimientos educacionales deberán disponer de procedimientos objetivos, establecidos en sus respectivos reglamentos internos, que consideren mecanismos de denuncia, investigación y sanción, y aseguren la protección de las víctimas de violencia de género. Estos procedimientos procurarán reducir o eliminar la victimización secundaria, para lo cual contarán con medidas formativas, de apoyo y acompañamiento a las víctimas. Además, deberán contemplar mecanismos efectivos para informar a las víctimas acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género.” -artículo 20, ley n. 21.675.

Las sanciones por parte de la UDEC van desde una amonestación verbal hasta la pérdida definitiva de su situación de estudiante. Sin embargo, esto no asegura una sanción concreta. La problemática radica en las nulas respuestas por parte de la fiscalía universitaria y del propio establecimiento, junto con procesos lentos que demoran en dar un castigo definitivo a los denunciados, dejando al desamparo a las víctimas y denunciantes.

Toma año 2024

El año pasado también hubo toma por parte del alumnado de historia, debido a dos casos concretos: el caso madre y el suicidio de Benjamín Fuentes.

Benjamín Andrés Fuentes Parra era un estudiante de pedagogía de 4 año. Siendo el sustento económico de su familia, Benjamín tenía pendiente 10 asignaturas del año anterior. Frente a esto solicitó varias veces rebaja de carga académica; la universidad no tomó cartas en el asunto, dejándolo a la deriva. Sumado a esto, siendo víctima de bullying (atestiguado por profesores que no quisieron involucrarse), decide suicidarse en Coronel, su comuna de origen.

Investigando su paradero, la PDI solicitó a la universidad el informe de asistencia de clases del alumno, negando el acceso y entorpeciendo el trabajo de la policía. La universidad no ha pedido disculpas por lo sucedido.

El caso madre relata la violencia ejercida por parte de la institución al negarse el permiso a una madre en post natal ejercer su práctica profesional. La universidad se excusaba con la afectada hablando de la existencia de varios sobrecupos en los centros de prácticas. Esto resultó ser falso, tras la solicitud por parte de otros compañeros de la carrera, a los que se les dio permiso sin complicaciones. Al volver a solicitar la práctica, la universidad respondería con: “tuvo que planear mejor el embarazo”. Tampoco han habido disculpas públicas frente a esta situación.

A un año de esos casos, Catalina Campos, vocera de la asamblea de PHYG, asegura que no han habido cambios efectivos. “No, nada. (el caso de) Benjamín ahora está empezando la investigación que debía haber empezado hace un año.

Nos dimos cuenta también que las investigaciones pueden ser más rápidas porque con el caso de Tercero nos están llamando al tiro a los testigos. En cambio, el caso de Quinto recién ahora estaban llamando para ver cómo iba el caso después de un año. El caso de Benjamín, que no es Fiscalía de Género pero sí Fiscalía Universitaria también están llamando ahora a los testigos después de un año.”

Demandas para la Fiscalía Universitaria

1.- imparcialidad en sanciones, la búsqueda de una comisión de género encargada de sancionar a los alumnos en casos de violencia de género.

2.-Que los denunciados no tengan acceso a las carpetas investigativas de su caso con el fin de evitar la revictimización de los y las denunciantes.

3.-Implementación de un mecanismo de acompañamiento efectivo para las víctimas.

4.-Incrementar el número de fiscales, cumpliendo con la paridad de género de la fiscalía universitaria.

5.-Plazos menos extensos en procesos de investigación

6.-Mayor protección a las víctimas, sobre todo en casos de ciberacoso, violencia de género y acoso sexual, con tal de que sean catalogadas como denuncias relevantes.

7.-Asesoría legal y acompañamiento jurídico para los denunciantes.

8.-Implementación de una escala de gravedad para las denuncias, de funcionar, en casos graves el denunciado no deberá tener derecho a apelar en situaciones de baja académica.

9.-Ampliar la definición de violencia de género, con tal de que las denuncias puedan ser apeladas y ejecutadas.

10.-Involucramiento activo de las autoridades.

11.-prerrequisito de género para la realización de prácticas (que denunciados admitidos por la DEGYD no puedan hacer prácticas en establecimientos)

12.-Implementación de un seguro para las víctimas similar al de prácticas para resguardar su integridad.

13.-Acompañamiento psicológico para las víctimas.

14.-Sanciones inmediatas, vale decir, la cancelación de matrícula para el agresor y cancelación de prácticas para los denunciados.

15.- Evaluación psicológica de carácter confidencial previa a las prácticas iniciales o profesionales.

En relación a este último punto, Catalina aseguró que es el más relevante -además de todo el petitorio- junto con el seguimiento posterior al test.

“Los protocolos de género están fallando no sólo en la UDEC sino en muchas universidades, y al final estamos exponiendo a los estudiantes y a la misma sociedad. La universidad está exponiendo a la sociedad porque manda a acosadores y abusadores a hacer clases a menores de edad. Nos dejan acosadores en nuestra sala haciéndonos clases.”

Actualmente, son 56 carreras en paro indefinido (entre ellas derecho e ingenierías) y la toma de tres departamentos: Pedagogía en Historia y Geografía, Ciencias Políticas y Educación; además de la redacción de un petitorio a nivel universitario.

Demás está mencionar que el 6 de marzo recibió el sello de igualdad de género para universidades del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su nivel oro; caso llamativo debido a las protestas por problemáticas de género a nivel universidad.

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