El uso político y excesivo de la prisión preventiva: Una pena anticipada o herramienta de control social

Escrito por el abril 22, 2021

La discusión por la arbitrariedad de la prisión preventiva se ha posicionado con los casos de las y los presos políticos de la revuelta social. Sin embargo, especialistas apuntan a que su uso indiscriminado se transformó en norma en el sistema judicial.

Cárcel

Cárcel. Foto: RadioUChile

Este martes, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal absolvió de cinco hechos a Jesús, Benjamín y Matías, investigados por el caso del Hotel Principado ocurrido en noviembre de 2019. Sin embargo, arriesgan penas de tres a cinco años, además de mantenerse en prisión preventiva, situación en la que están hace 17 meses.

De acuerdo al abogado defensor de Matías, Lorenzo Morales, el tribunal los declaró culpables por elaboración de artefactos y por arrojamiento de ellos. El abogado de la Defensoría Popular añadió que “hay preocupación porque hubo un capítulo entero en que se fundamentó la ilegalidad de la prueba y no fue admitido. No obstante, hay un fallo de minoría de una magistrada. Esperaremos cuál es el contenido de esa posición minoritaria”.

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Uso político de la prisión preventiva

Al igual que este caso, existen más de cien personas privadas de libertad en el contexto de la revuelta social que han estado más de un año en prisión preventiva de acuerdo a estimaciones de la Coordinadora 18 de Octubre. Desde diferentes organizaciones han señalado que esta medida se ha impuesto como juicio y castigo anticipado para quienes fueron parte de este proceso.

Libertad a lxs presxs de la revuelta

Foto: Coordinadora 18 de Octubre

En ese sentido, Lorenzo Morales señaló: “Es preocupante porque finalmente es una forma destinada que han hecho algunos fiscales con nombre y apellido. Se le ha perjudicado la libertad ambulatoria de nuestros representados y muchos de ellos han salido absueltos por la mayoría de los delitos”.

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Entre estos casos se encuentra el de Claudio Bravo, quien estuvo en prisión preventiva trece meses, en medio de denuncias de tortura y una huelga de hambre de dos semanas. También está el de Darío Chacón, un joven de Ancud que pasó más de un año bajo esta medida cautelar. José Luis Labra estuvo en prisión preventiva por ocho meses sin ninguna prueba por el incendio de la Gobernación de Melipilla.

El académico y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, apuntó a que, en el caso de las y los presos de la revuelta, ha existido un uso político de la prisión preventiva.

“Puede ser considerado preso político quien, al perseguirse delitos comunes, es objeto de un trato más gravoso atendida consideraciones de orden político. Es decir, se afectan sus derechos humanos por razones de orden político, de discriminación política”.

Se les mantiene privados de libertad como una forma de castigo, lo cual es una violación del principio de presunción de inocencia. En este sentido, es que puede sostenerse que existe prisión política en Chile”.

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Más allá de las y los presos de la revuelta

Si bien el uso arbitrario de la prisión preventiva ha sido evidente con las y los presos de la revuelta, esta situación no es exclusiva. De acuerdo a especialistas, su utilización es uno de los problemas del sistema penal chileno e incide en el respeto y garantías de las personas privadas de libertad.

La abogada y directora de Pensamiento Penal Chile, Grace Méndez, puntualizó que “la prisión preventiva, que debe ser la excepción, hoy se ha convertido en la regla general. Se usa como pena anticipada o herramienta de control social. En el caso del proceso social de movilización ciudadana, se ha usado muchas veces para criminalizar la protesta social”.

Cárcel, prisión preventiva

Junto a ello, Méndez sostuvo que durante la pandemia y la movilización social, la duración de esta medida cautelar ha excedido cualquier plazo razonable. Esto, debido a la demora en la investigación por parte de Fiscalía.

“Esto tiene como consecuencia que la prisión preventiva se prolongue injustificadamente. Además, se invierte la carga probatoria, siendo el imputado quien debe acreditar la existencia de nuevos antecedentes para sustituir esa medida por una menos grave”.

La directora de Pensamiento Penal Chile indicó que este hecho genera situaciones tales como el hacinamiento, restricciones a servicios básicos, la propagación de enfermedades por malas condiciones de salubridad, entre otros.

Además, la abogada precisó que para cambiar este panorama es necesario fortalecer el sistema judicial y garantizar la independencia de los jueces. “También se requiere que se hagan modificaciones legales que limiten su uso. Hoy es la regla general, amparándose en el peligro para la seguridad de la sociedad para privar de libertad a una persona a quien por ley se le presume inocente”.

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