Pese a las reiteradas denunciadas por falta de condiciones sanitarias en las cárceles, Piñera promulgó una ley que aumenta las penas para quienes incumplan la cuarentena. 

Diferentes voces han criticado la ley promulgada por Sebastián Piñera el jueves pasado, que modifica el artículo 318 del Código Penal, endureciendo las penas contra quienes infrinjan las medidas sanitarias en medio de la pandemia del Covid-19.

Dentro de las sanciones que estipula la modificación a la ley se encuentran el aumento de multas hasta las 200 UTM y penas de presidio hasta cinco años.

La ley fue promulgada sólo un día después de ser aprobada en la Cámara de Diputados y Diputadas, haciendo tardía la reserva de constitucionalidad presentada por parlamentarios del Partidos Socialista ante el Tribunal Constitucional (TC).

Para el subdirector del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (CDH) y académico de la casa de estudios, Luis Felipe Abbott, esta ley contiene todos los elementos relacionados al populismo penal. Además, recordó que el Gobierno ha dado señales confusas en torno a la rigurosidad del confinamiento.

El “populismo penal suele denominar varias situaciones que pueden presentarse aislada o combinadamente. Por ejemplo, el recurso fácil al derecho penal a sabiendas de que no contribuye a solucionar el problema; el uso desproporcionado e irracional del derecho penal o el recurso al derecho penal indiferente de la evidencia empírica que descarta su uso por ineficaz o por sugerir el uso de otras herramientas más idóneas”.

“Tenemos que sumar lo contradictorio de las instrucciones y las señales comunicacionales. Entre ellas, lo que se dijo en su momento de volver a la actividad normal, los términos y contornos exactos de las cuarentenas, el retardo en implementar medidas para que las familias no salgan. Son señales muy contradictorias”.
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¿Es la solución aumentar penas?

El mismo día en que se despachó el proyecto, el ministro de Defensa, Alberto Espina, entregó cifras sobre las fiscalizaciones realizadas por Carabineros y el Ejército, que hasta la fecha completaban más de 17 millones de controles, con un promedio diario de 194 mil.

Sin embargo, solo un poco más de mil personas infringían la cuarentena, por lo que el 99,4% de quienes fueron fiscalizados estaban cumpliendo con la normativa sanitaria.

Al respecto, la abogada y directora de Pensamiento Penal Chile, Grace Méndez Montes, señaló que aumentar las penas se ha impuesto como una solución para estos problemas y los medios de comunicación han ayudado a establecer esta idea, pero que usar el sistema penal para resolver esto tiene consecuencias muy dañinas.

“Los medios de comunicación han instalado la sensación de que el incumplimiento es altísimo, cuando las cifras nos dicen otra cosa. Basta ver los matinales o los noticieros en donde le dedican bastantes minutos en casos de personas que circulan sin autorización. Sin embargo, el porcentaje de incumplimiento es extremadamente bajo, lo que no justifica aumentar las penas ni usar el derecho penal, que debiera ser siempre el último recurso para controlar la movilidad social”.
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Hacinamiento en las cárceles

A fines de marzo se dio a conocer el primer contagio por Covid-19 de una persona privada de libertad (PPL). Hasta hace unos días, Gendarmería informó de 1.570 personas contagiadas en las cárceles, siendo 710 PPL y 860 funcionarios. De ellos/as, seis PPL y ocho gendarmes han fallecido.

Diferentes informes han señalado que la situación de las cárceles es una “bomba de tiempo” y que la población penitenciaria es un grupo de riesgo en medio de la emergencia sanitaria.

Seis PPL y ocho gendarmes han fallecido producto de Covid-19

Ante este escenario, la directora de Pensamiento Penal Chile indicó que la ley promulgada hace unos días podría agravar la situación de los recintos penitenciarios.

“La consecuencia de aumentar penas trae aparejada la posibilidad de que esas penas se cumplan en la cárcel, y sabemos que quienes van a la cárcel, por regla general, son las personas más vulnerables. Es decir, los más pobres del país»

«Con esto entonces aumentamos el riesgo de contagio de internos y gendarmes. Ello, porque las cárceles del país no ofrecen garantías de salubridad y seguridad. Las mismas no reúnen las condiciones sanitarias ni materiales para enfrentar una pandemia de la magnitud como la que estamos enfrentando hoy”.
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En tanto, la abogada e integrante de la Coordinadora 18 de octubre, Claudia Rodrigo, apuntó a que es un despropósito esta iniciativa considerando las condiciones de hacinamiento en las cárceles.

También manifestó que no se ha cumplido con la revisión de prisiones preventivas para despoblar las cárceles, manteniendo a las y los presos de la revuelta aún privadas/os de libertad.

“Es una población que está en condiciones de hacinamiento brutales, en donde hoy estamos viendo traslado de reos desde Santiago a Rancagua a otras cárceles. Muchos reos infectados y muertos. No tiene sentido sancionar punitivamente con cárcel a la gente, justamente cuando la idea es despoblar para poder controlar la pandemia”.

“Por eso también la Fiscalía sacó un instructivo para revisar algunas prisiones preventivas. La Defensoría Penal Pública también ha hecho este trabajo. Con los presos de la revuelta no ha sido así en muchos casos. A pesar de que se ha solicitado la revisión de sus prisiones preventivas, la Fiscalía no ha accedido a ella. Hay muchos presos de la revuelta que no han podido ir a cumplir la etapa previa de su juicio a sus hogares”.
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De acuerdo con los datos entregados en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y Diputadas este martes por el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, Gendarmería ha realizado cerca de 5 mil 700 PCR en recintos penitenciarios. Esto cubre solo al 14,3% de funcionarios y 7,2% de PPL, cifras que han sido cuestionadas por organizaciones y expertos.