El 90% de las causas del estallido social se encuentran cerradas

El pasado 16 de abril, se dio a conocer un informe con el detalle de la investigación de causas relacionadas al estallido social. Allí la Fiscalía informo que un 90,9% de los 11.925 casos de violencia institucional reportados durante el estallido social, se encuentran cerrados.

Por Emilia Salas

El documento fue solicitado vía Ley de Transparencia por la organización “Acción Cívica”.  En él se detalla además que 8.264 causas (69,3%) tuvieron una “Salida No Judicial”, que incluye las alternativas de archivo provisional, decisión de no perseverar, incompetencia y principio de oportunidad. Estas cifras se suman a las informadas por el Ministerio Público en febrero pasado. En ese entonces, el ente persecutor tomó la decisión de no perseverar en 1.509 investigaciones. Dicha resolución causó molestia entre diferentes organizaciones, quienes emitieron un comunicado rechazando la medida. 

En la misiva, las organizaciones argumentaron que la decisión es grave, pues “constituye un agravio y renuncia a la garantía de no repetición y se transforma en un respaldo a políticas represivas articuladas desde la institucionalidad estatal con la clara intencionalidad de criminalizar la movilización social, donde una  vez más las víctimas de graves crímenes cometidos por agentes del estado, tienen como respuesta la impunidad”.

El pasado 31 de marzo el fiscal nacional, Ángel Valencia, respondió a las críticas. Mediante una carta el fiscal aclaró que: “Esta forma de término corresponde al ejercicio de la facultad legal del Ministerio Público en aquellos casos en que no se han reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación”.

Sin embargo, de acuerdo con Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de la organización Amnistía Internacional Chile, en conversaciones con Radio JGM, han existido irregularidades en diferentes procesos judiciales: 

“El Ministerio Público ha planteado que algunas o muchas de estas causas se han cerrado por falta de antecedentes. Desde Amnistía Internacional hemos constatado que en muchos casos las víctimas no fueron citadas oportunamente o las diligencias ordenadas por el Ministerio Público también demoraron meses o años en realizarse. Ese ha sido un problema clave para esclarecer los hechos y que tengamos verdad y justicia respecto de esas violaciones a los derechos humanos”, mencionó. 

El encargado del equipo de querellas de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), Luis Acevedo, asegura que la justicia ha actuado de forma preocupante y frustrante en las causas relacionadas con el estallido social.

“Las sanciones muchas veces llegan a ser una burla a la justicia. Esto afecta sobre todo en la credibilidad que le podrían estar dando las víctimas a la institucionalidad. Esto es relevante porque actualmente las encuestas hacia instituciones de justicia, muestran que hay desconfianza. En ese sentido, no ayuda que el sistema no responda eficazmente”. 

En noviembre pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó el estudio “Los determinantes de la confianza en las instituciones públicas de Chile”. El informe determinó que solo un 25% de los encuestados manifestó una confianza alta o moderadamente alta en las instituciones de justicia. Esto significa 29 puntos porcentuales por debajo del promedio OCDE (54%).

Obligación internacional

El respeto por los derechos humanos es una obligación que trasciende el ámbito nacional. El Estado está obligado a respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución. Asimismo, debe acatar los tratados internacionales sobre derechos humanos que haya ratificado y que se encuentren vigentes.

El derecho penal internacional establece que cuando una persona tiene el control efectivo y no lo ejerce para evitar o hacer cesar los crímenes de sus subordinados, está incurriendo en responsabilidad penal individual. Esta responsabilidad se conoce como responsabilidad de mando o por omisión.

Tanto la legislación chilena como la internacional, establecen que los delitos en contra de los derechos humanos son imprescriptibles. Esto quiere decir que las autoridades pueden investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos en cualquier momento, sin límite de plazo.

El abogado enfocado en defensa de Derechos Humanos, Manuel Woldarsky, contó a Radio JGM que los tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile son leyes tan importantes como cualquier otra ley promulgada en el país. 

Por eso, el jurista asegura que: “Cuando no se cumple una ley, o se cumple una ley por encima de otra, sin tener las consideraciones éticas que el Estado de Chile tiene comprometidas a nivel internacional, no solo nos transformamos en una vergüenza mundial, sino que también nos hace preguntarnos si acaso las instituciones que tenemos cumplen con el objetivo que se han propuesto”.

El estallido social fue un hecho que captó el interés de diferentes organismos internacionales quienes denunciaron la represión y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

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