Dueños de la impunidad – Parte II

A más de dos años del levantamiento popular de octubre de 2019 y a un día del cambio de mando Presidencial, el sentimiento de impunidad generalizado que llevó a miles de personas a manifestarse en las calles sigue estando presente, incluso con más fuerza. En esta segunda parte del reportaje Dueños de la Impunidad, se aborda la visión del INDH sobre las múltiples vulneraciones provocadas por agentes del Estado durante la revuelta.

Por: Daniela Mansilla, Paula Navarro, Rodrigo Aliaga y Martín Berríos.

Paloma Grunert es periodista y realizadora audiovisual, sus registros en manifestaciones, marchas y ocupaciones relacionadas a la revuelta, parten en noviembre de 2019, fecha en la que decidió regresar a Chile desde el extranjero, donde se encontraba residiendo y estudiando.

Al recorrer las inmediaciones de la Plaza Dignidad y, a pesar de los más de dos años transcurridos desde el levantamiento; murales, aceras y barandas intervenidas, se encargan de recordar cada uno de los atropellos que han sucedido en el lugar.

“Este lugar está lleno de huellas, de pequeñas animitas populares, porque así como la violencia ha sido sistemática, también de alguna manera los muros dan cuenta de que la resistencia continúa y, pese a que uno dice ‘oh ya no hay revuelta’, el hecho de seguir viendo las calles intervenidas con mensajes que hablan de los asesinados y torturados, te devuelve también la certeza de que hay una voz ahí que sigue dando vueltas”, apunta.

Asegura que es consciente de los riesgos de su labor. “Cuando tú vas a registrar, sabes que eres uno de los objetivos de Carabineros, ellos buscan impedir que tu grabes como primera medida, y no sólo eso, ya que tú tienes que estar constantemente ingeniándotelas para poder grabar, porque ellos están censurando todo el rato tu registro”, sostiene.

Tras sufrir una agresión por parte de carabineros el lunes 28 de diciembre de 2020, la periodista está a la espera de las diligencias que la Fiscal Ximena Chong, ordenó realizar a la PDI, para identificar a los responsables de sus lesiones.

“Ese día estábamos en Alameda con unos compañeros y nos pusimos en el bandejón para poder limpiar nuestras cámaras. Afortunadamente uno de ellos andaba con su GoPro grabando en el casco, y me pide un pañuelo. Pasan unos segundos y ahí es cuando el guanaco, el carro número 66, que estaba frente a nosotros, mueve su manguera y me dispara directamente a la cara. Se ve que detrás mío no había disturbios, no estaba pasando nada en ese momento. Ahí me bota y pierdo el casco en la caída, fue tan fuerte el impacto que salgo del bandejón y caigo a la calle. Cuando intentan levantarme, y se ve en el video, me desmayo. Ahí me agarra un compañero y vuelven a tirar el chorro mientras recibo ayuda”, relata.

El impacto que la llevó a golpearse en la cabeza y perder el conocimiento por algunos instantes fue subestimado por la periodista, acostumbrada a presenciar niveles de violencia aún más extremos. Sin embargo, y tras revisar las imágenes de su impacto y caída, decidió hacer pública la situación que había vivido.

El video fue publicado y ampliamente difundido en redes sociales. “Lo vio mucha gente, se contactaron conmigo personal del INDH, la Fiscalía, y también Londres 38, que es donde trabajo y me apoyaron desde el principio con esta situación. Entonces ahí empezamos la querella. Me contaba la abogada que está llevando el caso que los disparos que hace el guanaco no son aleatorios, sino que cuentan con un visor donde apuntar y como fue tan directamente a la cara, hubo alevosía. Desde mayo está la orden de investigar, pero no ha avanzado. Hace poco me llamaron de Fiscalía para saber si la PDI se había comunicado conmigo”.

“Mi intención -prosigue- no es obtener algo con esa querella, sino sumar una más a todas las querellas que existen sobre violencia de los pacos y sobre todo a comunicadores. En la calle no ves nunca a periodistas de TVN o de medios hegemónicos, porque de partida los echan al tiro de la plaza, no son bienvenidos. Quienes cubrimos lo que hace Carabineros somos medios independientes, que siempre estamos ahí. Muchos compañeros que han sido víctimas de violencia mucho más agresiva o con consecuencias más graves que las mías, no han querido levantar denuncias porque algunos creen que no sirven de nada y porque también existe el temor a ser perseguidos”.

 

UNA BALANZA ENTRE IMPUNIDAD Y JUSTICIA

Chile cuenta con una historia de violación sistemática a los derechos humanos que no solamente tiene que ver con la última dictadura cívico-militar que se vivió tras el golpe de Estado de 1973. Pueblos ancestrales, minorías y disidencias sexuales son constantemente vulneradas por agentes del Estado, según reportes de derechos humanos.

En el país existe una entidad estatal que se encarga de prestar defensa ante estos atropellos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Víctor Lagos es abogado y jefe regional del INDH en Arica y Parinacota. Él junto a un equipo que, comenta, no supera las cinco personas, tuvieron que observar y tomar acción ante distintas vulneraciones de derechos humanos en el contexto del levantamiento popular de octubre.

“El trabajo es siempre regional y a pesar de que la región de Arica no supera las 250.000 personas, su realidad es muy distinta a lo que ocurre en Antofagasta, por ejemplo, o Tarapacá que, siendo regiones vecinas, son muchos más grandes. Para ser honesto nos vimos bastante superados, porque resulta que la observación no era netamente en la manifestación misma, después vienen las consecuencias: personas en los hospitales, con heridas, o detenidas que había que ir a ver a las unidades policiales y militares”, describe sobre los primeros días de la revuelta en el norte.

“Nosotros asistimos a cerca de cincuenta manifestaciones entre octubre de 2019 y marzo de 2020. Entrevistamos a más de ciento cincuenta personas en distintas unidades policiales, hasta que llegó el Covid y paramos por protocolos del servicio de salud”, señala.

Lagos hace referencia a un elemento que es transversal en el relato de las entrevistadas para esta investigación y también en otros casos que involucran violencia policial: El uso desproporcionado de la fuerza.

“El control de la fuerza no la tiene el manifestante, la tiene el Estado, que cuenta con herramientas y mecanismos dañinos para la salud de las personas, como bombas lacrimógenas o escopetas antidisturbios”, expone.

“Estos no son posibles de equiparar con una olla y una cuchara de palo. Ni siquiera con una piedra, a pesar de ser elementos peligrosos. Cuando estamos hablando de que el control del orden público lo tienen los funcionarios y funcionarias de las distintas policías, evidentemente surgen ciertos elementos relevantes, como que la reacción del Estado debe ser proporcional. A partir de ahí comenzamos a ver rápidamente episodios y situaciones que no cumplían con esta proporcionalidad, Por ejemplo: responder a un grito con un gas lacrimógeno a la cara, es una cuestión absolutamente desproporcionada”.

Según informes entregados por el INDH, en 10 de las 16 regiones del país se registraron 57 agresiones a periodistas, durante el ejercicio de sus labores. Este número corresponde a personas identificadas como comunicadores, pero no existe certeza de que otras personas, también de las comunicaciones, hayan sido debidamente identificadas como tales.

Por otra parte, en la Región Metropolitana, el equipo jurídico de la institución está compuesto por Pablo Rivera, Tania Rojas y Beatriz Contreras, quien posee la jefatura.

Rojas es abogada del área jurídica del INDH e indica que la persecución hacia reporteros y comunicadores no es una casualidad. “Nosotros a partir del estallido social -sin perjuicio de que antes se habían registrado un par de denuncias- detectamos este fenómeno especialmente contra comunicadores sociales. En general ha habido un patrón de conducta por parte de fuerzas policiales, en el cual obstaculizan e impiden la labor de ellos. Les agreden, requisan sus materiales de trabajo ya sea cámaras o videos. Además, sufren graves agresiones como chorros del carro directo al cuerpo resultando en daño tanto físico como a sus herramientas de trabajo, detenciones ilegales, etc. Ocurre un fenómeno que a pesar de que ellos no estaban en la manifestación propiamente tal, igualmente recibían agresiones”.

En palabras de este equipo, la institución fue sobrepasada, tanto por la cantidad de denuncias como por la manera de registrar las mismas, además de problemas asociados a la sistematización y la posterior aparición de la pandemia.

“Nosotros, de las 3 mil querellas, tenemos 60 formalizadas y de esas formalizadas hay solo 3 condenas. Habían 4, pero se presentó una en recurso y se acogió, entonces es un escenario bastante difícil”, indica Pablo Rivera, abogado encargado de la Unidad de Protección de Derechos del INDH.

“Como sede metropolitana empezamos a funcionar en abril del 2018. Entre abril del 2018 y septiembre del 2019 habíamos ingresado aproximadamente unas 150 querellas, lo que constituía la mitad que ingresamos entre octubre y diciembre del 2019”, añade Beatriz Contreras.

A esta sobrecarga de trabajo, se suman las características propias del sistema de Justicia. “El proceso penal es tremendamente hostil con las víctimas. Muchas de ellas se han ido desinteresando por el proceso, porque ya ha pasado mucho tiempo, porque quieren seguir con sus vidas. Resulta que ven lentitud en el proceso de investigación donde, siendo el INDH la parte querellante, la arista investigativa la tienen en su poder el Ministerio Público. Las investigaciones no avanzan, le toman tres o cuatro declaraciones y la causa sigue donde mismo”, explica Víctor Hugo Lagos, desde Arica y Parinacota.

Tras cumplirse dos años del estallido social, el director a nivel nacional del INDH, Sergio Micco expresó su parecer ante los medios nacionales: “Hoy en Chile estamos más cerca de la impunidad que de la justicia”.

*Este reportaje terminó de editarse en Santiago de Chile, durante el mes de diciembre de 2021.