¿Dónde está Julia Chuñil?: 5 meses desde la desaparición de la defensora ambiental mapuche

 Por Antonia Ruiz

Organizaciones a lo largo del país convocaron a manifestaciones en distintas ciudades, como Temuco y Valdivia. En Santiago, la concentración comenzó a las 17:45 horas en la Plaza de la Ciudadanía, frente al Palacio de La Moneda. Participaron familiares de Julia Chuñil, entre ellos su nieta Lyssette Sánchez, además de la presidenta de la Comisión Ética Contra la Tortura, Juana Aguilar.

La jornada incluyó presentaciones de la cantautora chilena Paloma Hidalgo y de Redolés Lavanda, quienes interpretaron canciones en apoyo a la búsqueda de Julia. En el lugar se desplegaron carteles con la consigna “¿Dónde está Julia Chuñil?”, banderas mapuche y afiches con el rostro de la activista. Casi a las 19:00 horas se realizó un Ayekan —canto que en mapuzugun significa reír o alegrar— como acto simbólico frente a La Moneda.

Julia Chuñil Catrileo, mujer mapuche de 72 años, desapareció el 8 de noviembre de 2024 tras salir a buscar animales de su propiedad en el sector conocido como «Reserva Cora Número Uno-A», acompañada de su perro de tres meses y portando un hacha.

Según ha señalado su familia, Julia habría sido víctima de acoso y amenazas durante meses, debido a su lucha por la protección de 900 hectáreas de bosque nativo en la comuna de Máfil, región de Los Ríos. Este hostigamiento comenzó en 2018, cuando se desató una disputa por un predio con el empresario local Juan Carlos Morstadt Anwandter y con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), entidad que fue posteriormente demandada por irregularidades en el proceso de entrega de esas tierras.

Fue en este contexto que la comunidad de 17 familias, bajo la presidencia de Julia, decidió ocupar el fundo, el cual había sido reconocido como tierra ancestral por la misma CONADI. Desde entonces, las amenazas para forzar el abandono del terreno hacia la activista fueron en aumento. A esto se suma que, según documentos obtenidos vía Ley de Transparencia, el empresario en cuestión nunca reembolsó los fondos públicos que recibió por la venta del terreno, a pesar de que existió un contrato con la CONADI que estipulaba su devolución. Dicho proceso de restitución de tierras, además, nunca se concretó de forma completa, lo que deja en evidencia una situación aún sin resolver.

La búsqueda de Julia comenzó el lunes 11 de noviembre, tres días después de su desaparición. Su familia presentó una denuncia por presunta desgracia. Ese día junto a los habitantes locales, realizaron intensas jornadas de exploración para encontrar pruebas. En esos primeros días, uno de los hijos de Julia, durante su propia búsqueda, encontró huellas de una camioneta en la zona, las cuales correspondían a un vehículo «inusual» para el sector. La primera búsqueda oficial, según Javier Troncoso Chuñil, se extendió entre el lunes 11 y el viernes 23 de noviembre. Sin embargo, la familia criticó los primeros operativos, señalando que la falta de personal fue un obstáculo considerable. Además, manifestaron su descontento con la actuación de la fiscalía, ya que la primera fiscal que tomó la denuncia no los citó para tomarles declaraciones.

Hasta la fecha, la familia de Julia ha sido objeto de cinco allanamientos en sus viviendas. En los últimos, los funcionarios incluso llegaron armados con metralletas, lo que ha generado un creciente malestar entre los familiares. No descartan un posible montaje como ha ocurrido en otros casos en los cuales se han visto involucradas personas pertenecientes al pueblo mapuche. Pablo San Martín, hijo de Chuñil Catrileo, ha señalado que no se opuso a ninguna de las intervenciones, pero empieza a sentir que se trata de un acto de hostigamiento por parte de la fiscalía. También, la filtración a la prensa de detalles sobre la carpeta investigativa, como las manchas de sangre encontradas en el domicilio de la activista, ha generado molestia en la familia. Dichas filtraciones ocurrieron en febrero, cuando la investigación aún no se había abierto formalmente, lo que podría haber obstruido la investigación.

Mariela Santana, abogada de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), declaró: «Nosotros pedimos medidas de protección a través de una acción urgente ante Naciones Unidas. Pedimos resguardo, protección a cada uno de los miembros (…) La respuesta del Estado no fue satisfactoria. Ni siquiera se dio paso o se abrió a acceder a esas medidas de protección, sino que, le respondió a Naciones Unidas que esta acción no era procedente, que no era pertinente, que no era admisible».

La apertura de la carpeta investigativa de la desaparición de Julia Chuñil fue inicialmente programada para el 20 de enero de 2024. Sin embargo, esta se aplazó durante 40 días, lo que retrasó la denuncia oficial, la cual debería haberse realizado el 2 de marzo. Dado que ese día no era un día hábil, la carpeta se abrió finalmente el lunes 3 de marzo. Sin embargo, ese mismo día, el fiscal Bahamondes, encargado de la investigación se ausentó por vacaciones.

Debido a esta situación, otra fiscal, Claudia Baeza, asumió el caso temporalmente. Esta situación generó más retrasos, ya que se esperaba que el fiscal titular regresara de sus vacaciones para continuar con el caso, al volver el fiscal Carlos Bahamondes, tomó licencia, por lo que finalmente la carpeta investigativa se abrió el 3 de abril.

Por el momento Pablo San Martín Chuñil y el resto de la familia aún no tienen acceso a información sobre el contenido de la carpeta investigativa ni sobre si se ha investigado al principal sospechoso, el empresario Juan Carlos Morstadt Anwandter. En relación con esto, él comentó: «Por la carpeta investigativa, nosotros no podemos decir nada todavía, porque la abogada,—representante de Pablo San Martín que pertenece al equipo de Escazú Ahora— ha solicitado que la carpeta se mantenga en reserva, como confidencial. Esto significa que no podemos acceder a los detalles ni publicar lo que se ha hecho hasta que ella la revise completamente. La abogada es la encargada de estudiar la carpeta, determinar lo que es relevante y, en función de eso, informarnos sobre los avances de la investigación.»

Juana Aguilera, presidenta de la Comisión Ética Contra la Tortura, destacó que Julia es una víctima de especial preocupación, al ser mujer, indígena y adulta mayor, condiciones que la ubican dentro de un grupo históricamente vulnerado. Aguilera advierte sobre un retroceso en el respeto a los derechos humanos. “Estamos en un proceso de regresión, de una crisis profunda que también afecta al Ministerio Público. Todos hemos visto en televisión los casos de corrupción. Estos son los ingredientes que permiten una grave alteración de los derechos humanos: un empresariado hostil que se siente poderoso e impune, altos niveles de corrupción en instituciones del Estado y un Ministerio Público debilitado”, señaló.

En esta misma línea, la ONG Escazú Ahora publicó recientemente cifras que evidencian un aumento alarmante en la violencia contra dirigentas medioambientales en el año 2024. De acuerdo con sus datos, el 70,2% de las víctimas fueron mujeres y un 48,4% de los ataques tuvieron carácter físico, lo que da cuenta de un escenario de creciente hostilidad hacia quienes defienden los territorios y los recursos naturales.

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