Desempleo y calidad de vida en Atacama: La voz del sector público

Según el último sondeo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante el trimestre marzo – mayo de 2016 la región de Atacama registró un 8,9% de desempleo; la cifra más alta del país. Los malos números de la minería y las repercusiones del aluvión de 2015 son dos de las principales causas de la cifra, que una vez más, pone en discusión la calidad de vida en la región.

Por Bárbara Barrera y  Yoselin Fernández

Corría el mes de agosto de 2014 y los funcionarios públicos de la tercera región agrupados en la Mesa del Sector Público Atacama (MSPA), junto a autoridades de gobierno y diputados de la región, sostenían una reunión en Valparaíso. Por fin se había alcanzado un acuerdo frente a las demandas impulsadas desde el sector en relación al costo de la vida en Atacama y las consecuencias para la gente de la región.

Cuando el cobre gozaba de buen precio y nadie presagiaba la tragedia del aluvión, los funcionarios públicos advertían sobre la difícil situación de la vida en Atacama. Sin embargo, dos años más tarde la realidad regional sólo empeoraría. Sumado a la baja del cobre y al aluvión de 2015, el incumplimiento del gobierno al acuerdo alcanzado en 2014 puso a los funcionarios públicos de Atacama en una situación compleja.

Dos meses de movilización, muchas reuniones, negociaciones y desgaste marcaron el inicio de año para los trabajadores públicos de Atacama, que hoy en día buscan alternativas para revitalizar la situación regional.

Más de dos meses movilizados

El acuerdo que alcanzó la Mesa del Sector Público y las autoridades en agosto de 2014 se materializó en un protocolo firmado el 5 de septiembre del mismo año, en el cual se garantiza la entrega de un bono mensual provisional de 80 mil pesos pagado de manera trimestral, mientras se realiza un estudio del costo de vida de la región para determinar el carácter permanente de dicha bonificación.

Además el acuerdo considera la creación de varias mesas de trabajo de carácter técnico, con el fin de avanzar conjuntamente en políticas públicas que den solución a los problemas que más urgen en la región: falta de especialistas médicos, valor de las viviendas y situación laboral de los trabajadores de la educación, empleados fiscales y municipales.

Manuel Mendoza, vocero de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH) de Atacama, explica que la bonificación que acordaron con el gobierno se entregó durante el 2015 y se iba a prolongar durante el 2016 si el estudio costo de vida no estaba finalizado.

“Ese estudio costo de vida nunca se hizo, por lo tanto, nosotros asumíamos que la asignación estaba asegurada para el 2016, pero el gobierno en un acto absolutamente autoritario desconoció el acuerdo”, señaló Mendoza.

Producto del desconocimiento del acuerdo, los funcionarios públicos de Atacama protagonizaron una movilización que se extendió por más de dos meses y que finalizó con el envío de un proyecto de ley al Congreso que garantiza la entrega del llamado “Bono Atacama” durante 2016 y 2017, hasta que se realice el estudio costo de vida en la región.

Sin embargo, la movilización liderada por la Mesa del Sector Público Atacama (MSPA) consideraba mucho más que una bonificación para los trabajadores de menor sueldo. Alfredo Marín, presidente comunal de los Asistentes de la Educación, explica que “lo que se estaba peleando en general era el ‘Nuevo Trato Atacama’ que involucraba a vivienda, educación, salud, economía y energía”.   

La dura realidad de la vida en Atacama

Como la mayor parte de las regiones del norte, Atacama se alimenta fundamentalmente de la minería, lo que genera una realidad muy dispar en cuanto a sueldos. Luis Santoni, presidente regional de la Asociación de Empleados Fiscales (ANEF), asegura que Atacama es una región cara, sin facilidades de arriendo y con pocas expectativas de trabajo, salvo en los grandes proyectos mineros.

Sumado a los problemas que en general afectan a todas las localidades alejadas de Santiago, como la dificultad para acceder a servicios médicos y educativos, además del alto costo de la vida en regiones mineras en general, el último año afectó particularmente a la región de Atacama. Un aluvión sin precedentes y una importante disminución del precio del cobre afectaron considerablemente la vida en la región.

Sin embargo, Manuel Mendoza considera que la región no se puede estancar en la tragedia del aluvión, y que tanto desde el mundo público como desde el privado deben incentivarse las medidas necesarias para revitalizar la región de Atacama.

En ese sentido, Mendoza asegura que los empresarios mineros tienen la posibilidad de darle una mano a la región. “Esos mismos empresarios que llenaron los bolsillos de plata cuando la libra de cobre estaba sobre los 4 dólares, deberían ser un poco solidarios con sus trabajadores y no tirarlos a la cesantía porque el cobre está en 2.15 centavos la libra.”

Por otro lado, María Iriarte, directora regional de la Confederación de Funcionarios de la Salud (Confusam) de Atacama, explica que la situación que vive el sector en la región es preocupante debido a las limitaciones geográficas y económicas.

“De partida acá en Atacama para todas las consultas de especialistas tenemos que ir afuera. Médicos especialistas acá nos faltan, es muy limitado en el tema de la salud. En realidad acá no tenemos las condiciones, los pocos médicos que hay son carísimos. Es tan caro como ir a Las Condes en Santiago.”

Por lo mismo, sus demandas desde la Mesa del Sector Público son principalmente la mejora de las condiciones de salud para la región en general, es decir, que se incorporen médicos especialistas y enfermeras tanto en Copiapó como en los sectores aledaños a la capital regional.  

En el sector educativo los conflictos regionales se entrecruzan con los nacionales. Carlos Rodríguez, presidente del Colegio de Profesores de Copiapó explica que los docentes fueron excluidos de la negociación por el “Bono Atacama”. “Las razones que nos dieron para excluirnos del bono fue que no éramos empleados públicos, así que tuvimos que judicializar”.

Entre el entrampamiento legal acerca de la condición contractual de los profesores municipales de la región, los docentes enfrentan otro conflicto: el proyecto Carrera Docente.

“En un principio nos querían dejar fuera porque no éramos empleados públicos, después porque nuestro sueldo iba a aumentar en  un 30% con la Carrera Docente, eso lo dicen hasta ahora y es totalmente falso, porque está sujeto a una cantidad de años, evaluaciones, etc”, señaló Rodríguez.

Si la situación laboral de los profesores es complicada, la de los asistentes a la educación es realmente preocupante. Alfredo Marín señala que la precariedad laboral de su gremio los ha tenido luchando durante 18 años por un marco regulatorio que garantice condiciones mínimas de trabajo.

 “No tenemos sala para asistente de educación, no tenemos casino, entonces todas esas son las discriminaciones que aún quedan. El profesor tiene mejores garantías de la autoridad y nosotros no”, explicó Marín.

Al mismo tiempo que cada sector protagoniza sus propias luchas, los dirigentes afirman que como MSPA nunca han dejado de trabajar. Actualmente existen cinco mesas técnicas funcionando y en cada espacio se trabaja para generar alternativas viables que permitan hacer frente a los problemas de la región y ofrecer condiciones de vida digna a cada uno de sus habitantes.