Derechos humanos: La relación entre China, América Latina y las Naciones Unidas

El pasado 6 de noviembre China se presentó al Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas. En la instancia, fueron denunciados por violaciones sistemáticas a los derechos humanos y medioambientales de poblaciones indígenas de cinco países latinoamericanos.

El EPU se enmarca en el sistema internacional de derechos humanos, ofreciendo una oportunidad a los miembros de la sociedad civil para poder levantar su voz frente a los diversos tipos de violaciones que pueden estar sufriendo sus comunidades.

Se busca a través del EPU, que China confirme su compromiso con el principio de extraterritorialidad en materia de derechos humanos, lo que significa que las empresas con capitales chinos y de la República Popular China (RPCH) deben cumplir las obligaciones de derechos humanos contraídas al pertenecer a las Naciones Unidas, sumado a sus compromisos voluntarios adquiridos, en cada uno de los territorios donde se encuentren operando.

China se ha convertido en los últimos años en el primer o segundo socio comercial de gran parte de los países latinoamericanos, los cuales exportan al gigante asiático petróleo y minerales. Producto de esto, las inversiones chinas le han dado un nuevo impulso a la economía latinoamericana, especialmente al sector primario, lo que posee una estrecha relación con las industrias extractoras, desembocando en las violaciones a los derechos humanos y ambientales evidenciadas.

Es así como el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) entregó el informe regional alternativo «Evaluación de las Obligaciones Extraterritoriales de la República Popular de China desde Sociedad Civil: Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú» el cual se suma a los siete informes nacionales presentados por la sociedad civil de estos países. Cabe destacar que en Venezuela también existen violaciones a los derechos humanos y ambientales por parte de empresas chinas, pero no fueron parte de estos documentos.

A continuación, se presentarán algunas de las violaciones cometidas por las empresas de capitales chinos en los países latinoamericanos.

Argentina

Entre las principales acciones de violaciones a los derechos humanos y ambientales se encuentran: las centrales hidroeléctricas de Santa Cruz, los proyectos petroleros en Vaca Muerta  y el plan de inversión del Presidente de China, Xi Jinping, para la construcción de una central nuclear para el año 2022 con una inversión de 9.000 millones de dólares.

A esto se suma la falta de insumos hospitalarios que hay en la zona de la construcción de represas en Santa Cruz, el impacto en el medio ambiente y las violaciones a los derechos humanos que están sufriendo los pueblos indígenas en las zonas de las represas y petroleras.

Las represas en el Río Santa Cruz se encuentran en la mayor concentración de hielo (fuera de la Antártida) en el hemisferio Sur, lo que evidenciaría la falta de preocupación de China por las consecuencias en el ambiente de sus proyectos.

Bolivia

En abril de 2015 la petrolera boliviana YPFB firmó un contrato de exploración sísmica 2D de hidrocarburos, la forma en que se puede encontrar petróleo en un lugar, lo que posee un alto impacto económico y ambiental.

Esta exploración se llevó a cabo en el Bloque petrolero Nueva Esperanza, ubicado en la cuenca del Río Madre de Dios, al norte de La Paz. El contrato fue entre la asociación BGP, filial de la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC), la mayor empresa integrada de petróleo y gas de China, por un monto de 57 millones de dólares.

El proyecto  conllevó a un contacto forzado con el pueblo Toromona, un Pueblo Indígena en Aislamiento Voluntario (PIAV), lo que es considerado una violación grave a los derechos humanos debido a su alto estado de vulnerabilidad.

Brasil

La construcción de las represas hidroeléctricas São Manoel y Teles Pires, a cargo de la empresa china State Grid y la estatal China Three Gorges Corporation (CTGC), encargada de la construcción de la central hidroeléctrica más grande del mundo, se realizó sin consulta previa a los pueblos Munduruku, Kayabi y Apiaka, destruyendo sus espacios sagrados e impactando al río Teles Pires.

La represa del mismo nombre, inundó el lugar sagrado Siete caídas, de importancia cultural y religiosa para el pueblo Mundukuru, y la hidroeléctrica São Manoel afectará el Morro de los Monos, lugar de vivienda de los espíritus de animales para los Kayabi y Munduruku.

Estas comunidades habitan en las cercanías de las dos represas, pese a esto, nunca se les consultó por el futuro del río, tal como lo exige la  legislación brasileña e internacional suscrita por este país.

Ecuador

El país consta con ocho proyectos financiados por empresas chinas donde se vulneran los derechos humanos y ambientales, siendo el país latinoamericano más afectado. Los proyectos son alusivos a la extracción de minerales, petróleo e hidroeléctricas.

Entre estos destacan las operaciones mineras Mirador y San Carlos Panatza, las cuales afectan el área protegida Cordillera del Cóndor y a los pueblos indígenas Kichwa y Swuar Arutam, los cuales no fueron consultados previamente a la explotación de la empresa minera Ecuacorriente S. A. (ECSA), subsidiaria del consorcio chino CRCC-Tongguan.

Las comunidades han denunciado el proyecto ante el Banco de Desarrollo de China, que financia a la compañía, y ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por la violación de sus derechos al ser desalojadas 30 familias. Sin embargo, pese a los llamados al diálogo por parte de la comunidad, la violencia continuó con el asesinato de tres líderes opositores al proyecto: Bosco Wisum, asesinado en 2009, Freddy Taish, asesinado en 2013, y José Tendetza, asesinado en 2014.

Perú

El proyecto minero más grande auspiciado por China, proyecto Las Bambas en Apurimac, tiene cuatro víctimas mortales y la criminalización de los defensores ha llegado hasta la solicitud de 17 años de prisión a 19 dirigentes que participaron en una protesta contra la mina.

A este se suman los proyectos: Chinalco en Junín, Shougang en Ica y Río Blanco Cooper en Piura; proyectos que representan más de 17 mil millones de dólares de inversión por parte de China.

El proyecto Las Bambas está a cargo de  Minerals Metals Group (MMG) siendo su principal accionista la empresa China Minmetals Corporation, una empresa estatal china. Desde el 2015, la mina transporta minerales y sustancias químicas sin estudios de impacto ambiental (EIA), lo que afecta la salud de la población de 18 comunidades campesinas que ven su agua, cultivos y pastos contaminados. A esto se suman los ruidos, vibraciones y el permanente estado de emergencia en el que vive la población, lo cual suspende los derechos constitucionales de las personas.

Venezuela

En 2016, el gobierno de Nicolás Maduro entregó concesiones mineras en 112.000 kilómetros cuadrados  en la región del Arco Minero, una zona al sur del río Orinoco, donde actualmente se pueden extraer legalmente coltán, oro y diamante.

Es así como se abrieron las puertas al desarrollo de la minería en un 12 % del territorio venezolano, esperando que la minería sustituya al petróleo y se convierta en una nueva fuente de ingresos para el Estado. Este no realizó un estudio de impacto ambiental ni se consultó previamente a los pueblos indígenas.

Actualmente, 13 comunidades indígenas se ven afectadas por las empresas de capitales chinos Camc Engineering  y Yankuang Group, la cuarta mayor empresa estatal de minería de carbón en la República Popular China. Las compañías se han negado a consultar a las poblaciones indígenas, lo que ha ocasionado protestas de las comunidades, violaciones a los derechos humanos por parte de la policía y de las mafias de minería ilegal que operan dentro de la región.

Las inversiones chinas en Latinoamérica están marcadas por las violaciones a los derechos humanos y ambientales de las personas, especialmente de las comunidades indígenas. El gigante asiático ha tenido a su favor la dificultad para acceder a los mercados financieros de dichos países, una legislatura ambiental débil y una predilección por la economía antes que por los Derechos Humanos.

En Chile, nuestro primer socio comercial es China, y desde fines del 2017 se han empezado a visibilizar las inversiones chinas en el país entre las cuales destacan el sector eléctrico, de transportes y minero.

Es necesario que las violaciones a los derechos humanos y ambientales que vemos en los países latinoamericanos sean una muestra de lo que es capaz China con tal de adquirir recursos y ser la primera potenciamundial, y que no  se permita que estas violaciones sean replicadas en nuestras comunidades.