Derecho a la vivienda digna: Los obstáculos que tienen las personas LGBTQ+

El derecho a la vivienda en Chile ha estado permeado por la mayor crisis habitacional en los últimos 30 años. Cuando eres una persona de la comunidad LGBTQ+, ejercer tu derecho a la vivienda se ve obstaculizado por un espiral de segregación que te consume. Porque el hogar no se construye solo con una buena estructura, sino que también debe ser un espacio donde las identidades puedan desarrollarse bien, pero eso no ocurre en Chile. El 44,7% de personas LGBTIQ+ ha sufrido violencia en su hogar, alejándose cada vez más de la vivienda digna.

Por Dani Gajardo

 

En diciembre de 2021 se publicó el estudio Derecho a la Vivienda y a un Entorno Adecuado para las Disidencias Sexuales y de Género, realizado por SUR: Corporación de Estudios Sociales y Educación, en conjunto con Organizando Trans Diversidades (OTD). Es la primera investigación que hace un diagnóstico de cómo es la situación de acceso a la vivienda para la población LGBTIQ+ en Chile, las principales problemáticas, y la necesidad de promover el acceso a este derecho. 

De acuerdo a ese informe, el 93% de las personas LGBTIQ+ cree que el acceso a la vivienda en Chile es un problema, mientras que el 96% cree que el derecho a la vivienda adecuada y de calidad debe estar garantizado en la próxima Constitución. Estas cifras no difieren de la realidad chilena en general, pero cuando te identificas por fuera de lo heterosexual, de los géneros binarios, el acceso para ejercer este derecho se va obstaculizando. 

En agosto de 2017, una pareja de lesbianas denunció un acto de lesbofobia: tres personas vandalizaron el frontis de su casa en Santiago centro, las mismas personas que hace dos años acosaban a la pareja. Según comentaron a Agencia Presentes, fueron a hacer la denuncia a Carabineros de Chile, y pidieron que las escoltaran a su casa, pero la policía no permaneció mucho tiempo ni inspeccionó los alrededores. Apenas Carabineros abandonó el lugar, dos vecinas empezaron a golpear a Dominique y, luego el esposo de una de las agresoras, amenazó con que la mataría con una pistola.

“Les rogamos que no nos dejaran botadas ahí con ellos, después de rogar nos subimos en la patrulla y nos dejaron a una cuadra más allá. Nos presionaron tanto que no pude sacar ni mis gatos, con miedo de que le hicieran algo”, declaró Dominique a Agencia Presentes. Al día siguiente, después de recibir amenazas de muerte, y escoltadas por la policía, deciden abandonar el hogar donde habían vivido durante cuatro años. 

Dos años más tarde, en noviembre de 2019, una historia similar ocurrió en Chiguayante. Mientras una pareja de lesbianas discutía en una esquina a una cuadra de su casa, recibieron golpes e insultos por parte de una mujer y un funcionario público que eran pareja. El agresor que se identificó como carabinero, arrojó a una de las mujeres al suelo, mientras le gritaba “tranquila lesbiana culiá, o te voy a sacar más la mierda”. En ese momento, la esposa del funcionario retenía a la pareja, mientras le decía que eran una escoria para la sociedad, denunciaron al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh). 

Asimismo, el Movilh expuso en su último Informe Anual de Derechos Humanos, el caso de una pareja gay de venezolanos que fueron hostigados hasta desalojar la propiedad que arrendaban en Curicó, entre noviembre de 2020, y enero de 2021. “Cuando la dueña se enteró de que en su casa vivía una pareja de hombres con un perrito se le hizo demasiado descabellado y comenzó a buscar excusas para que desocupáramos el lugar, porque iba contra sus principios, porque era inmoral y porque le daba asco”, denunció uno de los afectados.

El 14 de enero del 2021, llegó la dueña de la propiedad junto a ocho personas. Gritaban y golpeaban la puerta, mientras la pareja forcejeaba para que no entraran. A golpes derribaron la puerta, agarraron sus cosas y les exigieron que se fueran del lugar. “Estamos más que alerta. He llorado mucho, no he comido, estoy viviendo una agonía”, declaró uno de los afectados.

En 2020 la Subsecretaria de Prevención del Delito en conjunto con el Movilh, y Fundación Iguales, realizaron el Estudio Exploratorio de Discriminación y Violencia hacia las personas LGBTIQA+, la primera encuesta de origen estatal enfocada en las disidencias sexuales y de género. En ese estudio se evidenció que el 19,1% de las formas de discriminación, eran cometidas en el barrio, mientras que el 44,7%, en el hogar. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define el derecho a la vivienda como “el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte”. De acuerdo a esa afirmación, las personas LGBTIQ+ en Chile difícilmente están ejerciendo su derecho a la vivienda. 

 

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Bajo acceso a la vivienda

Las organizaciones Techo Chile y Fundación Vivienda, presentaron el pasado 25 de marzo los resultados del Catastro de Campamentos 2020-2021, dando cuenta que 81.643 familias viven en 969 campamentos en Chile, la cifra más alta desde 1996. Asimismo, el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica junto con la organización Déficit Zero, en su Estimación y Caracterización del Déficit Habitacional en Chile, muestran que se necesitan 641.421 viviendas para suplir la mayor crisis habitacional de los últimos 30 años.

Esta realidad no es ajena para las disidencias sexuales y de género en nuestro país. Según el estudio Derecho a la Vivienda y a un Entorno Adecuado para las Disidencias Sexuales y de Género, realizado por SUR: Corporación de Estudios Sociales y Educación, en conjunto con Organizando Trans Diversidades (OTD), el 38,6% arrienda, mientras que el 24,4% vive de allegado. 

Para le activista trans, y coordinadore ejecutive de OTD, Michel Riquelme, acceder a una vivienda se vuelve mucho más difícil cuando eres una persona que pertenece a la población LGBTQ+. “Para arrendar o para comprarte tu propia vivienda, si tienes precarización laboral porque no te dan trabajo o tienes que estar rotando de trabajo porque te discriminan, obviamente nunca vas a tener una situación económica que te permita comprar una vivienda”, explica. 

Esa afirmación coincide con lo expresado en el estudio exploratorio Ser Lesbiana en Chile, realizado en 2018 por la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, donde el 29,82% de las personas encuestadas declararon haber sufrido violencia o discriminación en su lugar de trabajo. Asimismo, el Movilh, en su Informe Anual de Derechos Humanos, declaró que en 2021 recibieron 106 casos de discriminación laboral a personas LGBTIQ+.

De acuerdo al estudio realizado por SUR Corporación junto a OTD, solo el 22% de las personas encuestadas adquirieron su vivienda a través de un subsidio estatal. Según Riquelme, “ahí lo que se prioriza es este modelo de familia hetero-cis, aunque ahora dicen que no, que también puede ser la Unión Civil, pero no se reconoce también otras formas de familia”, explica. 

Tu familia son tus amigues

Michel Riquelme asegura que las conformaciones de núcleos familiares no tradicionales, como vivir con amistades, es algo común en la población LGBTIQ+ para crear espacios seguros. “Muchas veces tu familia son tus amigues, entonces sin reconocer esas otras formas de familia también se está vulnerando tu derecho de poder acceder a una vivienda, porque te están discriminando frente a un modelo de familia más institucionalizado”, cuenta le activista. 

Según los resultados del estudio realizado por SUR Corporación junto a OTD, un 7% de personas LGBTIQ+ comparte la vivienda entre amigos/as/es, un 4% vive con familia extendida y un 2% vive con conocidos/as/es. Asimismo, un 24,4% eligió un barrio o vivienda que quedara cerca de familiares o amigos. 

“Lo que nosotres vemos es que, por ejemplo hay gente disidente que se agrupa en estas casas de ballroom, que además viven ahí, y que el vivir en esa comunidad no es solamente porque quieres, sino porque también es una forma de sobrevivencia en términos de seguridad, porque no es que puedas andar tan tranqui por la calle”, explica le coordinadore de OTD. 

“Cuando eres disidente, cuando tienes una expresión de género no normativa, compartir con otras personas como tú, cuidarse entre elles y ocupar el espacio público en comunidad, también es una forma de sobrevivencia, porque de otro modo estarías mucho más dispueste a sufrir violencia o discriminaciones” agrega Riquelme. 

“La gente hetero-cis, que hacen las políticas publicas, ese tipo de cosas no las ven obivamente porque no les tocan, no les pasa por el cuerpo, no lo viven y no tienen presente ese tipo de experiencias”, enfatiza le activista trans de OTD. “En el caso del derecho a la vivienda, durante muchos años, se privilegió a la familia hetero-cis por sobre el resto de posibles formas de familia o por sobre las personas solteras”, detalla. 

Para Michel Riquelme esto es una forma de presión social. “Tienes que conformar este sistema familiar para poder acceder a una casa o a un espacio propio”, narra. “Creo que sí ha habido un mayor cuestionamiento en los últimos años respecto a eso y se ha tratado de ampliar estas políticas y no solamente pensarlas para familias hetero-cis, pero creo que todavía falta”, concluye.

De acuerdo al estudio Derecho a la Vivienda y a un Entorno Adecuado para las Disidencias Sexuales y de Género, los sesgos que sufren las personas LGBTIQ+ “se expresa en las políticas y programas tanto de gobierno como no gubernamentales. Se invisibilizan identidades, grupos y cuando estos se interseccionan con otras condiciones de opresión tales como etnias, razas o condición de migrantes, para señalar algunas, las discriminaciones se potencian”, ilustra la investigación. 

Las primeras violencias surgen en el hogar

Para el coordinador del estudio Derecho a la Vivienda y a un Entorno Adecuado para las Disidencias Sexuales y de Género y sociólogo de la Universidad Católica Silva Henríquez, Nicolás Méndez, el derecho a la vivienda es “un sostén básico para que las personas puedan desarrollarse de manera integral en la sociedad, debido a que esta entrega seguridades, no tan solo física, sino que también, relacionales, económicas, y psicológicas”.

Para el sociólogo, asegurar el derecho a la vivienda “facilita, de cierto modo, el resguardo o la protección de otros derechos, como el derecho a la salud, a trabajar, a recrearse o al ocio”, pero si no se puede ejercer el derecho a la vivienda “la protección material de tu vida, y los demás derechos se ven un poco truncados”.

Según le coordinadore ejecutive de OTD, Michel Riquelme, “el derecho a la vivienda es un derecho que no está tan visibilizado y no se le toma la importancia que tiene”, afirma le activista, quien además trabaja en la Unidad Social de la organización, donde se encargan de brindar apoyo a personas LGBTQ en situación de vulnerabilidad. “La misma gente que llega a OTD, quizá todas esas violencias que sufrió, todas esas vulneraciones que está viviendo, no las viviría si tuviera una vivienda propia o si tuviese un espacio propio donde poder vivir tranquila y sin violencia”, explica. 

Para le activisa trans no binarie, las primeras formas de violencia surgen en el hogar. “La familia hetero-cisnormada ejercen violencia sobre las personas trans, en cuanto a reprimir su expresión de género, su identidad de género, y eso termina en que la persona sea expulsada de su casa  o yéndose, porque es un lugar inhabitable”, explica. 

Según el estudio realizado por OTD en conjunto con la Corporación de Estudios Sociales y Educación, el 52,2% de las personas LGBTIQ+ se cambiaría de casa, el 22,9% lo haría porque se ubica en un sector inseguro, mientras que el 20,5% se cambiaría porque sufre violencia hacia su orientación sexual o identidad de género. Asimismo, el 61,2% afirmó haber sufrido violencia por parte de familiares directos, mientras que el 22,4% por parte de su familia extendida. 

Múltiples vulneraciones

Michel Riquelme enfatiza en que la falta de acceso a la vivienda deja expuesta a las personas a un montón de vulneraciones. “Una persona que está expuesta a esas situaciones de violencia no va a poder rendir socialmente según las expectativas en las sociedades capitalistas en la que vivimos, como ir a trabajar producir y autosostenerse, si todos esos espacios donde tienen que trabajar y producir son dañinos, agresivos o violentos para ti”, explica le activista. 

“Hay muchas cosas que se pudiesen solucionar o tendrían un menor impacto en la vida de la gente si tuvieran su derecho a la vivienda digna garantizado”, aclara Riquelme. “Al tener una casa, o un espacio propio donde huir de esas violencias, tendrías otras oportunidades, quizá pudieses trabajar piola desde tu casa, o al menos no tener esa preocupación de que te vas a quedar en la calle”, detalla.

Para el sociólogo e investigador Nicolás Méndez, el no ejercer el derecho a la vivienda puede afectar directamente en el acceso a otros derechos, como a la salud, a la educación, a la seguridad. “Sin vivienda eres una persona en situación de calle, tu identidad se empieza a vincular con las dinámicas que se dan en la calle: consumo excesivo de alcohol y drogas, se produce un vinculo con el trabajo sexual o con dinámicas sexuales no saludables”, explica Méndez, quien cree que en esos contextos, “la identidad LGBTIQ+, son identidades empobrecidas y marginadas inclusive por el margen”, porque se exponen a una constante vulneración de derechos. 

De acuerdo a un estudio Sobre la Situación Sociolaboral de la comunidad LGBTIQ+ en Chile realizado en 2020 por el Movimiento por la Diversidad Sexual (MUMS), el 6,7% de las personas encuestadas ejerce el comercio sexual. 

Ser disidencia según el territorio

Para Méndez, en Chile las personas LGBTIQ+ son permitidas solo en ciertos espacios. Según él, cuando el territorio está en contra de cómo tú desarrollas tu vida, es cuando empiezan a experimentar múltiples violencias. “Te buscas espacios en donde te sientas protegide, donde haya una mayor sensación de seguridad“, comenta el sociólogo. Ahí es donde empiezan las marginaciones para la comunidad LGBTQ+. 

De acuerdo al estudio Derecho a la Vivienda y a un Entorno Adecuado para Disidencias Sexuales y de Género, las personas LGBTIQ+ prefieren vivir lejos del centro de la ciudad, donde hay más flujo de personas, y más actividad comercial, buscando una mayor sensación de seguridad en zonas más alejadas.

Para Méndez, los territorios no permiten la existencia de varias identidades porque existen “temas tabúes”, o ”muros simbólicos que ocultan a ciertas identidades, como las LGBTIQ+”, explica. “Estas identidades experimentan una violencia sistémica y simbólica, y por lo tanto tenemos la esperanza de vida de las mujeres trans que son de 35 años,y de los hombres trans que es de 41”, detalla. “Cuando el territorio te excluye, finalmente las identidades se ven mermadas a vivir en lo oculto y en lo oscuro”, expone el sociólogo.

Por otra parte, Nicolás Méndez cree que las identidades LGBTQ+ son permitidas en la centralidad de las ciudades, siempre y cuando se adapten a una perspectiva más heteronormada u homonormada. “Vives imitando el comportamiento heterosexual, que también tiene ciertos matices de violencia: no puedes ser quien realmente quieres ser, o que podrías llegar a ser, que la potencialidad de tu identidad no se logra desarrollar, etc”, detalla. “La población LGBTIQ+, lo que finalmente experimenta es una coartación de sus derechos, por una sensación de inseguridad, por el no acceso a  la ciudad, al trabajo”, cuenta. 

También explica que al generar barrios gay friendly (lugares seguros para personas LGBTIQ+), como ha ocurrido en Madrid, Ciudad de México, y en otras ciudades, ocurrirá la misma marginación hacia ciertas identidades LGBTIQ+. “Vas a estar haciendo el mismo ejercicio, en donde vas a generar una burbuja de democracia”, narra. Además, explica que en esos ambientes hay variables, como la etnia, la clase social, la ubicación geográfica, que se combinan con el territorio y que van a permitir o no el pleno desarrollo de las identidades.

Políticas públicas heteronormadas

Para Michel Riquelme, estas segregaciones que sufre la comunidad LGBTIQ+, se traducen en “barreras de acceso”. En algunos formularios de postulación a subsidios estatales en la categoría género, solo aparecen los géneros binarios, masculino o  femenino, excluyendo a la diversidad de géneros que existen. 

“Soy una persona trans no binaria, y no puedo postular prácticamente a nada del Estado porque todos los formularios son binarios y te obligan a decir si eres mujer o si eres hombre, no hay más opciones”, explica. “Yo agacho el moño y te digo, ya sí, cualquiera de las dos cuestiones, o no lo hago y me quedo sin ese derecho de acceso”, comenta le activista.

Le miembre de OTD cree que en el caso del acceso al derecho a la vivienda para personas LGBTQ+, debiera existir una “discriminación afirmativa”. Cree que es necesario que se comprendan las distintas problemáticas que sufren las personas trans en Chile, para que se consideren a la hora de postular a subsidios. “En los formularios de postulación no se puede voluntariamente decir, si la persona así lo quisiera, que es trans y por ser trans me pasa esto y esto”, cuenta. 

“Ese tipo de problematizaciones que estamos poniendo sobre la mesa las disidencias sexuales y de género, la gente que hace las políticas públicas recién lo está viendo porque históricamente no hemos sido nosostres quienes hemos estado ahí”, explica Michel, refiriéndose a la falta de representación política que ha vivido la comunidad LGBTQ+.

Asimismo, Nicolás Méndez, cree que no considerar una discriminación afirmativa para el desarrollo de políticas publicas es un error. “Lo único que hace es vulnerar derechos de personas que han estado invisibles de las políticas públicas habitacionales y de la política pública de la ciudad y no asegurar ese piso es peligroso”, afirma. 

“Porque finalmente la Constitución va a seguir asegurando derechos para ciertos tipos de personas, y la Convención Constitucional, que es diversa como debe ser, debería en sus escritos quedar plasmada esa diversidad”, asegura. El sociólogo cree que si no existiera una moción que reconozca las opresiones que han sufrido históricamente las disidencias sexuales y de género “quedarían siempre invisibilizadas”.

Derecho a la vivienda en Chile

Para cualquier persona sería complejo desarrollarse socialmente si toda tu vida en cada rincón que recorres, te dicen que tu forma de vivir y de existir está mal. Con el déficit de vivienda que se vive en Chile, cuando aparece la más mínima oportunidad para acceder a una vivienda, se aprovecha. Nada se cuestiona, todo sirve para quienes han sido marginados por su etnia, raza, sexo, género, o identidad. 

Por su parte, desde la Relatoría Especial Sobre la Vivienda Adecuada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), explican que el derecho a la vivienda “incluye la seguridad de la tenencia, la protección contra los desalojos forzosos y la disponibilidad de servicios, como el acceso al agua potable, la energía o el transporte. La vivienda también debe ser asequible y habitable, por ejemplo, segura y saludable, accesible – incluso para las personas con discapacidad-, adecuada en términos de ubicación y culturalmente adecuada”. 

Es decir, no se trata solo de un techo para vivir, sino que son varios los factores que influyen para ejercer el derecho a una vivienda digna. Según la ONU, los Estados “deben velar por que se mantengan siempre unas condiciones mínimas para que todas las personas puedan vivir en un lugar con seguridad y dignidad”. 

Derecho a la vivienda en el proyecto de nueva constitución

Desde que se aprobó la redacción de una Nueva Constitución a través de una Convención Constitucional, distintas organizaciones LGBTIQ+ de la sociedad civil se han articulado para trabajar activamente hasta que sus demandas sean garantizadas en el borrador de la constitución. Múltiples colectivas se unieron para conformar la agrupación Disidencias Unidas Reconstruyendo Alianzas Sexopolíticas (Duras), con el fin de trabajar junto a convencionales por los derechos de la población LGBTIQ+.

Para Michel Riquelme, activista trans no binarie y miembro de Organizando Trans Diversidades (OTD), una de las colectivas miembro de Duras, que se haya aprobado el derecho a la vivienda en la Convención Constitucional, es “el primer pasito”, pero asegura que la lucha no termina. “De ahí en adelante obviamente vamos a tener que estar peleando y exigiendo a las diferentes instituciones que van a ser las encargadas de generar con más detalles las políticas públicas mediante las cuales se van a garantizar estos derecho”, explica Riquelme. 

Michel Riquelme cuenta que siempre las organizaciones han tenido que estar apoyando e impulsando todas las normas que existen actualmente que refieren a la comunidad LGBTQ+. “Nunca nada ha sido regalado, nada ha sido porque sí, sino que siempre hemos tenido que estar ahí pidiendo de una manera muy explicita, muy detallada”, afirma. “Hasta que nosotres no estemos ahí haciendo esas políticas será difícil que nuestros interlocutores lo puedan entender, porque son experiencias muy concretas”, asegura. 

Para le activista, que se asegure este derecho en el proyecto de nueva Constitución entrega cierta seguridad a las comunidades históricamente marginadas, porque será el respaldo que tendrán para evaluar cada política pública. “Es un primer paso muy importante, pero es solo eso”, concluye. 

Finalmente, el borrador de nueva carta magna consagra distintos derechos sociales y menciona, por primera vez en la historia, a las disidencias sexuales y de género.

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