Cuenta Pública: las incoherencias medioambientales de Gabriel Boric

Promesas incumplidas, proyectos estancados y contradicciones en el actuar del Estado son algunas de las razones que organizaciones ecologistas entregan para explicar su desencanto con la gestión actual. Ya se cumplen dos años de mandato y los expertos en medio ambiente llaman a no esperar mucho de la próxima Cuenta Pública. Se acaba el tiempo para la administración de turno y surge la pregunta: ¿es este el primer gobierno ecologista?

Por Rafael González

En 2021, una de las propuestas de campaña de Gabriel Boric fue la creación del “primer gobierno ecologista”. Esta propuesta se basaba en un programa construido por numerosos expertos, entre quienes se encontraba la – en aquel entonces – futura ministra de medio ambiente Maisa Rojas o quién sería delegada presidencial provincial, Marcela Mella. Promesas como mayor fiscalización y sanción contra crímenes ambientales o mejoras en la gestión del agua se han ido diluyendo con el paso del tiempo, pero es la aprobación de acuerdos controversiales y la lentitud burocrática lo que más pesa en ambientalistas y el grueso de la población.

TPP-11

Cuenta pública

A siete meses de iniciado el nuevo gobierno ya era inminente la aprobación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico” (TPP-11). Con 27 votos a favor, 10 en contra y una abstención, el Senado dejaba en manos del presidente la aprobación del tratado, la cual se efectuó el 21 de febrero de 2023. La falta de aliados, que se opusieran al tratado, en el Congreso era evidente y se intentó compensar con las “side-letters”, documentos que establecen excepciones dentro del acuerdo con los inversionistas extranjeros, y cuya utilidad ha sido puesta en duda por parte de organizaciones como la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) o la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC).

El riesgo que presenta el TPP-11 al medio ambiente reside en que la política de atracción de inversión extranjera choca con el desarrollo de la política ambiental. Mauricio Folchi, integrante del Programa Transdisciplinario en Medio Ambiente de la Universidad de Chile (PROMA), señala que podrían existir empresas que defiendan su derecho a no adaptarse y a seguir operando bajo las condiciones jurídicas y ambientales que existían en el pasado. Han existido casos donde países tomaron medidas de protección ambiental y a raíz de eso fueron demandados ante el sistema de arbitraje de diferencias estado-inversor. Un caso emblemático es el de la empresa española TECMED con el Estado mexicano, quienes al no renovar una licencia para la operación de una planta de tratamiento de residuos, se vieron obligados a pagar 5,5 millones de dólares por un fallo a favor de la compañía ibérica.

También te puede interesar: Las veces que Gabriel Boric dijo no al TPP1: «Desde el Frente Amplio buscaremos detener a quienes quieran aprobarlo»

Escazú a medias

El 31 de mayo de 2022, el oficialismo celebraba la aprobación del Acuerdo de Escazú por parte del Congreso. Con 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones, se ponía en marcha el primer acuerdo de política ambiental para la región de América Latina y el Caribe, pero lo que está en el papel normalmente difiere de la realidad. Un informe realizado por la Fundación Escazú Ahora en octubre de 2023, revelaba el incumplimiento de deberes por parte del Gobierno en la implementación del acuerdo. Ejes como la protección a los defensores ambientales, la creación de un circuito de alerta o la presentación de un proyecto de ley ni siquiera contaban con una hoja de ruta definida.

A casi 2 años de su aprobación, tuvo que llegar la COP 3 del Acuerdo de Escazú a finales de abril para agilizar la toma de medidas. En la cumbre se aprobó el Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales, el cual cuenta con un plazo de ejecución de seis años, desde abril de 2024 hasta abril de 2030. El plan llega de forma tardía, siendo que en Chile empresas como Alto Maipo y AES Andes contratan servicios para espiar grupos ambientalistas y monitorear a sus propios trabajadores. Aún queda mucho por hacer en labores de implementación, donde es prioritario que exista una legislación que respalde el acuerdo.

Zalaquett y el lobby

Entre el 15 de junio al 11 de noviembre de 2023, se celebraron numerosas reuniones en la casa del ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, donde se contó con la presencia de figuras como Carolina Tohá, Jeannette Jara o Nicolás Grau, junto a importantes nombres del mundo empresarial. Aquí destacan las reuniones de la titular de Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien compartió junto a directivos de Antofagasta Minerals, CMPC, Colbún, salmoneras e inmobiliarias. Antofagasta Minerals, brazo minero de los Luksic y dueña de Minera Los Pelambres, logró ampliar la vida útil de la instalación en 2023, optando por demandar a los habitantes de Pupío quienes se oponían al proyecto.

La minera internacional Anglo American, dueña de Minera Los Bronces, sigue la misma línea. A través de lobby, el 17 de abril de 2023 consiguieron que el Comité de Ministros, encabezado por Maisa Rojas, aprobara de manera unánime el proyecto Los Bronces Integrado, extendiendo la vida útil de la operación hasta 2036. En mayo de 2022, la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) había rechazado el proyecto debido a que no se podía descartar riesgo en la salud de la población. Promesas de mitigación y una inversión de más de 3 mil millones de dólares, bastaron para quebrantar la voluntad oficialista.

El litio de Ponce Lerou

El 27 de diciembre del 2023, el presidente anunciaba que Codelco y SQM habían alcanzado un acuerdo para la explotación del litio. Soquimich fue parte del Estado desde 1968 hasta 1983, cuando fue entregada a las manos del yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou. La minera cuenta con un historial de atropellos en contra del medio ambiente, yendo desde contaminar y agotar el agua de comunidades atacameñas o llevar a cabo sus operaciones en zonas de sacrificio. Sergio Chamorro, abogado asesor del Consejo de Pueblos Atacameños, ha sido muy categórico acerca de los perjuicios que están sufriendo los habitantes del norte, a esto se suma la falta de diálogo y el abandono del Gobierno con los habitantes.

Las intocables forestales

El pasado 16 de mayo se cumplieron 2 años desde que el Presidente Gabriel Boric decretó estado de excepción en La Araucanía y parte del Biobío. Estas medidas claramente están ayudando a salvaguardar el modelo forestal, el cual según el estudio «Radiografía del Agua» (2018) realizado por la iniciativa Escenarios Hídricos 2030, consume un 59% del total de agua a nivel nacional. Este alto consumo hídrico deviene en sequía, la que favorece los incendios forestales. La sociedad chilena ya se ha acostumbrado a que los meses de diciembre, enero, febrero y marzo sean temporada de incendios, y es normal conociendo la magnitud de los monocultivos en el territorio y sus favorables condiciones para megaincendios.

En 2018 la Universidad Estatal de Montana realizó una investigación sobre los incendios forestales en Chile, en donde Dave McWethy, autor principal del estudio, mencionó que “Chile reemplazó bosques nativos más heterogéneos y menos inflamables con plantaciones forestales exóticas estructuralmente homogéneas e inflamables en un momento en que el clima es cada vez más cálido y seco”, añadiendo que “esta situación probablemente facilitará que los incendios futuros se propaguen más fácilmente y promoverá incendios más grandes en el futuro”. En febrero de 2023, el presidente llamó a debatir el modelo de industria forestal en Chile, hoy todavía no tenemos respuesta.

También te puede interesar: YOHANA COÑUECAR SOBRE LEY LAFKENCHE: «LOS ESPACIOS COSTEROS RECONOCEN NUESTRA COSTUMBRE LIGADA AL MAR»

Sigue leyendo

Ana Llao: «La violencia no es provocada por el pueblo mapuche, es provocada por intereses económicos»