La crisis de vivienda en Chile revela la vulnerabilidad para miles de familias: «No queremos que nos regalen nada”

La crisis de vivienda en Chile ha dejado en evidencia una dolorosa realidad: miles de familias enfrentan precariedad, riesgo constante y la amenaza del desalojo. Mientras el Estado pavimenta calles sin asegurar el futuro de quienes las habitan, comunidades enteras viven en condiciones de vulnerabilidad extrema. El reciente incendio en Valparaíso no fue un hecho aislado, sino el reflejo de una crisis estructural invisibilizada por años.

Por Noreia Cáceres

El incendio del 7 de mayo en un cité del Barrio Puerto de Valparaíso mostró una realidad que suele quedar oculta: la extrema vulnerabilidad en la que viven miles de personas en Chile. El siniestro dejó cuatro muertos y 27 damnificados. Pero su impacto va más allá. Es una muestra dolorosa de la crisis de vivienda que revela la vulnerabilidad y ya afecta a más de 113 mil familias en el país.

Valparaíso: epicentro de la crisis de vivienda en Chile

Valparaíso no solo fue el escenario de la tragedia. Es también la región con más campamentos de Chile. Según TECHO-Chile, en 2024 hay 280 asentamientos informales en la zona, donde viven más de 30 mil familias. A nivel nacional, los campamentos aumentaron un 56% en cinco años, sumando 1.432 en total. Esta tendencia crece ante la falta de políticas públicas efectivas.

Sin servicios básicos: el día a día en los campamentos.

Las condiciones son precarias. No hay acceso garantizado a servicios básicos. Las familias improvisan soluciones que muchas veces ponen en riesgo su salud y seguridad. Así lo relata una vecina de una toma en Valparaíso, que prefiere mantener el anonimato:

“Las condiciones actuales son de mucha precariedad, complejos accesos, mala… La entrega de agua se hace en unos camiones aljibes que vienen… que no se sabe cómo es la mantención del camión, el agua lo más probable es que venga contaminada por cómo se almacenan esos camiones. Se entrega una cantidad por familia y esa cantidad no garantiza el alcance del uso para una vida, digamos, en cuanto a salud, higiene y todo eso.”

Su testimonio ilustra lo que confirman las cifras: más de 70 mil hogares en campamentos siguen sin acceso a agua potable, alcantarillado o electricidad regularizada, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Además, solo un 3,4% ha logrado acceder a algún tipo de subsidio estatal para la vivienda.

Vivir con miedo constante

La precariedad cotidiana se suma una sensación constante de incertidumbre. El miedo al desalojo está presente en la vida de muchas de estas familias, especialmente desde la implementación de la llamada Ley Antitomas, que ha sido criticada por diversas organizaciones sociales por criminalizar la pobreza en lugar de ofrecer soluciones estructurales.

“Están construyendo un asfaltado, pero no tenemos seguridad de que no nos vayan a sacar. Existe una ley, la Ley Antitoma, que ha sacado rápidamente a muchas familias. […] No hay compromiso de regularizar la toma; todo está en el aire. Y muchas familias no queremos que se nos regale nada.”

Este relato revela una contradicción: mientras el Estado avanza en infraestructura, no da certezas sobre la permanencia de las familias. La falta de comunicación y de voluntad política agrava la incertidumbre.

Riesgos que se acumulan

A esto se suma la amenaza permanente de tragedias como incendios, deslizamientos o inundaciones. Muchas familias viven conectadas de manera irregular a la electricidad, lo que eleva considerablemente el riesgo de incendios. La acumulación de basura y maleza, sin intervención municipal, también representa un peligro latente, especialmente en temporadas de calor o lluvias intensas.

Desde las comunidades organizadas, el mensaje es claro: no buscan caridad, sino oportunidades reales para acceder a una vivienda digna. Reclaman el reconocimiento del esfuerzo colectivo que han hecho por construir hogares, redes solidarias y formas de vida comunitaria que muchas veces suplen la ausencia del Estado.

“Muchas familias no queremos tampoco que se nos regale nada”, afirma la pobladora.

Crisis de vivienda en Chile: una demanda por dignidad y derechos

Lo que se exige es voluntad política, inversión y un enfoque centrado en los derechos humanos. Porque la vivienda no es solo un techo: es salud, seguridad, educación, estabilidad emocional y acceso a oportunidades. La tragedia del Barrio Puerto no debe quedar en el olvido como un caso aislado. Es un llamado urgente a revisar las políticas de vivienda, a fortalecer la articulación entre el Estado y las organizaciones sociales, y a reconocer que detrás de cada número hay personas, familias, vidas enteras en juego.

La crisis de vivienda en Chile sigue más vigente que nunca, no solo por una casa, sino por dignidad, por seguridad y por respeto a la comunidad. Porque mientras no se aborden las causas estructurales de esta crisis, tragedias como la de Valparaíso seguirán repitiéndose en distintos rincones del país. Y cada una de ellas nos recordará, dolorosamente, que la deuda habitacional en Chile sigue más vigente que nunca.

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