Crímenes policiales: procesos investigativos deficientes y sin enfoque de DDHH ni reparación
Escrito por Noemí Nilo Soto el agosto 28, 2019
Tras otro aniversario de muerte del emblemático crimen policial de Manuel Gutiérrez, las familias de las víctimas recalcan la necesidad de generar políticas integrales para llevar estos casos con un enfoque de DDHH. Es por esto, que en la JGM conversamos con el abogado representante de las víctimas sobre el tema, Miguel Fonseca.
El pasado 25 de agosto se cumplió el octavo año desde la muerte de Manuel Gutiérrez, un joven de 16 años que mientras observaba las manifestaciones convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) durante el álgido año 2011, fue asesinado por un impacto de bala proporcionado por un sargento de Carabineros.
Este emblemático caso se asemeja con varios otros, como el de Claudia López o el de Matias Catrileo, quienes se manifestaban bajo diferentes consignas pero que al igual que Manuel, murieron en manos de la policía chilena.
El Comité Manuel Gutiérrez, que agrupa a varias víctimas de violencia o crímenes policiales, actualmente trabaja por oficializar un día para su conmemoración, así como generar una política que asegure un debido proceso con igualdad ante la ley y una reparación a cargo del Estado.
La Radio JGM conversó con el abogado de la agrupación, Miguel Fonseca, sobre el tema, quien señaló «tenemos una policía militarizada como herencia de la dictadura, entonces hay que generar un cambio cultural en donde Carabineros elimine la lógica del enemigo interno».
¿A qué nos referimos cuando hablamos de violencia policial o crímenes policiales?
Todos aquellos actos en que Carabineros de Chile -en el caso de nuestro país-, hace un ejercicio desmedido de la fuerza y la violencia mientras están cumpliendo sus funciones. En ese contexto se ejecutan delitos, llámese lesiones graves, apremios ilegítimos, torturas, homicidios. Hay una amplia gama de violencia policial, pero cuando se pasa del límite del control o el procedimiento policial, se pasa la frontera al campo de los delitos que están tipificados en el código penal por tanto, son Carabineros que cometen delitos violentos en contra de civiles en diversos contextos.
El Comité Manuel Gutiérrez, junto a otras organizaciones, levantaron como una de sus reivindicaciones el fin de la justicia militar. Hasta el 2016 todos los casos de violencia policial pasaban por los tribunales militares, el cuál no aplica el código penal, por tanto algunos casos que sí calificaban como delito no eran sancionados como corresponde. El abogado aclaró que en la actualidad toda vez que un delito de Carabineros tenga como víctima a un civil, se le aplica el código penal de la justicia ordinaria.
¿Cuál es el tratamiento que tienen estos casos en la justicia ordinaria?
Pasa que a los fiscales les resulta complicado hacer persecución penal contra Carabineros porque trabajan en conjunto en las investigaciones penales. Se han logrado avances, pero ahora hay que exigir que en cada Fiscalía del país que exista la unidad de Derechos Humanos, que hayan fiscales que se dediquen exclusivamente a estos casos con un tratamiento especial, un trabajo con cierta independencia de la acción policial para avanzar, y que se apliquen las penas con igualdad ante la ley.
Pero el problema de la violencia policial no se resuelve completamente con eso. Tenemos una policía militarizada como herencia de la dictadura, entonces hay que generar un cambio cultural en donde Carabineros elimine la lógica del enemigo interno y se reemplace por el enfoque de protección ciudadana, que es lo que debe guiar sus acciones.
Actualmente, ¿qué tipo de reparación reciben las familias de las víctimas de violencia policial?
Para que exista una reparación es fundamental un proceso de persecución penal que sea hecho con igualdad ante la ley. Políticas de reparación no existen en Chile porque la categoría «víctima de violencia policial» no está incorporado en las políticas públicas, por ende no se le reconoce como sujeto jurídico. Además, tener una condena para los autores es vital para reparar a las familias.
Por eso hemos intentado avanzar en un política que lo aborde. Tratamos de apoyar en las redes de solidaridad y de incidir en que haya un debido proceso de investigación penal. Nosotros no agrupamos todos los casos, entonces creemos que esto tiene que considerarse una responsabilidad de Estado.
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