Crímenes de lesa humanidad en Chile: El indulto con fines políticos sin reparación ni justicia

Escrito por el mayo 14, 2021

A más de 30 años desde el fin de la dictadura, la reparación y justicia hacia víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familias sigue sin ser resuelta. Un contraste duro ante los indultos que sigue entregando el Presidente Piñera. 

En mayo de este año dos condenados por violaciones a los Derechos Humanos en dictadura fueron liberados. Uno de ellos es el ex director de la Dirección de Inteligencia del ejército (DINE), Hugo Prado Contreras, quien recibió un indulto presidencial por parte de Sebastián Piñera, y en estos momentos se encuentra con arresto domiciliario.

El otro es el ex fiscal militar, Fernando Torres Silva, quien falleció el pasado miércoles, a días de irse de reclusión domiciliaria debido a un cáncer terminal. A Torres Silva se le prometió un indulto presidencial, sin embargo este no alcanzó a ser otorgado por su reciente muerte. 

Las medidas tomadas han causado indignación y rechazo, principalmente porque la liberación y beneficios recibidos no son acordes a la gravedad de los crímenes cometidos, además que finalmente permiten, una vez más, la impunidad de estos criminales, señalan desde las organizaciones de Derechos Humanos.

Foto: Ex fiscal militar, Fernando Torres Silva, quien falleció el pasado miércoles,

Foto: Ex fiscal militar, Fernando Torres Silva, quien falleció el pasado miércoles.

Beneficios cuestionables y con fines políticos

Los beneficios que han recibido los violadores de derechos humanos, aparte de no responder a la grandeza de las atrocidades cometidas, son cuestionados debido a que los criminales han entregado poca o nula cooperación con las investigaciones, factor que de ser cumplido, podría ayudar a encontrar la verdad y, en el caso de los culpables, a la obtención de mejoras en la condena. 

La integrante de la mesa de trabajo de Londres 38, Erika Hennings, afirmó que «los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles e inamnistiables, no deben tener beneficios’’. Además, añadió que «los criminales chilenos no cumplen con requisitos que pudiesen permitir algún beneficio, como colaborar en las investigaciones, entregar información, y manifestar arrepentimiento. Ninguno de ellos lo ha hecho, tampoco Torres Silva, que fue indultado». 

Foto: Erika Hennings.

Foto: Erika Hennings.

Por otra parte, el académico de la Universidad de Chile y subdirector del Centro de Derechos Humanos de esta casa de estudios, Felipe Abbott, declaró que  «es evidente que la discusión sobre la puesta en libertad de reclusos cumpliendo condena por violaciones a los derechos humanos tiene componentes políticos».

Bajo la misma línea, hizo énfasis en el indulto presidencial, recurso que ha sido otorgado en otras ocasiones. Y catalogó este procedimiento como una «institución anómala, ajena al sistema de administración de justicia».

Un problema de izquierda y de derecha

La impunidad y beneficios que han recibido los violadores a los derechos humanos no ha sido un hecho aislado. Ha persistido a lo largo de los gobiernos desde la vuelta de la democracia, independiente del color político. Y aunque han nacido instancias que buscan la verdad, la justicia y preservar la memoria colectiva, estas no han sido suficientes y se han mantenido bajo el marco de «justicia en medida de lo posible». 

Felipe Abbott explicó este fenómeno como una «justicia negociada, donde los derechos y las expectativas de las víctimas se han confrontado con cálculos de gobernabilidad y razones de Estado, ampliando muchas veces así los márgenes de impunidad».

Además, relaciona lo anterior con el poder que siguen teniendo las Fuerzas Armadas, de orden y seguridad. Afirmó que «es un hecho indesmentible a estas alturas que el mundo político ha abdicado sistemáticamente de sus facultades de control jerárquico del mundo militar y policial, y ha sido laxo en el ejercicio de sus funciones de supervisión’’.

Foto: Museo Memoria y DDHH.

Foto: Museo Memoria y DDHH.

Sobre la construcción de una memoria colectiva, Erika Hennings planteó la creación de «una comisión permanente que recoja testimonios de víctimas de las violaciones a los derechos humanos (…) con archivos abiertos y para el conocimiento de todos. Sin secretos como  los archivos de las comisiones Rettig y Valech».

También, fue enfática en que «el pueblo es portador de memoria,  la de sus propias luchas y de las  propias injusticias vividas por generaciones anteriores. La mejor manera de aportar a la memoria colectiva es luchando exigiendo  derechos y dignidad», finalizó. 

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