Costa Rica sigue en huelga contra plan fiscal

El paro indefinido contra la reforma fiscal del presidente Carlos Alvarado en Costa Rica suma más de 45 días y a finales de septiembre se levantó como la manifestación más significativa de los últimos 20 años en la historia costarricense.

La huelga encabezada por los distintos gremios de Costa Rica, que comenzó el pasado 10 de septiembre, entra en su octava semana de movilización como una forma de rechazar el proyecto presentado por el presidente costarricense, Carlos Alvarado, con el cual el gobierno pretende frenar el alza del déficit fiscal y la deuda externa.

La ley de Fortalecimiento de las Finanzas Pública, también conocida como el “combo fiscal”, consiste en una serie de medidas tributarias que comprende la reducción del gasto público y el cambio de un impuesto de venta (13%) por uno de valor agregado que permita aumentar la cantidad de productos a los que se le aplique el gravamen.

Ante esto, los trabajadores del sector público se levantaron para protestar contra la propuesta fiscal, ya que éstas afectarían a las clases medias y bajas, dentro de las cuales, los trabajadores estatales saldrían más perjudicados. No obstante, apoyando la moción de reducir la deuda, los sindicatos levantaron un documento con 39 medidas para ser implementadas por el Ejecutivo, entre la que destaca un aumento a los impuestos al sector privado y mantener el gasto fiscal. Frente a este, las autoridades de Gobierno manifestaron que el documento serviría como un complemento al proyecto del presidente Alvarado, sin embargo, éste ya está siendo consultado por los órganos del poder Judicial y Legislativo.

Si bien, algunos sindicatos han depuesto la huelga, gran parte del profesorado se mantiene movilizado, generando la preocupación de la ciudadanía pues el año escolar costarricense se encuentra próximo a terminar.

En esta línea, el diputado Carlos Benavides presentó un proyecto de ley sobre huelgas, en el que se limita el derecho de los sindicatos a decidir los tiempos de la movilización, fijando un plazo de ocho días para llegar a acuerdo; considera como causal de disolución de sindicato los bloqueos o sabotajes de bienes públicos; y permite la rebaja de los sueldos de forma retroactiva.

Dicha iniciativa fue rechazada de forma tajante por la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza. “En la práctica elimina el derecho a huelga en el sector público, establece fuertes limitaciones al derecho a huelga en general y al ejercicio de la libertad sindical”, sostuvo Melida Cedeño, presidenta de la asociación.

En tanto, la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Pública ya fue aprobado en una primera instancia el pasado 5 de octubre con cerca del 60% de los votos y sólo queda un último debate para su aprobación definitiva.