Corte Suprema anula fallo decretado en dictadura

El día miércoles 27 de junio, la Corte Suprema promulgó un histórico fallo a favor de 23 prisioneros políticos. La condena había sido dictada en octubre de 1973 en la ciudad de Temuco por el Consejo de Guerra y, hasta ayer, no había sido revocada.

El fallo de la Corte Suprema indica que los consejos llevados a cabo posterior al 11 de septiembre de 1973 se vieron influenciados por una política de represión ejercida por el sistema de la época en contra de los presos políticos, siendo aquello un determinante en las declaraciones prestadas por los imputados. Ante esto, el ex-presidente y actual integrante de la Comisión de Ética Contra la Tortura, Hervi Lara, tilda de “una farsa” a las resoluciones del período de dictadura por las condiciones en que se procesaba a los detenidos políticos.

Los condenados por alguna causa considerada criminal en tiempos de dictadura aún luchan por que sus casos sean desestimados, pues la misma Corte indica que «por lo general los ex prisioneros eran drogados frecuentemente con pentotal, que soportaron golpes, aplicación de electricidad y vejaciones sexuales» mientras permanecían detenidos.

Así, este caso es uno más de los tantos que han tenido que ser revisados por el máximo tribunal. La presidenta de la Unión de Ex-prisioneros políticos de Chile, Nelly Cárcamo, hace analogía de esta situación con el proceso de los 12 miembros de la Fuerza Aérea de Chile que en el año 2016 fueron absueltos del crimen atribuido por traición a la patria tras no querer sumarse a la dictadura cívico-militar.

Quienes se vieron afectados por el terrorismo de Estado en tiempos de dictadura critican fuertemente la poca visibilización que han tenido los casos resueltos en esa época. Es así como organizaciones de familiares y sobrevivientes exigen justicia por parte de quienes llevan el poder en nuestro país. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, alega que desde el año 1990 hasta hoy no se ha creado un proyecto de ley que busque la verdad para los presos políticos de la época ni que castigue a los responsables de los crímenes de lesa humanidad.

La sentencia anulada fue expedida por el juez militar Héctor Bravo Muñoz, quien ese año ocupaba el cargo de Comandante de la IV División del Ejército asentada en Valdivia. Bravo fue condenado en el año 2002 por la desaparición de Pedro Espinoza Barrientos y procesado en el año 2003 por el asesinato de 12 miristas en la llamada “Caravana de la Muerte”, además de ser procesado también por la matanza de Chihuío y Liquiñe; es decir, este caso no sólo fue revocado, sino que a lo largo de la historia de la vuelta a la democracia, también se hizo justicia con el responsable del fallo.