Corte Suprema acoge recurso ante el vertimiento de salmones

Dos meses de plazo le fueron entregados a Sernapesca, Directemar, Superintendencia del Medioambiente y Ministerio del Medioambiente para hacerse cargo del daño causado a la costa de la Región de Los Lagos.

La Corte Suprema respondió positivamente frente al recurso de protección interpuesto por cuatro sindicatos de pescadores artesanales y buzos mariscadores, presentado en enero del 2017 en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. La acusación, en contra de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de Chile (Directemar), fue por autorizar el vertimiento de nueve mil toneladas de salmones muertos al Seno del Reloncaví.

Una de las razones por las que se decidió recurrir a la Justicia fue que producto del derramamiento de estos peces descompuestos, se generó una gran floración de algas nocivas que, al aumentar explosivamente, hicieron disminuir el oxígeno en el agua y provocaron la muerte de 12.700 toneladas de salmones en 45 centros de cultivo. El vocero del movimiento Defendamos Chiloé, Juan Carlos Viveros, afirma que aun viendo los efectos que el derramamiento causó, los reales daños no han sido sopesados en su totalidad.

El Convenio sobre Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos establece en su artículo 5º que, para autorizar el vertimiento de materia al mar se debe garantizar que éste “se llevará a cabo de forma que se reduzca al mínimo la probabilidad de que se ocasionen daños a seres humanos o a la vida marina”. Sin embargo, la Corte comprobó que esto no se cumplió por parte del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), ya que su informe técnico no tenía las pruebas concretas de que el daño fuera mínimo.

El director de Ecocéanos, Juan Carlos Cárdenas, acusa que  las leyes a las que se ajusta Sernapesca están hechas para beneficiar al empresariado, siendo que se debería velar por los intereses ambientales y sociales de la comunidad costera.

El fallo de la Corte Suprema incluyó como sentencia en contra de Sernapesca, Directemar, Superintendencia del Medio Ambiente y Ministerio del Medio Ambiente, el plazo de dos meses para aplicar medidas preventivas, correctivas y de coordinación que tiendan a una reacción oportuna y eficaz para evitar posibles nuevos riesgos en la población y en el medio ambiente.

El director de Greenpeace Chile, Matías Asún, señaló que «las instituciones del Estado y la industria salmonera engañaron al país» y que este fallo dejaba un «muy mal pie» para la agenda mediática.

La Corte además hizo una dura interpelación a la Superintendencia de Medioambiente, luego de que ésta negara su participación en la entrega de la autorización al vertimiento de salmones muertos en el Seno del Reloncaví. Además el Ministerio de Medio Ambiente alegó “carecer” de facultades para intervenir, sin embargo, la Corte determinó que no es un argumento válido pues este ministerio tiene la obligación legal de hacerlo.