Contra el espíritu autoritario: el proyecto que busca derogar Aula Segura

Escrito por el abril 23, 2021

El texto busca terminar con un procedimiento sancionatorio que vulnera principios básicos del debido proceso, criminaliza a alumnos movilizados y trastorna los ambientes educativos. 

Santiago 17 de octubre 2018
La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios junto a escolares de Quintero se toman el Ministerio de Vivienda en protesta por la situaci—n de dicha localidad y denunciando las medidas represivas que han aplicado en contra de los estudiantes movilizados. Quintero y Puchuncav’.
Ramon Monroy/Aton Chile

Un grupo de diputados de oposición, integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, presentó un proyecto de ley que busca derogar el procedimiento sancionatorio incluido en la ley 21.128, más conocida como Ley Aula Segura.

Esta última, que fue aprobada a finales de 2018, otorgó mayores facultades a los directores de establecimientos educacionales para aplicar medidas sancionatorias de expulsión o cancelación de matrícula a estudiantes que “afecten gravemente la convivencia escolar”, acortando los plazos del procedimiento a 10 días.

La iniciativa tiene por objetivo suprimir las facultades extraordinarias y los plazos especiales contemplados por la norma, manteniendo el articulado que establece mecanismos de protección para los estudiantes que enfrenten un procedimiento de expulsión.

Se trata de un texto cuyo borrador fue desarrollado por la organización de abogados Corporación 4 de Agosto (C4A), y que fue socializado con una serie de organizaciones y estamentos educativos antes de pasar a los diputados Juan Santana, Camila Vallejo, Camila Rojas, Gonzalo Winter y Rodrigo González, quienes lo presentaron oficialmente en la Comisión de Educación de la Cámara como firmantes.

Entre dos posibles iniciativas que corrían en paralelo -aquella desarrollada por C4A y una escrita por los propios parlamentarios, que contaba con un artículo único que derogaba la totalidad de Aula Segura- se prefirió la opción de C4A, pues mantiene la protección de los controles que se ganaron durante la tramitación legislativa.

Incumplimiento en la norma

En concreto, la Ley Aula Segura contempla el resguardo de los derechos de los estudiantes que sean expulsados por su aplicación, estableciendo dos obligaciones para la Seremi de Educación: velar por la reubicación del estudiante sancionado en establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo psicosocial; e informar de cada procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión a la Defensoría de la Niñez cuando se trate de menores de edad.

Sin embargo, para el integrante de C4A, Esteban Spencer, la ley “tiene un espíritu autoritario que facilita las expulsiones. Actos que podrían ser propios de una protesta o de actos democráticos de los estudiantes son interpretados como afectaciones graves a la convivencia o como daños a la infraestructura esencial del establecimiento, iniciando un procedimiento de expulsión que tiene plazos muy breves, concentra facultades en el director y excluye la participación de otras organizaciones o estamentos como son los organismos representativos de estudiantes y apoderados”.

Y, aunque los mecanismos de protección descritos no se cumplen en la práctica, Spencer ampara la necesidad de conservarlos. “¿Qué es lo que falla? ¿El deber o la acción del Ejecutivo? Nosotros sabemos que las Seremis no cumplieron ni con reubicar ni con informar a la Defensoría. El gobierno de Sebastián Piñera no solamente impulsó Aula Segura, sino que incumplió los pocos mecanismos que esa política involucraba», critica.

«Pero, en una perspectiva más amplia, creemos que esos deberes no deberían eliminarse porque representan alternativas concretas para proteger el derecho a la educación de estudiantes que, por alguna u otra razón, resulten expulsados de sus comunidades educativas”, expuso.

El detonante Alessandri

Aunque desde el comienzo de su tramitación Aula Segura ha sido rechazada por las organizaciones y comunidades educativas que iban a recibir su aplicación, el detonante que motivó la escritura del proyecto que busca derogarla fue el descubrimiento de la red de espionaje y delación en el Instituto Nacional Barros Arana (INBA).

Según la Corporación 4 de Agosto, el texto en cuestión es solo parte de una ofensiva más amplia que busca hacerse cargo de los chats de WhatsApp secretos que mantenía el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, con directores de establecimientos públicos de la comuna y carabineros. Esta arremetida también incluye una querella por delitos funcionarios y abuso de las facultades de inteligencia policial que fue presentada la semana pasada, y una acción de protección por uso y tratamiento ilegal de datos de menores de edad que se está preparando.

Pero la revelación del chat privado fue solo la gota que rebalsó el vaso. Entre los apoderados y defensores que han guiado a los estudiantes procesados bajo las reglas de Aula Segura existe consenso en que la ley arrastra una serie de graves problemas desde su implementación, partiendo por el irrespeto, en la práctica, de los principios del debido proceso: estudiantes que no son informados oportunamente de los cargos de los que se les acusa, a los que no se le permite entregar prueba, y cuyos testimonios (y los de sus compañeros que respaldan sus dichos) no quedan en los expedientes sancionatorios.

Además, esta normativa habría generado un clima de persecución y desconfianza al interior de los establecimientos, permitiendo que inspectores y directores actúen como celadores, y que profesores sean obligados a vigilar a sus alumnos. Muchos de los estudiantes se quejan del ambiente represivo que invade su lugar de estudio y de que sean “tratados como delincuentes”, sin que sus versiones sean escuchadas por las autoridades de sus colegios.

La apoderada en un liceo emblemático y representante del grupo de Madres y Padres Movilizados en Defensa de la Educación Pública, Magally Ávila, agregó que la ley -que rige para todos los establecimientos del país y hace extensiva sus reglas a todos los miembros de la comunidad educativa- solo se aplica en los establecimientos públicos tildados de conflictivos, y exclusivamente a estudiantes.

“Este sistema educativo quiere estudiantes que no opinen, que no cuestionen, que se acostumbren a catar órdenes, callar y mantener el estatus quo. Nosotros no queremos más leyes represivas. Por el contrario, queremos que nuestros hijos tengan pensamiento crítico, que puedan crecer, cuestionarse las cosas y eso, esta ley, quiere evitarlo a toda costa”, resume.

Abrir la discusión

De acuerdo con los responsables del texto se prevé que este sufra una tramitación compleja. Después de todo, Aula Segura fue aprobada hace menos de tres años con una amplia mayoría parlamentaria, solo atenuada por la bancada comunista, los miembros del Frente Amplio y algunos descolgados de la ex Nueva Mayoría: en su último trámite legislativo, en la Cámara de Diputados, recibió 110 votos a favor, 26 en contra y 13 abstenciones.

Las esperanzas recaen en que los miembros de la oposición que la aprobaron en su momento, advirtiendo los efectos de la ley en el clima escolar, ahora estén por derogarla, y en abrir la discusión sobre sus efectos al debate público.

“La presentación del proyecto nos permite abrir estas situaciones al debate público, mostrar que el procedimiento sancionatorio que contiene esta norma favorece la vulneración de derechos antes que la protección de la seguridad en las salas”, explica Esteban Spencer. Y agrega: “Nos parece fundamental que, una vez abierta la discusión, sean las posiciones de las comunidades educativas, del Colegio de Profesores, de las organizaciones de estudiantes y apoderados las que ingresen al debate… Que sean esas voces las que tomen el impulso para derogar Aula Segura”, sentenció.

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