Condiciones de pobreza y desigualdad no permiten el confinamiento estricto

Escrito por el junio 17, 2020

Actualmente hay más de 220 mil personas contagiadas con coronavirus en Chile, cifra que deja en evidencia los errores y cambios constantes en las medidas de gobierno ante la pandemia y el desconocimiento de la realidad del país.  

Según un documento del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), en la Región Metropolitana los fallecimientos aumentaron drásticamente sus cifras durante mayo debido a la pandemia. Especialmente en las comunas más vulnerables, entre ellas, San Ramón, La Pintana, Puente Alto y Maipú.

Aquello no es coincidencia, dirían especialistas, porque este tipo de crisis afectan fuertemente a la población más pobre o que vive múltiples formas de precariedad.

Pobreza: factor de riesgo ante el Covid

Si algo ha quedado claro es que las estrategias gubernamentales no han contenido a la población, ni la han convencido de respetar la cuarentena. Y en el peor de los casos, no se ha atendido al hecho de que muchas personas están imposibilitadas de quedarse en sus casas producto del trabajo informal.

Para el investigador de la Fundación Sol, Benjamín Sáez, esto se debe a que “no se están entregando las certezas suficientes”.

“Hay una presión tremenda por mantener el empleo y eso tiene que ver con que la mayoría de las personas viven el mes a mes, no tienen ahorros ni posibilidad de parar su actividad económica por un periodo de tres o cuatro meses, que es lo que uno podría esperar de un país clase media. Esto demuestra que somos un país de clase trabajadora, la mayoría necesita trabajar de forma mensual, semanal o diaria.”
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Desde el centro de investigación consideran que la crisis debe ser pagada con impuestos del 1% más rico y con ello garantizar una renta básica universal de emergencia, condonación de deudas, cobertura previsional completa y de salud para las y los trabajadores independientes sin devolución de impuestos, entre otras medidas que catalogan como urgentes para superar esta crisis.

Otro factor clave que impide cumplir las medidas de confinamiento, es el grado de hacinamiento que existen en muchos hogares del país. Romina Villagrán es de la población Lo Hermida de la comuna de Peñalolén y en su casa viven 24 personas, hablar de cuarentena es prácticamente imposible.

A pesar de que que su hijo y hermano se contagiaron con coronavirus, las autoridades negaron la posibilidad de trasladarlos a una residencia sanitaria. Debieron enfrentarlo en su hogar, con el riesgo de contagiar a una veintena de personas.

“Cuando mi hijo salió de la cuarentena, llegó mi hermano que se contagió en el Hospital Luis Tisné porque lo operaron. Cuando se lo pasaron a mi mamá, le explicó que vivíamos hacinados pero le dijeron que ella viera cómo lo hacía».

«Después vinieron para ver si se lo podían llevar a una residencia sanitaria porque ponía en peligro a mi hijo nuevamente, pero dijeron que como mi hermano venía recién operado allá no podrían verlo, nos dijeron que buscáramos un médico especializado. Al final vino un médico a la casa, pero le preguntó cómo estaba y se fue” detalló Villagrán.
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La ciudad, un reflejo de la desigualdad

La realidad de Romina y su familia, en parte es resultado de que no existe una planificación urbana adecuada, sumado a una desregulación que permite la especulación y beneficio económico de las inmobiliarias y constructoras.

Sobre esto, la arquitecta urbanista y académica del Instituto de la Vivienda, Valentina Saavedra, comentó que “la distribución territorial de la ciudad genera dificultades para unos y beneficios para otros. Creo que eso tiene relación directa con una ciudad que se ha pensado de manera desigual y precisamente porque está pensada para concentración de capital, de ingresos y segregación”.
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Asimismo, la concentración de ciertos servicios dificulta la movilidad y sostenibilidad, y en momentos críticos eso se acentúa. Saavedra también es parte de la Red Mujeres por la Ciudad, donde recalcan que hay que dejar de depender de las distancias porque implican costos, tiempo y calidad de vida, sobre todo para las mujeres que se encargan de labores de cuidados.

Finalmente, la arquitecta sugirió que “hay que tener una idea más mononuclear (centros que cuenten con todos los servicios) y una distribución más equitativa. Eso implica políticas de suelo, habitacionales, de espacio público, entre otras, las que parten por la idea de discutir el tema de la propiedad y mercantilización del suelo, que al final hace que dependa de la rentabilidad para las inmobiliarias y constructoras dónde vivimos todos”.

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