Condenan a ex agentes de la Dina por crimen de Marta Ugarte

En un fallo unánime la Corte de Apelaciones condenó a los 19 ex agentes de la DINA y del ejercito acusados por el asesinato, secuestro y tortura de Marta Ugarte, ninguno de ellos a cadena perpetua. Las penas van desde los 60 días de presidio hasta los 15 años como fue el caso de Lawrence Mires, uno de los autores materiales del crimen.

El fallo de la Corte de Apelaciones que condenó a 19 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el asesinato de Marta Ugarte, mujer del Partido Comunista (PC) y cuyo cuerpo apareció flotando en la Playa La Ballena del sector Los Molles, el 12 de septiembre de 1976; causó gran impotencia y rechazo. ¿Porqué? Para el abogado de la Defensoría  Popular,  Rodrigo Román,  los cargos ya eran causales suficientes para obtener cadena perpetua. 

«Homicidio y secuestro permitiría de sobra obtener una cadena perpetua. Nada justifica que hayan condenas pequeñas en circunstancias que si hubieran sido delitos comunes, conforme al ordenamiento jurídico actual, ellos tendrían pena de cadena perpetua y que como delitos de lesa humanidad con mayor razón debieran ser castigados».

Hay que recordar que Marta Lidia Ugarte era integrante del comité central del PC, encargada nacional de educación del mismo partido y jefa  provincial en Santiago de la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) durante el gobierno de Salvador Allende.

Foto: Memoria Viva

Tras el Golpe de Estado, Ugarte  pasó a la clandestinidad producto de la  persecución a  miembros del PC por parte del aparato del Estado. El nueve de agosto de 1976 fue detenida por agentes de la DINA mientras iba a una consulta medica, siendo posteriormente trasladada al centro de detención de Villa Grimaldi donde fue torturada y asesinada el nueve de septiembre a sus 42 años.

El encargado de comunicaciones de la Corporación de Villa Grimaldi, Luis Areyano, afirmó que el caso de Marta Ugarte fue uno de los más brutales, ya que al no morir de forma inmediata y fue estrangulada mientras se disponían a deshacerse del cuerpo:

«Marta habría quedado con vida a la tortura a la que fue sometida y las personas que iban en el helicóptero se dieron cuenta. La desamarran, la extraen de un saco en donde la llevaban en calidad de bulto para ser lanzada al mar, la asesinan y vuelven a meterla en el saco».

Por su parte, el abogado Román sostuvo también que las bajas penas recibidas por los autores de tales crímenes demuestran la  responsabilidad del Estado en seguir perpetuando la impunidad.

«Entonces aquí hay una responsabilidad del Estado no solamente de los militares genocidas que cobardemente  lanzaron al mar a la compañera Marta Ugarte, sino que aquí hay una responsabilidad de todos los gobiernos en los últimos años. Lo que queda  al descubierto con este tipo de situaciones es que efectivamente operó un pacto entre las dos derechas (Alianza y concertación) a la hora de salir de la dictadura, que significo por supuesto impunidad».

Dentro de la misma línea, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Politicos, Alicia Lira, lamentó que hayan tenido que pasar tantos años para una condena que jamás será escuchada por muchos de los familiares de las victimas.

«Siempre apostaron a no entregar información, a obstaculizar el avance en los derechos humanos. Eso lo lograron, porque ya podemos estar hablando en este drama que seguimos sobre la impunidad biológica con la trágica verdad que muchos familiares van muriendo y no saben del destino de sus familiares o no tienen justicia».

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Pese a este fallo condenatorio, para Lira hay cómplices que jamás pagarán por sus crímenes, como lo fueron aquellos civiles involucrados en los montajes hechos por la prensa en violaciones a los Derechos Humanos como el caso de Marta Ugarte, el que fue disfrazado como un crimen pasional:

«Nosotros hace unos cuatro años presentamos una querella contra todos los responsables civiles, sobre los cómplices, gestores y ejecutores del golpe cívico militar. Sin embargo, esa querella duerme ahí porque no ha llevado ni ha ejecutado como llevar a estos criminales o cómplices civiles a entregar su versión sobre la complicidad que ellos tienen activa».

Finalmente, además de las condenas dictadas, la Corte de Apelaciones obligó al Estado a pagar un total de $100 millones a Hilda y Berta Ugarte, hermanas de Marta e integrantes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.