Comunidades indígenas denuncian daño sistemático al medio ambiente por salmoneras

Escrito por el julio 28, 2020

Un mes después del hundimiento del centro de cultivo de salmones “Caicura” en la comuna de Hualaihué, las cifras oficiales del escape aún no han sido transparentadas por la empresa Blumar ni por Sernapesca. Situación que causa preocupación en las comunidades indígenas locales, quienes exigieron la salida de la empresa de sus territorios.

Foto del sitio Mapuexpress.org

El pasado 26 de junio durante un fuerte temporal que azotó el extremo sur del país, en el Seno de Reloncaví, región de Los Lagos, ocurrió un desastre ambiental producto del hundimiento del módulo de cultivo de salmones pertenecientes a la empresa Blumar, donde 16 de 18 jaulas fueron afectadas. Estas contaban con cerca de 800 mil ejemplares, de los cuales solamente veintiséis mil han sido recapturados a la fecha.

Este hecho provocó la indignación de las organizaciones y comunidades de la zona, quienes denunciaron las graves consecuencias ambientales causadas por el escape, a través de un comunicado publicado en el portal Ecoceanos. En este también culparon al Estado del mal manejo de la situación actual y criticaron la incapacidad de la Ley de Pesca para establecer una reparación del daño en casos como este.

El desastre ocurrido provocó la suspensión de la certificación de salmones que entrega la Aquaculture Stewardship Council (ASC), justo en medio de una crisis de las exportaciones, provocada por un déficit en la demanda china de salmones, dadas las precauciones tomadas ante la emergencia sanitaria a nivel mundial.

Sin embargo, los problemas de la empresa Blumar no sólo se quedan en sus bajas ventas, sino también en su directa responsabilidad en el gran impacto ambiental que produce su industria en la zona, debido a que los salmones corresponden a especies invasoras y perjudiciales para la cadena trófica del lugar.

Al respecto, desde la agrupación Defendamos Chiloé, el representante Álvaro Montaña explicó que esta certificación corresponde a un trato «entre organismos privados, ya que permite básicamente vender el salmón a un mejor precio fuera del país. Pero es una función económica entre entes privados. Se esperaría que haya sanciones de parte del Estado, tendientes a caducar la concesión acuícola por una parte y caducar la autorización ambiental”.
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Problema ambiental y sanitario

Pese a los problemas de la empresa por la fuga, el principal foco de perjuicio lo enfrentan las comunidades indígenas de la región, producto del daño ambiental y destrucción de su mar. 

En el comunicado firmado por 35 comunidades indígenas, se respalda el boicot al consumo de salmón, haciendo un llamado a la ciudadanía a “excluir al salmón químico de criadero industrial de sus compras y menús, debido a los destructivos impactos ambientales, sanitarios y laborales que provoca”, detalla la carta.

En esa línea, el representante de Defendamos Chiloé, Álvaro Montaña, acusó que “la acuicultura de salmones, lo dicen en distintos centros de investigación de Chile y de todo el mundo, genera impacto ecológico, económico, culturales y sociales gravísimos. Más aún lo absurdo de tener un área protegida marina con salmoneras dentro. Es una cuestión realmente ridícula, absurda, tirada las mechas. La acuicultura de salmón es totalmente incompatible con la protección de la diversidad marina”.
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Por su parte, la representante de la comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, Leticia Caro, atribuyó que el problema también es parte de las organizaciones que certifican a empresas que han demostrado no ser sustentables y que simplemente cumplen una función comercial. “Se comete otra infracción contra el territorio y el medio ambiente y los derechos de las comunidades, porque esto se trabaja sin información de base. Las fiscalizaciones son realmente incomprensibles habiendo tanta evidencia”, enfatizó la representante.
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FOTO:CRISTIAN DUARTE/AGENCIAUNO

Greenwashing y concesiones irregulares

Empresas como Blumar y Australis Seafods -bajo el nombre “Blueriver” y “Acuícola Cordillera” respectivamente-, buscan a través del Lavado Verde o Greenwashing, la manera de persuadir a la ASC de que mantienen una industria limpia, acorde a las exigencias internacionales, para permanecer en lo alto del mercado de exportación.

Esta práctica tiene como fin continuar con la expansión salmonera dentro del sur del país. Lo que significa un peligro real para el mar y el futuro de las comunidades. Al ser una plaga invasora que devora los peces nativos, implica una desestabilización de las cadenas tróficas en territorios protegidos.

Un ejemplo de esto, por parte de las empresas salmoneras, han sido las actuales donaciones a la campaña “Comprometidos con el sur”, en la cual han otorgado elementos de protección personal y equipamiento tecnológico para los centros de salud de Aysén.

A esta clase de prácticas se suman episodios como el denominado Salmon Leaks”investigación periodística en la que se descubrió que la compañía salmonera Nova Austral instruyó la manipulación de estadísticas de mortalidad de los salmones para ocultar las verdaderas cifras a Sernapesca, con el fin de evitar multas y sanciones.

Pese a las acciones descritas, Leticia Caro fue enfática en manifestar que “es difícil enfrentarse a estas empresas, que además son millonarias, y que están avaladas por un Estado que desconoce los territorios y que además existe, digamos que cierta colusión allí. Presiones para que la industria se quede, aún cuando se demuestre que es incompatible con la reserva”.
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Al ser consultado por las concesiones en territorios protegidos, Alvaro Montaña calificó que la entrega de la certificación por parte de la ASC, organismo ligado al Fondo Monetario para la Naturaleza –WWF, cumple con fines económicos ligados a la exportación y que “es una institución que se dedica a certificar una industria totalmente insustentable como la salmonicultura. Es un lavado de imagen. No se puede certificar a las industrias que han tenido un comportamiento totalmente nefasto para el desarrollo en las comunidades costeras de los pueblos originarios y del medio ambiente marino. Realmente lo que se hace es validar la destrucción de los mares”, indicó.
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Todo esto en una situación que ha sido amparada por las autoridades, más allá del contexto de pandemia. Aquello, considerando que el episodio fue el segundo mayor escape de salmones en la historia de la zona, luego que en 2018 se escaparan 900 mil salmones desde el centro de Piedra Redonda, de la transnacional noruega Marine Harvest. Un hecho que se repite y que ha obligado a las comunidades a tomar acciones, con el fin de buscar reparaciones por parte de las empresas salmoneras.

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